Los caminos espinosos que le quedan al POT de Bogotá

Hace 19 días se suspendió en el Concejo de Bogotá la discusión del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y no se ha vuelto a retomar, en medio de una andanada de recusaciones, impedimentos, tutelas y tensiones en el partido de gobierno y de concejales con secretarios que enrarecieron el ambiente en torno de la propuesta.

A la iniciativa de la actual istración apenas le quedan 11 días para ser debatida y aprobada –el plazo vence el 8 de diciembre–,lo que para algunos concejales es incierto y para otros, imposible. De hecho, se descarta que la comisión del plan pueda estudiar los 608 artículos que lo conforman y que alcance a llegar a plenaria, y, por esa vía, convertirse en acuerdo de la ciudad

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El viernes, en una sesión plena, los concejales no lograron finalizar el trámite de impedimentos y otra vez quedó en el limbo el inicio de la discusión del articulado.

Pero, más allá de las “manos oscuras”, como lo afirmó la presidenta de la corporación, María Fernanda Rojas, lo cierto es que el POT entró en un momento en el que también se están discutiendo el presupuesto para 2022, la elección de mesas directivas, los debates de la oposición, la moción contra la gerenta de la Terminal de Transportes por el contrato de los cepos y, a última hora, la inclusión en la agenda de nuevos proyectos. Todo eso termina confabulando contra el trámite del plan.

Con este panorama de tiempos y agenda tan estrecha, la propuesta parece hundirse en el Concejo, donde hace dos meses todo indicaba que tenía 11 votos de los 15 posibles en comisión, pero hoy un voto puede inclinar la balanza hacia cualquier lado.

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Y si el proyecto no es debatido y aprobado en comisión, la alcaldesa Claudia López está facultada para expedirlo por decreto. Ante esa posibilidad, en el Concejo hay quienes consideran, entre ellos Rojas, que se podría votar en comisión parcialmente, para que la istración acoja en un decreto los temas discutidos y aprobados.

Otros indican que eso sería “pupitrear” un proyecto clave para el futuro de la ciudad y se inclinan por apoyar un “acuerdo político” con el fin de hundir las tres ponencias –son positivas, pero llevan tres semanas intentado unificarlas–, y que el POT se vuelva a presentar el próximo año, recogiendo los ajustes logrados tras reuniones con comunidades, gremios y expertos y que cuentan con el aval de la Secretaría de Planeación. Así, según Germán García (ponente y autor del acuerdo político), se garantizaría una discusión amplia y de fondo.

“Hay un escenario improbable y dos escenarios relativamente probables. El improbable es que el POT salga por acuerdo. Y los probables son que alguna de las ponencias sea votada en positivo y se dé tránsito al debate y votación, o que se pongan en consideración las ponencias y estas sean negadas, como pasó en la alcaldía de Enrique Peñalosa el 4 de noviembre de 2019; en ese caso, el proyecto de acuerdo sería archivado y se exhortaría a la istración para que presente el POT en el 2022”, explica.

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Ante esta opción que se abre camino, la alcaldesa respondió que “el acuerdo (político) tiene que ser para que el Concejo, que tuvo 90 días para analizar, debatir y aprobar o negar el POT, cumpla con su tarea (...), y nosotros seremos respetuosos de cualquier decisión que tome el Concejo (...). Esperamos que durante los 90 días lo estudien y acogeremos su decisión”. La mandataria ya había señalado que el problema no es técnico ni logístico, sino político, “porque desafortunadamente hay quienes no quieren dar el debate con argumentos, sino sabotear”

Un alto funcionario que ha participado en la concertación con ponentes le dijo a EL TIEMPO que son conscientes de que el POT está enredado por el reglamento del Concejo, que ellos están “listos” para debatir cuando los citen y que “evalúan expedir el texto que salga aprobado en comisión, el cual traería mejoras”.

Destacó que el viernes en la tarde se esperaba un acuerdo entre los tres ponentes, con el aval de la Alcaldía, para unificar las ponencias, lo que podría despejar el camino, siempre y cuando no continúe la andanada de recusaciones, impedimentos y tutelas.

Al cierre de la edición, los ponentes habían concertado el 95 por ciento de los cambios y entre los puntos en discordia seguían la no extensión de la ALO Norte, el área mínima de 36 m² para las viviendas, dividir la ciudad en 33 UPL (y luego en localidades), el arreglo de los andenes a cargo de los propietarios de los predios. “Son algunos de los temas que finalmente se dejarán para que los resuelva el Concejo”, señaló el alto funcionario.

Sin embargo, en el cabildo distrital hay voces que advierten de una supuesta intención del Palacio Liévano de que no se pueda dar la discusión para sacar el POT por decreto. La concejala Lucía Bastidas (Alianza Verde) asegura que “quieren sacarlo por decreto con la aprobación de ponencias.

Pero hay versiones que dicen que eso no se puede porque no se ha discutido el articulado. Si no se discute, se puede sacar por decreto el texto original”, sostiene Bastidas, y añade que otro camino es hundir las ponencias. “En este caso, todo debe iniciarse de cero”.

Con esta posición coincide María Victoria Vargas (Liberal), quien el viernes les dijo a sus colegas: “Este POT ya no salió por el Concejo, ni siquiera se va a pronunciar la comisión, porque los impedimentos no van a parar. ¿Qué le conviene a la istración? Que no voten nada”. Y Álvaro Acevedo (Liberal) considera que, como siguieron los impedimentos (el último fue el del ponente Nelson Cubides frente a las tutelas), la comisión ya no podrá discutir el proyecto y la Alcaldía lo va a sacar por decreto, “a no ser que diga ‘lo retiro y lo presento el próximo año’, cosa que también veo muy difícil porque es la oportunidad de hacer que se cumpla lo que habían pensado”.

Sin embargo, Cubides (Conservador) dice que la istración “se la está jugando a sacar por decreto la versión que salga en comisión”. No cree que expidan el texto original, que, en su opinión, tienen tantos errores que sería “una falta de tacto y de inteligencia política de la alcaldesa”.

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El analista Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, señala que la opción de expedir por decreto el POT sería una “victoria pírrica” y “no muy democrática” que traerá más tensiones con otros actores. No ve tan claro que sea retirado y presentado en 2022, un año electoral en el que la presidencia de la comision del Concejo pasará a Colombia Humana, partido de oposición que ha sostenido varios choques con la mandataria.

El exsecretario de Planeación, Andrés Ortiz, quien en 2019 tuvo que ver cómo, al final de una campaña a la alcaldía, el Concejo decidió hundirles el proyecto, dice que aunque es importante cómo se debate y se aprueba, lo fundamental es que el POT “se va a aprobar, por que de eso depende que Bogotá logre ser una ciudad sostenible en lo ambiental, social y económico”.

Pero, independiente del futuro de la propuesta de Plan de Ordenamiento, en el cabildo distrital se activaron las alarmas el viernes pasado porque el ambiente enrarecido también se está llevando por delante el proyecto de presupuesto 2022. “No le podemos salir con eso a la ciudad. Yo ese costo no lo pago. Sería irresponsable por parte del Concejo”, advirtió la actual presidenta de la corporación.

Entre los obstáculos que se han presentado se encuentran dos recusaciones, una del concejal del Polo Democrático Carlos Carrillo contra su colega Diego Laserna (Alianza Verde) y otra en contra de los 45 cabildantes puesta supuestamente suplantando al ciudadano Germán David Cañón y utilizando indebidamente el logo de Colombia Humana.

También se le han atravesado a la iniciativa dos tutelas, ambas contra los 15 integrantes de la comisión del Plan o comisión Primera -donde se le da trámite al Plan de Ordenamiento- y que han obligado a los concejales a declararse impedidos para participar en la discusión y de votación del proyecto del POT.

La primera fue interpuesta por el señor Pablo Elías Rueda por una supuesta violación al debido proceso, falsa motivación y extralimitación de funciones con el proyecto, y la segunda presentada por Ericsson Ernesto Mena, quien sostiene que se vulneró el derecho al debido proceso con la iniciativa. Mena, según señaló la concejala Lucía Bastidas (Verde), ya lleva 20 tutelas contra diferentes entidades del Distrito.

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De la misma manera se han radicado impedimentos de los cinco concejales que demandaron la reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá, mediante la cual se establece la división de la ciudad en Unidades de Planeamiento Local (UPL) a través del Plan de Ordenamiento, y el del concejal Martín Rivera (Alianza Verde) por la denuncia en su contra del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, ante el señalamiento de supuestos ofrecimientos de puestos en la istración.

Esta última situación se presentó en medio del ambiente enrarecido en torno del POT, lo que fue considerado por algunos concejales como “desafortunada” y una “falla de cálculo político” por quien, precisamente, es el encargado de manejar las relaciones políticas de la Alcaldía con el Concejo.

Elkin Velásquez, representante Regional de ONU Hábitat en Latinoamérica y el Caribe, habla con EL TIEMPO sobre el proyecto de Plan de Ordenamiento de Bogotá.

Hay un avance y una apuesta muy importante para facilitar, impulsar e incentivar el desarrollo de mayor cantidad de vivienda social con mecanismos innovadores, y el sector privado puede contribuir mucho y ganar mucho en ese proceso.

Es innovador, y no estaba en planes anteriores, que recuerde, la idea de la infraestructura del cuidado. Este es un tema que hemos aprendido más con la perspectiva de la pandemia, es un gran aprendizaje.

Y la distribución del espacio público es otro punto. La nueva agenda urbana surge en 2016, y con ella, la importancia distribuir el espacio disponible para la movilidad. En ONU Hábitat vemos que cuando un plan integra estos elementos, tiene toda la perspectiva para que pueda mejorar su calidad de vida.

El Concejo tiene los tiempos legales para discutir, y ojalá, para el bien de la ciudad, como lo deseamos para todas las ciudades que entran en este proceso, puedan llegar a la mejor conclusión posible. Desde ONU Hábitat invitamos a la ciudad a que avance en estos aspectos porque creemos que ese es el camino.

El POT de Bogotá se beneficia de todo el debate que se ha dado en el marco de la nueva agenda urbana y de los ejemplos que han demostrado la importancia de las apuestas que se están haciendo. Es un POT de vanguardia. Desde la COP26, los alcaldes del mundo han planteado la importancia de avanzar hacia ciudades más verdes, que tomen más cuidado de la salud, que sean cuidadoras y sean mucho más justas e incluyentes, en términos del espacio dedicado a los diferentes tipos de movilidad.

Bogotá es una de las ciudades que más han hecho en términos de habilitar más kilómetros para bicicleta. Tiene una deuda viejísima con transporte masivo tipo metro y el POT integra esa perspectiva del transporte en metro, que es sostenible.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

Twitter: @guirei24