Este lunes 9 de septiembre se inició el debate en el Concejo de Bogotá sobre la situación financiera de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que contó con la participación de las bancadas del Nuevo Liberalismo y En Marcha. El presidente del Concejo, Juan Baena, cuestionó en varias oportunidades las decisiones tomadas por la junta directiva de la empresa, que han llevado al agravamiento de su situación financiera.

Dijo de forma vehemente que la ETB era una ‘vena rota de Bogotá’ y atribuyó el declive de la misma al periodo en que Gustavo Petro fue alcalde de la ciudad. Señaló que el nombramiento de Saúl Kattan como presidente de la ETB en 2012 marcó el inicio de los problemas, con la modernización de la infraestructura, la expansión de la fibra óptica y la implementación de tecnología 4G, llevando a desafíos financieros insostenibles.

El primer gran contratiempo para la ETB. Explicó, fue su incursión en el negocio de la telefonía móvil en 2013. Dijo que la empresa lanzó un plan de expansión respaldado por una emisión de bonos internacionales por 530 mil millones de pesos, con una tasa de interés anual del 7 por ciento y un plazo de 10 años. Este plan, inicialmente destinado a impulsar el crecimiento, resultó en una deuda significativa que se duplicó con el tiempo debido a los intereses, comprometiendo gravemente los activos de la empresa.

“Además, en noviembre de 2013, la ETB vendió su participación del 25% en TIGO a Colombia Móvil por 240 millones de dólares. Esta venta, que buscaba aliviar la carga financiera, también significó una pérdida de ingresos futuros potenciales, exacerbando la crisis económica de la empresa”, agregó Baena y prosiguió.

Entre 2015 y 2023, la empresa experimentó una disminución del 20% en los activos operacionales, reflejando una falta de estrategia y optimización en el uso de esta infraestructura.

Otro factor crítico, dijo, ha sido la fibra óptica. Según Baena, la ETB se está vendiendo "a pedazos" al deshacerse de sus líneas de cobre, ahora obsoletas. La venta de este material ha generado ingresos por 51 mil millones de pesos, registrados como uno de los mayores ingresos del año en los estados financieros de la empresa.

Explicó además que el Data Center Alma, un proyecto clave para la ETB, también ha sido fuente de pérdidas significativas. La construcción y operación de este centro de datos han generado pérdidas de aproximadamente 62 mil millones de pesos. "El Data Center es solo uno de los muchos proyectos fallidos de la ETB", afirmó Baena. A pesar de su importancia, los altos costos y la falta de retorno de inversión han contribuido a la crisis financiera de la empresa.

Baena dijo que según DATAFIX, la capitalización de mercado de la ETB ha caído a 284 mil millones de pesos este año, una disminución del 84% en comparación con hace una década. Esta drástica caída en el valor de la empresa subraya la gravedad de la crisis y la necesidad urgente de una intervención estratégica. “En lo que va del año, la ETB ha registrado pérdidas de 11,678 millones de pesos en el primer trimestre, atribuibles a los proyectos fallidos como AGATA y Colvatel. AGATA, en particular, costó 36 mil millones de pesos y ha agravado la situación financiera de la empresa”.

Baena explicó que los elevados costos salariales y gastos en honorarios, con un incremento anual del 1.51%. "Los gastos en los que más incurre la empresa son honorarios y personal", destacó. Aunque la empresa redujo su personal en un 23.94% entre 2015 y 2020 y vendió cobre por 51 mil millones de pesos, la situación sigue siendo crítica.

El concejal destacó la responsabilidad de los líderes anteriores en la crisis actual. Gustavo Petro, Claudia López, Saúl Kattan y Sergio González son señalados como responsables de las decisiones que llevaron a la ETB a su situación crítica. La falta de decisiones gerenciales adecuadas ha llevado a la empresa al borde de la quiebra, una situación que podría haberse evitado con una gestión más eficaz.

El presidente del Concejo concluyó que hay que encontrar una solución estratégica para la ETB, para evitar que se convierta en una carga fiscal para los bogotanos y garantizar que los recursos destinados a educación, seguridad o servicios sociales no se vean comprometidos.

REDACCIÓN BOGOTÁ