Protestas: ¿por qué aumenta la violencia en Bogotá?

Más de dos millones de pesos le va a costar al dueño de un local de productos de belleza para la mujer, ubicado en el Portal de Suba, reparar las vitrinas que vándalos destrozaron y recuperar la mercancía que le robaron en una noche de violencia en este sector de la ciudad, ocurrida el pasado miércoles 23 de junio. Ese negocio es todo el capital de este hombre, que no revela su nombre por seguridad y ahora no sabe a quién acudir para recibir algún tipo de ayuda.

Según explicó Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, el Estado no cuenta con recursos asignados para socorrer a personas que, como esta, se ven afectadas por la irrupción de vándalos, que en los últimos días han intensificado la violencia, principalmente en el Portal de Suba, las Américas, y en la localidad de Usme.

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Las inmediaciones del Portal de Suba parecen una zona de guerra. Hay arrumes de cemento, ladrillos y palos que fueron usados como proyectiles. El Supercade quedó en esquirlas de vidrios, y se robaron computadores y otros equipos. Los ciudadanos que tenían que hacer algún trámite este jueves no pudieron hacerlo, y tampoco podrán hoy (viernes). Los comerciantes están intranquilos, las ventas están cayendo, y cada vez que hay disturbios, deben cerrar más temprano de lo habitual para lograr conseguir transporte para regresar a casa.

Lucía Bastidas, concejala de la Alianza Verde, manifestó que los vecinos de estos sectores le han expresado que se sienten abandonados. “Sus predios se están desvalorizando; sus parques, acabados. No hay andenes en buen estado. Hay que combatir el vandalismo, y no son protestas pacíficas, no están peleando por sus derechos. Son grupos de guerrillas urbanas, financiadas y que están generando caos”, recriminó Bastidas. Además de esto, EL TIEMPO conoció denuncias por hurtos de bicicletas y celulares en medio de los enfrentamientos, y en zonas aledañas.

En un consejo de seguridad liderado por la alcaldesa, Claudia López, las autoridades de seguridad y convivencia de la ciudad analizaron ayer lo que ha estado ocurriendo y tomaron algunas decisiones. Entre ellas se destacan el anuncio enfático de rechazo a la violencia, venga de donde venga, y la garantía de investigar y judicializar a quienes están tanto detrás del vandalismo como de casos de abuso policial.

“Hemos estado evaluando los hechos lamentables de vandalismo a los ciudadanos donde se han presentado estos hechos. Queremos decirles que la Alcaldía está presta para esmerarnos por mejorar su tranquilidad, para que puedan dormir tranquilos y puedan usar el sistema de transporte. Yo, como alcaldesa, y la Policía lamentamos profundamente las agresiones, heridas y los dos ciudadanos fallecidos que tuvimos esta semana”, expresó López antes de asegurar que no habrá impunidad por la muerte de Cristian David Castillo, ocurrida el 22 de junio en Suba, y la de Jaime Fandiño, un día antes, en Usme. En ambos casos, el Esmad estaría involucrado.

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Desde la Policía de Bogotá, en la voz del general Óscar Gómez Heredia —comandante encargado—, y la Secretaría de Seguridad, explican que lo que ha ocurrido en los últimos días no tiene nada que ver con protestas pacíficas. Hugo Acero, secretario de Seguridad, dijo que se trata de grupos de vándalos que tienen la única intención de confrontarse con el Esmad.

“Ha llegado gente que no tiene ninguna intención de dialogar, ninguna demanda que hacer. El único objetivo que tienen es confrontar a la Fuerza Pública, y saben que atacando a la fuerza disponible sale el Esmad, que es lo que quieren enfrentar”, expresó el funcionario. No obstante, desde algunos sectores han recriminado el nivel de agresividad con el que algunos de la Policía han salido a contener estos ataques y que, solo esta semana, han dejado varios heridos y dos jóvenes muertos.

Frente a esto, a través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa le envió un mensaje a la Policía, a cuyos acusó de no estar acatando las instrucciones y los protocolos acordados. “La policía debe cumplir la Constitución, y los sectores sociales y políticos deben comprometerse con condenar, no promover, y evitar toda forma de violencia social y política. Los jóvenes no pueden seguir siendo víctimas de abuso policial y carne de cañón de radicalismos políticos”, señaló.

Sin embargo, jóvenes que han estado manifestándose en estos lugares, y que transmiten los disturbios a través de sus redes sociales, comentan que llegan a estos lugares para reclamar por educación, empleo y justicia para quienes han resultado lesionados o muertos, y que seguirán acudiendo a las calles para expresar este inconformismo.

La respuesta ante estos reclamos también la explicó la alcaldesa al término del consejo de seguridad de ayer. Por un lado, dijo que a las exigencias de los jóvenes ha respondido con inversión social que está representada en un programa de educación superior gratuita y empleo juvenil, y, por otro, un respeto a los protocolos de intervención de la policía para evitar agresiones.

Este protocolo está basado en tres pasos. Ante bloqueos o amenazas de ataques a instalaciones públicas o privadas, los primeros en intervenir son los gestores de diálogo y convivencia del Distrito, que tratan de convencer con el diálogo a los manifestantes de no cometer estos hechos. Si esto no surte el efecto deseado, intervienen de la fuerza disponible, que cuentan con un escudo y un casco para tratar de contener el vandalismo. Si esto no es suficiente, y hay ataques violentos, finalmente participa el Esmad.

“Una vez más, alcaldesa, reiterarle nuestro compromiso con la istración Distrital, con nuestra comunidad de Bogotá y continuaremos con esta relación de respeto y articulación para desarrollar los diferentes trabajos que se tienen planeados desde el primer día. Lógicamente, enmarcados en el respeto a las personas y los derechos humanos, y también en los protocolos que hemos diseñado”, le dijo el general Gómez Heredia a la alcaldesa, Claudia López.

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Sin embargo, aunque los protocolos de intervención parecen estar claros, hay confusión a la hora de determinar responsabilidades. Unos de los más afectados son los de la fuerza disponible, que deben contener ataques violentos antes de la intervención del Esmad, y que no tienen la protección necesaria. La mayoría de los más de 400 policías que han resultado heridos desde que empezaron las protestas, el 28 de abril pasado, pertenecen a esta unidad policial.

Uno de ellos, que hace vigilancia en el Portal de Suba, explicó en conversación con EL TIEMPO que el Esmad no puede actuar hasta que no haya una orden expresa de la alcaldesa o del secretario de Seguridad, y que mientras esto ocurre, son vulnerables a los violentos. Hugo Acero respondió a esta apreciación.

“La decisión de usar la fuerza disponible o el Esmad depende del comandante de la Policía, o el que esté al mando de la parte operativa. La gente me dice: ‘Ordene usar el Esmad’. No puedo. La alcaldesa lo que dice es: despejen la vía, eviten el vandalismo, vuelvan a la normalidad la movilidad, y la policía determina qué utiliza. No puedo decir que usen una u otra fuerza, eso lo tiene que hacer el comandante”, argumentó Acero.

Mientras tanto, se prevé que para los próximos días se sigan presentando concentraciones y bloqueos en estos sitios. De hecho, anoche, a través de redes sociales, se conoció un comunicado emitido supuestamente por la primera línea de Suba, en el que le declaran la guerra al portal de TM de Suba, “ya que están dispuestos a trabajar con la policía”.

“La invitación es que si vamos a manifestarnos, que lo hagamos pacíficamente, no tenemos por qué agredir a nadie, ni a la policía ni al revés. Somos seres humanos, tendremos seguramente nuestras diferencias, pero no tenemos por qué terminar agrediéndonos. La invitación es a que lo hagamos de manera pacífica”, concluyó el general Óscar Gómez Heredia.

Esta semana, Bogotá sumó dos muertos en medio de los violentos hechos de vandalismo que se han presentado en los disturbios y desmanes en diferentes puntos de la ciudad. El primero de ellos fue Jaime Fandiño, un joven de 32 años de edad que perdió la vida la noche del lunes 21 de junio en el sector de Yomasa, en la localidad de Usme, en el sur de la ciudad.

Según sus familiares, Fandiño estaba desempleado, y el día de su muerte había estado entregando unas hojas de vida. Cuando regresaba a su casa, se encontró con los enfrentamientos, y en medio de esto resultó herido por el impacto de un objeto contundente en el tórax. De inmediato fue llevado a un centro médico del sector, donde falleció debido a la gravedad de su herida.

Por otro lado, la noche del martes 22 de junio, un día después, resultó muerto Cristian David Castillo. Este joven tenía 26 años y se dedicaba a trabajar en la ferretería de su padre en el barrio El Rincón, de Suba. Él recibió un impacto en la cabeza y murió mientras era conducido al hospital.

Las dificultades económicas de su familia no le habían permitido entrar a la universidad. “Él me colaboraba porque no teníamos plata para poder darle su educación. Yo tengo dos hijas más, y a ellas les estaba pagando la universidad”, explicó Harold Castillo, su padre.

La familia del joven no se explica por qué quedó registrado como un indocumentado si él llevaba todos sus documentos en su maleta, la cual tampoco aparece. “El celular lo tiene la Fiscalía General de la Nación, él llevaba su maleta gris con negro y no aparece, nadie da razón de esos elementos. Creo que un señor del Esmad le esculcó sus cosas”, dijo el padre del joven.

Ante estos dos hechos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la Policía de Bogotá expresaron sus condolencias y dejaron claro que irán hasta las últimas consecuencias para determinar qué fue lo que pasó con ellos. Las primeras versiones indican que habrían sido impactados con elementos disparados por el Esmad.

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BOGOTÁ

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