Tambalean pruebas contra los capturados de la primera línea

Un año y cinco meses es el tiempo que ha trascurrido desde el paro nacional que conmocionó al país en 2021 y en particular a Bogotá, donde una de las facciones del grupo revolucionario denominado primera línea se tomó la ciudad y enfrentó con toda clase de artefactos a la Fuerza Pública, que intentó controlar la situación durante más de un mes.

Por estos hechos se produjo la captura de 10 jóvenes que, según la Fiscalía, estarían relacionados con los delitos de vandalismo, terrorismo, fabricación y tenencia de sustancias peligrosas, violencia contra servidor público e instigación a delinquir.

Sin embargo, luego de más de ocho meses de audiencias en contra de los jóvenes, la juez 28 penal del circuito recibió ayer nuevo material probatorio por parte de las defensas de los implicados y pidió clarificación sobre las pruebas descubiertas por la Fiscalía, que, como se mencionó en la diligencia, han presentado varías incongruencias.

Al parecer, según los abogados de los jóvenes, la Fiscalía aportó pruebas que son inconsistentes con la narración de los hechos que podrían vincular a los señalados a los desmanes. Según se escuchó en la audiencia, entre el material probatorio que la Fiscalía dijo haber demostrado hay seis grabaciones de video que no aparecen, el archivo de 900 grabaciones de llamadas telefónicas y la transcripción que una entrevista que la misma Fiscalía itió nunca quedó registrada.

“La Fiscalía nunca indicó que iba a hacer con los interrogatorios practicados a los procesados con preacuerdo, únicamente nos han enviado información y cada día recibimos algo distinto (…) la Fiscalía no nos ha aclarado y lo que está diciendo ante el estrado es lo que no pasó. Lo que está haciendo con las defensas es desleal”, objetó la abogada Jennifer Hernández, apoderada de Ludimar Felipe Camacho, implicado número nueve en el proceso.

A reglón seguido, el abogado Juan Sebastían Rondón, apoderado del acusado número 10 Daniel Fernando Ruiz, señaló frente a las grabaciones de las declaraciones que nunca aparecieron que, en un informé presentado por la misma Fiscalía, se itía que por fallas técnicas las entrevistas nunca se grabaron y que las transcripciones se hicieron conforme la audiencia avanzaba de forma manual. “La Fiscalía nos indica que la transcripción al parecer no es tan fiel y que las transliteraciones que se mencionan en las pruebas corresponden a otra información aportada como prueba pero no a las de las entrevistas de la fuente humana que luego se acreditó como agente encubierto”.

Justamente, alegan los abogados, las pruebas de audio que no aparecen dentro del proceso corresponden a cuatro sesiones de declaración que dio una fuente humana que durante el proceso se reveló como agente infiltrado del ente investigador.

Dichas diligencias fueron supervisadas por el fiscal del caso, como dice el documento expedido por la entidad, y “tenemos un problema porque si estaba en presencia el fiscal es extraño que no se revisara en las cuatro oportunidades si se estaban o no grabando”, argumentó Rondón.

Milena Herrera, madre de la joven Karen Villa, de 19 años, ha denunciado en varias oportunidades las incongruencias de la Fiscalía. “Mi hija es un falso positivo judicial, la quieren hacer pasar como una tal Nena pero ella no es. Ella no estaba allá y la Fiscalía no ha podido mostrar que la de los videos es ella”. Y es que a las protestas de los abogados también se han sumado declaraciones como las de Milena que advierten que la Fiscalía ha modificado el escrito de acusación en repetidas ocasiones para modificar o sumar pruebas al proceso. Hecho que quedó demostrado en la audiencia de ayer y por lo que la juez le llamó la atención a la corporación.

Pero, ¿quiénes son los acusados? Según la Fiscalía, el grupo de procesados está compuesto por 10 jóvenes que tendrían roles fundamentales no solo en el grupo Primera Línea sino en los desmanes que tuvieron lugar entre mayo y agosto de 2021.

Señaló la Fiscalía que Luis Alberto Simabaqueba, alias Diablo de 35 años, y Daniela Pérez, alias Polla de 26 años, era los líderes de la operación delictiva y que se encargaban de instigar de manera directa a un grupo de ciudadanos para que atacaran instalaciones públicas y privadas y que además habría atacado a la fuerza pública con bombas Molotov y objetos peligrosos.

También, señaló el ente acusador, que Adriana Bermeo o Chapi, de 27 años, era la cabecilla financiera del grupo de protestantes encargada de recibir las llamadas “donaciones” y distribuir el dinero entre los diferentes frentes para la compra de insumo que eran utilizados en el combate.

Ahora, Santiago Márquéz, alias Mechas; Uriel David Orozco, alias Overol; Felipe Camacho, conocido como ‘Héroes’, y Daniel Fernando Ruíz, alias Cúcuta, fueron denominados por la Fiscalía los “operarios” y quienes se ubicaban entre la primera, segunda y tercera línea de combate para lanzar elementos incendiarios contra la Fuerza Pública.

También, aparece Simón Santiago Molina de 23 años, alias Sailor Moon, quien presuntamente recibía órdenes directas de ‘Diablo’ y ‘Polla’, y que tenía como misión suministrar y coordinar los lanzamientos de los objetos incendiarios por los operarios.

Finalmente, el ente acusador señaló a Steven Guevara, alias Chaplin, de ser el líder logístico de la organización y quien tenía la responsabilidad de fabricar todos los elementos incendiarios y de ataque que se repartían entre las diferentes líneas; además, de sindicar a Karen Villa, supuestamente ‘Nena’, como la responsable de asistir a los otros manifestantes que resultaran heridos además de lanzar elementos contundentes contra la autoridad.

Por ahora, la audiencia preparatoria en la que la Fiscalía debía descubrir el material probatorio en contra de todos los sindicados ya finalizó con varias objeciones por parte de los abogados de la defensa y a criterio de la juez 28 penal, “la fiscal debe ilustrarse frente al proceso para no confundir a los abogados de la defensa ni a los jueces de la República”.

Así, en la próxima diligencia serán los defensores de los señalados quienes deberán presentar todo el material probatorio que permita que un juez reafirme o controvierta la hipótesis presentada por la Fiscalía de cara al juicio oral y las etapas del proceso judicial.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ