Magistrada Villamizar dejaría de ser la 'guardiana' del Río Bogotá ante polémica

Luego del rifirrafe que se ha generado en torno a la decisión de la magistrada Nelly villamizar de obligar a la CAR a pagar el dinero que se le debe al contratista de la Ptar del Salitre aún cuando, según la Alcaldía y la Empresa de Acueducto, esta no esta terminada y tiene fallas operativas; Villamizar ha dicho que está revisando una vía jurídica para renunciar a ser la garante del cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá y poder apartarse de los problemas que rodean la entrega de la Ptar. 

La magistrada luego de 20 años, podría dejar de ser la 'madrina' del río Bogotá pues estaría pensando en la posibilidad de pedir al Consejo de Estado que la releve de la responsabilidad debido a que se siente "coaccionada en su labor como juez al haber sido denunciada penal y disciplinariamente". 

Sumado a esto, esta tarde la Procuraduría General de la Nación impugnó la decisión del Tribunal istrativo de Cundinamarca que le ordenó a la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinmarca pagar al consorcio constructor de la PTAR Salitre el valor de la obra.

De acuerdo con la Procuraduría, "la orden de pago no se puede tener como legítima y válida sin que se haya comprobado en debida forma el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones a su cargo, situación que no se ha dado como se puede evidenciar en los informes que relacionan defectos, daños y averías de la PTAR Salitre"

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El nuevo pronunciamiento de la Procuraduría se da un día después de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, prendiera las alarmas sobre la situación de la Ptar y, así, se sumara a las reiteradas alertas que ha hecho la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). 

La mandataria reiteró lo que ha venido planteando la gerente de la Empresa de Acueducto, Cristina Arango, en el sentido de que hay equipos que han presentado fallas y que no les han entregado garantías de estos ni los manuales de operación.

Según López, el 31 por ciento de los equipos están por fuera de operación o presentan fallas. Y según informe de la interventoría, 90 máquinas no están funcionando.

Pese a esta situación, una orden del Tribunal de Cundinamarca indicaba que se debía firmar el Hito 1 de la Ptar. Y, además, ordenó pagar las sumas estipuladas en el contrato llave en mano. 

Sin embargo, como indicó la Procuraduría a través de un comunicado, "el Ministerio Público argumentó que el juez de los derechos colectivos no tiene competencia para pronunciarse y resolver asuntos sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales, y que, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional a las partes, se les deben garantizar el debido proceso, lo que no ha acontecido en este caso". 

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EL TIEMPO