El 4 de septiembre de 2020 se suspendieron de manera preventiva las obras que se adelantaban en el humedal Tibabuyes–Juan Amarillo, donde se trabajaba en la adecuación de un sendero de 12,5 kilómetros para peatones y bicicletas y en la construcción de un puente de 1,2 kilómetros entre las localidades de Suba y Engativá.
Los trabajos fueron interrumpidos debido a que la Secretaría de Ambiente encontró que en algunos sectores de la obra se realizaban labores sobre el cuerpo acuático que no contaban con las autorizaciones ambientales.
“Bajo la medida preventiva de suspensión temporal, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que es la que ejecuta las obras en el humedal Juan Amarillo, no podrá continuar desarrollando actividades en esos puntos sellados y deberá cumplir con las medidas que imponga la Secretaría de Ambiente”, explicó en su momento la entidad.
Para entender este conflicto hay que remontarse al año 2018, cuando varios ciudadanos presentaron una demanda de nulidad del decreto 565 de 2017 –que modificó la política de humedales–, y le solicitaron a un juez cuarto istrativo de Bogotá ordenar la suspensión de las obras. En 2020, el juez les dio la razón; no obstante, el proyecto siguió debido a que en el POT de 2004, el humedal Juan Amarillo fue designado como un Parque Ecológico Distrital, y de esta forma fue posible la construcción de senderos ecológicos peatonales.
En agosto de 2021, la Contraloría de Bogotá advirtió que si las obras seguían detenidas se incurriría en detrimento patrimonial; también entregó detalles sobre el avance en la ejecución de los tres contratos que se adelantan en el humedal Juan Amarillo desde 2018. Meses después también realizaron un hallazgo istrativo con incidencia fiscal en cuantía superior a los 16.000 millones de pesos, tras el abandono de la obra por parte del contratista.
“Para la Contraloría, la finalización de las obras en el humedal es una prioridad para la ciudad, dado el significativo monto de los recursos que se ha invertido en ellas, su nivel de avance y las eventuales pérdidas derivadas de controversias jurídicas”, señalaron.
Actualmente, dicho contrato tiene una ejecución física del 76,5 por ciento y una financiera del 77,4 por ciento, esto equivale a 20.055 millones de pesos, incluida la adición. Asimismo, el parque lineal, cuyo costo total es de 40.870 millones de pesos, presenta un avance físico del 79,1 por ciento y financiero del 58,7 por ciento.
Ante este panorama, EL TIEMPO se comunicó con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, entidad que manifestó que busca mitigar los impactos ambientales para poder continuar con la obra. “Para la EAAB es importante terminar la conexión en el humedal. Actualmente se está estructurando el proceso para continuar con la obra y se ha venido buscando alternativas para mitigar el impacto del proyecto al disminuir el endurecimiento”, explicaron.
El Acueducto señaló que "los avances que reportó la interventoría del contrato de obra en su informe final es de 77.04 por ciento de avance físico y financiero".
¿Qué dice la gente?
Hoy, un año y cinco meses después, varios ciudadanos, fundamentalmente del barrio Lisboa, localidad de Suba, se preguntan si estas obras continuarán y si el puente se convertirá en un elefante blanco. Por el contrario, organizaciones en pro de los humedales y ambientalistas esperan que el proyecto sea modificado en concertación con la comunidad.
Laura Medina es una de las ciudadanas que está a favor de que las obras continúen. Manifiesta que son fundamentales para que la vida de los habitantes de los barrios Santa Cecilia, Lisboa y Berlín mejore. “Desde la ventana de mi casa se puede ver Ciudadela Colsubsidio, yo trabajo allá, en Unicentro de Occidente, pero es increíble que para llegar a ese barrio tarde más de una hora y que del otro lado nos hayan quitado la posibilidad de acercarnos (...) En las reuniones de la Junta de Acción Comunal del barrio nos han manifestado que las obras van a seguir”, dice la mujer.
No obstante, para Camilo Moreno, integrante de la mesa ciudadana Cortijo Tibaguya, este proyecto no debe ser pensado en términos de movilidad, sino en el daño ambiental que puede generar a la flora y fauna del humedal.
“Esta obra no tuvo concertación con la comunidad de Suba y Engativá, y lo que mal empieza, mal termina. Ahora, ellos tienen por un lado a la Contraloría y por otro a la Secretaría de Ambiente”, dijo, y añadió: “en la mesa ciudadana del 24 de enero se les propuso una modificación para que ellos puedan entregar el contrato, y al mismo tiempo, garantizar la participación ciudadana”.
Sobre la cuestión ambiental, el Acueducto señaló que "trabaja para cumplir con su propósito de cuidar y proteger el humedal" y para "empoderar a la comunidad de su cuidado”. Además, explican que esperan finalizar las obras "en esta istración".
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REDACCIÓN BOGOTÁ