Crónica de un secuestro anunciado | Opinión

Los bogotanos tienen claro que Claudia López decidió sacar el POT por decreto. Lo que tal vez no tienen tan claro es que la alcaldesa tomó esta decisión después de que el concejo no pudo debatirlo en 90 días al verse embestido por una ola de recusaciones. Ahora está pasando lo mismo con el proyecto para que Bogotá ingrese a la Región Metropolitana.

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Una recusación es una herramienta que le da la ley a los ciudadanos para denunciar un conflicto de interés de un concejal. Por ejemplo, uno que quiera bajarle los impuestos a las peluquerías cuando es propietario de diez.

La herramienta en teoría es valiosa, pero tiene varios problemas. Por ejemplo:

1. Al presentarse una recusación tiene que detenerse el debate del proyecto

2. El concejal recusado tiene cinco días para contestarla

3. Después de contestada se debe citar una plenaria para poderla votar

4. Se tienen que discutir TODAS, así sean absurdas, anónimas o estén firmadas fraudulentamente (como sucedió en la discusión del POT)

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Por lo tanto, tramitar una recusación es lento y en la discusión del POT apenas se resolvía una, llegaba otra, hasta que se acabó el tiempo y la alcaldesa decidió decretar un POT que no solo tiene varios errores, sino que tiene menos legitimidad que si hubiera sido discutido por el concejo.

Para que esto no volviera a suceder y el concejo no fuera excluido de las principales discusiones de la ciudad, se hizo una reforma al reglamento de la corporación.

Los dos puntos claves de la discusión eran si las recusaciones debían cumplir unos requisitos mínimos para ser discutidas y quién definía si esos requisitos se cumplían.

Los requisitos mínimos eran por ejemplo explicar a quién se estaba recusando, por qué y dar la información del recusante. Nada del otro mundo.

El otro punto clave, era si el órgano que decidía si se cumplían los requisitos era la mesa directiva o la plenaria. Y esto es importante porque si el encargado era la mesa podía hacerlo sin citar una sesión o que el concejal contestara y así agilizar el trámite.

Al final, y a pesar del esfuerzo de varios concejales, la decisión de las mayorías fue exigir los requisitos pero que la plenaria decidiera si se cumplían o no. Lo cual deja vigente un proceso prácticamente igual de largo para resolver cualquier recusación que antes de la modificación.

Y como era de esperarse, cuando debía comenzar el debate para definir el ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana llegó otra recusación que amenaza con hundir el proyecto sin discusión.

Todo esto puede sonar confuso, pero tiene una consecuencia dramática: cualquiera que se oponga a un proyecto de acuerdo en Bogotá puede tumbarlo con el simple hecho de mandar recusaciones. No necesita argumentos ni votos, una carta anónima de vez en cuando es suficiente. La víctima real de este saboteo no es el alcalde de turno sino las discusiones democráticas, que se verán secuestradas siempre por el interés económico o político de turno que cree que perdería si el proyecto se llegara a votar.

DIEGO LASERNA

CONCEJAL DE BOGOTÁ