Doña Juana: ‘Comisión verificará el vertimiento de lixiviados’, dice Minambiente

En un debate en el Senado, la alcaldesa Claudia López aseguró que la situación que se presenta con el operador del relleno sanitario Doña Juana es el caso de abuso y corrupción más grande que ha encontrado en la ciudad. Criticó que el tribunal de arbitramento, en agosto de 2020, resolviera la medida cautelar impuesta por CGR Doña Juana S.A. ordenando a la Uaesp abstenerse de iniciarles cualquier clase de proceso sancionatorio.

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La alcaldesa aseguró que lo que ha venido haciendo el CGR es un incumplimiento sistemático que viola los derechos de los bogotanos y que ha producido una mayor afectación en los habitantes de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito.

“Hoy en día los bogotanos están pagando 24.000 pesos, diez veces más la tarifa pactada. No cumplieron el objeto del contrato, tampoco el fallo de 2018, nos vuelven a demandar por un fallo que ya perdieron, diciendo que sí cumplieron y que el Distrito debe hacer un pago retroactivo”, explicó López.

Según ese tribunal, el fallo ya no se dará a conocer el 30 de marzo próximo, como estaba previsto, sino el 11 de abril a las 4 p. m.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en su intervención arremetió contra el operador CGR por incumplir con el contrato y aseguró que hará seguimiento a 24 procesos sancionatorios que hay contra el consorcio.

Muhamad dijo que la operación es “pésima” y anunció que su cartera enviará una comisión para verificar la toma de muestras del vertimiento de lixiviados en Doña Juana y advirtió que el incumplimiento puede llevar a la caducidad de la licencia ambiental.

“La falta de inversión en la planta de tratamientos de lixiviados de Doña Juana ha sido un incumplimiento permanente de la operación del relleno y ha generado un impacto ambiental al río Tunjuelo, siendo este uno de los vertimientos más importantes”, indicó la ministra.

La minambiente alertó sobre la intención que CGR planteó en el Concejo de Bogotá –cuando ella hacía parte de este– de quedarse operando en la ciudad hasta el año 2044 con el mismo esquema, pero haciendo las inversiones para el cambio de modelo de aprovechamiento con cargo cero a la tarifa.

“No puede ser más falso que un operador, que demandó a la ciudad por 1,2 billones de pesos, subió la tarifa y no ha cumplido, diga ahora que hará las inversiones para cambiar ese modelo de aprovechamiento”, dijo la ministra.

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Por su parte, la senadora Andrea Padilla dijo que esa aspiración económica de 1,2 billones de pesos del operador CGR equivaldría al 6 por ciento de las inversiones anuales de Bogotá, un año de inversión en el sector social, 10 años de presupuesto de la Secretaría de la Mujer y 6 años de inversión de la Secretaría de Ambiente. También, la cuarta parte para la construcción de la Ptar Canoas, la mita de la troncal de la séptima y 30 años del funcionamiento del Instituto de Protección Animal.

Según una fuente de la Alcaldía, la conclusión del debate de ayer en la Comisión V del Senado es que existe un frente común entre los gobiernos Nacional y Distrital y varios senadores para manejar el caso de las basuras en Bogotá y agregó que si el fallo del tribunal de arbitramento llega a ser en contra de la Uaesp, se podría generar un efecto negativo en otros operadores en el país, que buscarán la misma fórmula para modificar las tarifas e, incluso, con cobro retroactivo.

REDACCIÓN BOGOTÁ.

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