Declaran desacato de Acueducto de Bogotá con obras de la Ptar Canoas

El Tribunal istrativo de Cundinamarca declaró el desacato de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) por el incumplimiento de la sentencia del río Bogotá de 2014.

En concreto, en el incidente el Tribunal se refiere a la construcción de la Ptar Canoas, que debe tratar el 70 por ciento de las aguas residuales de Bogotá y todas las producidas por el municipio vecino de Soacha, así como la estación elevadora Canoas.

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Estas dos obras, que deben adelantarse en la vereda Canoas del municipio de Soacha, son claves en el objetivo de descontaminar el río Bogotá, en su paso por la capital del país.

La decisión fue proferida por la sección cuarta del Tribunal istrativo de Cundinamarca, que le da  tres meses a la Empresa de Acueducto de Bogotá para que "inicie y adelante las gestiones necesarias para dar apertura al proceso de licitacióny adjudicación de las referidas megaobras".

Al conocer la decisión sobre el incidente de desacato, la Empresa de Acueducto en un breve comunicado señaló: “(…) somos respetuosos de las órdenes judiciales y, en tal sentido, continuaremos haciendo todo lo necesario para abrir el proceso de selección para la ejecución de la Ptar Canoas, con el fin de tratar el 70 por ciento de las aguas residuales de Bogotá y el 100 por ciento de las aguas residuales de Soacha”.

El incidente de desacato también ordena al director de Crédito Público de Ministerio de Hacienda emitir concepto favorable para que, a su vez, la Comisión interparlamentaria de crédito público del Congreso de la República haga lo propio y el Ministerio de Hacienda "profiera la resolución de negociación, mediante la cual se otorga  aval a la Empresa de Acueducto para la consecución del crédito público para la construcción de la Ptar Canoas".

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De todas las obras que se deben ejecutar para ese fin solo falta la Ptar Canoas, cuyo valor se estima en 4,5 billones de pesos. El megaproyecto ya cuenta con un predio, licencia ambiental y diseños de detalle, según la Empresa de Acueducto.

Sin embargo, para poder terminar la estructuración financiera se requiere que el Gobierno nacional apruebe la garantía que le permitirá al Acueducto acudir a la banca multilateral.

Según le había informado la EAAB a este diario, la empresa ya solicitó la aprobación de las contragarantías en términos similares a otras plantas de tratamiento como la de Salitre, en Bogotá, o la de Bello, en Antioquia, y que una vez superada esta etapa abrir la licitación.

El proyecto está financiado por la CAR Cundinamarca (con más del 60 por ciento de los aportes, que provienen un porcentaje del impuesto predial), el Distrito, la Gobernación de Cundinamarca y la EAAB.

Ya está construida la red de los interceptores que captarán las aguas servidas y las conducirán hasta la planta de tratamiento. Y está en obra la estación elevadora de Canoas.

El avance físico de esta última obra se encuentra en un 79,33 por ciento. Se espera que en noviembre de 2023 esté finalizado el contrato, cuyo valor asciende a 375.972 millones de pesos, incluida la interventoría.

Hasta hoy el tratamiento de las aguas residuales se realiza en la Ptar Salitre. Esta infraestructura trata el 30 por ciento de las aguas servidas producidas desde la calle 26 hacia el norte. Sin embargo, en el contrato de ampliación y obras complementarias se han enfrentado la EAAB y el consorcio constructor.

La primera ha señalado que planta de tratamiento no está terminada -debió entregarse en septiembre-, que no hay las condiciones para operarla y que existen equipos sin las garantías.

El consorcio Ceps, por su parte, señaló que la Ptar Salitre ya está operando y tratando las aguas. En este conflicto debieron intervenir las contralorías General y Distrital y la Procuraduría. La CAR anunció una prórroga para que finalicen las obras.

Las aguas residuales desde la 26 hacia el sur de Bogotá, incluido el municipio de Soacha, aún no son tratadas y, por tanto, se continúan arrojando al río Bogotá.

El incidente de desacato fue proferido por la magistrada Nelly Villamizar, quien tiene a cargo el seguimiento de todas las órdenes establecidas por  su despacho en el Tribunal istrativo de Cundinamarca y refrendadas por el Consejo de Estado, para descontaminar el río Bogotá, en el  marco de la sentencia del río Bogotá.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Boigotá

En Twitter: @guirei24