¿Qué pasa en los colegios? Van 158 procesos por violencia sexual en Bogotá

El caso del profesor Helman Berrío Ramírez, acusado de abusar sexualmente de varias niñas a quienes les dictaba clases de danza aprovechándose de que eran estudiantes de colegios públicos, es el último escándalo de varios que tiene en la mira la Secretaría de Educación de Bogotá. El caso sigue impune, y el docente, prófugo.

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Según un informe de la Secretaría, hay registro de 158 procesos disciplinarios abiertos a servidores públicos por la presunta comisión de alguna de las categorías de violencia sexual contra menores de edad, y de estos, solo hay 10 con fallo judicial. El riesgo está en que los casos aumenten con el retorno total a la presencialidad.

Las denuncias registradas por la entidad van desde irrespeto o acto sexual abusivo hasta acoso sexual e incluso carnal violento. Desde abril del 2021, la Secretaría se preocupó por depurar la base de datos, que para ese momento era de 211. “Logramos agilizar los tiempos procesales de cada caso y en siete meses la cantidad de activos se ha reducido en un 25,1 por ciento”, dijo la secretaria de Educación, Edna Bonilla Sebá.

Luego de esta primera etapa, la entidad dice que se fortaleció el plan de trabajo para optimizar la atención a las víctimas. En octubre de 2021 se tenían 7 procesos de 2017 en retraso, pero a partir del seguimiento permanente para noviembre solamente quedan activos tres, dos ya con fallo. Según la Secretaría, para las vigencias de 2018, 2019 y 2020, el número de procesos se ha reducido frente a las cifras de octubre, salvo para 2021, pues durante el último mes se han incrementado las quejas y los reportes de presuntas violencias sexuales. Kennedy tiene el mayor número casos.

Los abusadores saben cómo manipular a sus víctimas, muchos lo hacen psicológicamente o se aprovechan de su situación de vulnerabilidad. El 94,27 por ciento de los agresores son hombres de entre 38 y 50 años, y el 94,27, profesores. En el resto hay istrativos, auxiliares, coordinadores y directivos. La mayoría de víctimas son mujeres: 87,02 por ciento.

Berrío, por ejemplo, para cometer toda clase de actos abusivos tenía como fachada una fundación de danzas en el sur de Bogotá, cuyas actividades iban desde los ensayos hasta presentaciones en público. Todo está documentado por el abogado de las víctimas, Alexánder Rogelis, quien habló con EL TIEMPO.

Berrío les decía a las jóvenes que los cuerpos humanos tenían unos tantras y que para activarlos debían realizar ciertos actos. Las niñas fueron sometidas a vejámenes y hoy piden justicia. “Él nos hacía muchas cosas malas, nos grababa y después guardaba ese material en discos duros. También nos mostraba videos de mujeres y de maltrato a animales, asquerosos, y nos hacía llevar hielos, flores y otras cosas”. Estas jóvenes fueron abusadas entre 2003 y 2006.

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Expertos en la protección de la niñez piden acciones concretas. “Las cifras que da la Secretaría de Educación son muy preocupantes. Es evidente que los controles que están contemplados en la selección de los docentes están fallando y es necesario que la entidad aclare si con la sola apertura de procesos disciplinarios ha apartado de sus cargos a estos profesores”, dijo Yohana Jiménez, defensora de los derechos de los niños. Agregó que sería inisible que un funcionario de quien se sospeche esté cerca de más niños y que a la Fiscalía le ha faltado compromiso para priorizar estos casos.

Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, afirmó que “siempre será lamentable cualquier situación de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, de manera más grave cuando son perpetrados por personas del servicio público”. Le preocupa que de estos 158 casos, solo 10 tengan fallo. “En el 2019 hay un buen número de casos reportados, y no pasa así en 2020 y 2021. Queda el interrogante de si en estos años hubo menor reporte o qué fue lo que ocurrió. En estos últimos años tampoco hay ningún fallo. Esto refuerza la preocupación que tenemos de que durante la pandemia de manera grave los derechos de los NNA se vieron gravemente afectados”.

EL TIEMPO expuso estas cifras a la Asociación Distrital de Educadores (ADE), que señaló que hasta no tener un documento oficial de los casos prefiere no pronunciarse. Este diario también habló con Luisa Fernanda Obando, delegada para la seguridad ciudadana de la Fiscalía, quien dijo que este año la cifra de esclarecimiento es histórica y está por encima del 27 por ciento, 17.000 más por encima del promedio, en temas de violencia sexual. Añadió que trabajan con todas las entidades que pongan en conocimiento esas conductas.

Con respecto a este informe, señaló que si hubo denuncia en la Fiscalía, seguro se están investigando. “La Fiscalía, más allá de la investigación, está atada a un programa de prevención que se denomina Futuro Colombia, que busca evitar los abusos en los entornos escolares, máxime cuando ya se está retornando en un 90 por ciento a la presencialidad, también para que las víctimas se atrevan a denunciar”.

Durante casi tres años, Hans Wayne Santamaría Garzón, profesor de ética y ciencias sociales de un colegio de Suba, abusó sexualmente de dos de sus estudiantes. Invitaba a los alumnos a su casa y los llevaba a una habitación en la que tenía videojuegos, películas y rios de series animadas. Allí ultrajaba a los menores de 14 años, desde el 2017.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén le imputó los delitos de carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. En abril de 2020, el docente fue capturado en su lugar de residencia por personal de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional.

Entre los años 2019 y 2021, Jorge Alonso González, quien dictaba clases de guitarra en su vivienda a una vecina menor de 11 años, habría aprovechado su condición de profesor para abusar de ella sexualmente y, además, obligarla a enviarle videos y fotografías desnuda por celular. El 5 de septiembre se hizo efectiva la orden de captura en contra de este hombre, en vía pública del barrio Altos de Chozica, de la localidad de Suba. La Fiscalía le imputó los delitos de carnal abusivo con menor de 14 años, carnal violento, actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía con personas menores de 18 años.

Este año también un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Néstor Enrique Montoya Centeno, un profesor de inglés que abusó sexualmente de algunos de sus estudiantes menores de edad en Soacha, Cundinamarca.

El primer caso que se le atribuye ocurrió en 2017. Un niño de 13 años fue al lugar de residencia del docente, y allí habría sido inducido a tomar bebidas alcohólicas, fumar cigarrillo y consumir estupefacientes para, finalmente, ser obligado a ejercer actividades de tipo sexual. Un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de suministro de sustancias ilícitas, carnal abusivo con menor de 14 años agravado, actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual agravado.

De igual manera, se logró la judicialización de Leonardo Guevara Díaz, quien valiéndose de su calidad de profesor de música en varias universidades de Bogotá habría abusado sexualmente de varias estudiantes. Según la investigación, entre los años 2008 y 2019 se acercó a las víctimas con el argumento de que una forma de mejorar el canto era con masajes y desbloqueo de chakras. Así habría conseguido que algunas alumnas fueran hasta su casa en el barrio Gratamira. En la vivienda se perpetraba el abuso. La Fiscalía asoció los casos de 11 víctimas, todas de diferentes universidades.

Este 19 de noviembre, servidores del CTI materializaron la orden de captura contra el profesor, en una unidad residencial del barrio Pasadena, en el norte de Bogotá. Guevara Díaz no aceptó los cargos, pero el juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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Nosotros tenemos un convenio con la Fiscalía y hemos tenido respuestas más ágiles que en los años anteriores, pero quisiéramos trabajar de forma más articulada con ellos y que haya más celeridad con estos casos.

Mucho, pero fue una buena decisión que tomamos en la Secretaría de Educación Distrital (SED). Invertimos recursos y personal. Lo más importante fue la decisión política de priorizar todos estos casos. Hicimos un trabajo articulado entre las distintas áreas de la entidad, conformamos un equipo interdisciplinario que coordinamos directamente desde el despacho para poder dar estos resultados y, sobre todo, llamar la atención. Nosotros no podemos tolerar abusos. Invitamos a las familias a que nos ayuden a denunciar, cuentan con el acompañamiento de la Secretaría.

No. Por el debido proceso, la SED no los puede desvincular. Lo que hemos hecho es separarlos de cualquier o con los menores de edad. Encontramos una nueva forma de que puedan trabajar mientras cursa la investigación en la Fiscalía y los jueces toman una decisión en cada caso.

Ninguna forma de violencia tiene que ser aceptada por nadie, ellos deben saber que cuentan con el apoyo de la Secretaría de Educación, y no solo en términos legales. Nosotros estamos acompañándolos emocionalmente. Eso es muy importante, conformamos un equipo para acompañarlos y que no tengan miedo, cuentan con el acompañamiento de la entidad y los vamos a proteger.

CAROL MALAVER

En Twitter: @CarolMalaver

SUBEDITORA BOGOTÁ