En los últimos quince días tres artefactos explosivos estallaron en el barrio San Bernardo, centro de Bogotá. Eran granadas, según las autoridades. Lo más grave sucedió el miércoles, cuando sujetos en moto arrojaron un artefacto que causó la muerte de tres personas y dejó heridas a nueve.
Repudiable, desde todo punto de vista. Grave. Bogotá no registraba este tipo de hechos desde hacía tiempo. Y menos en una zona que, si bien ha sido considerada foco de actividades ilegales, la seguidilla de detonaciones deja mucho qué pensar.
Obviamente, como han dicho las autoridades, en el sector se libra una guerra entre bandas dedicadas al narcotráfico que se está saldando con vidas. Pero queda en evidencia que allí también pululan el tráfico de armas, la explotación de personas y que mafias que se creían desaparecidas siguen haciendo de las suyas.
No deja de llamar la atención, sin embargo, dos cosas que le escuché decir al secretario de Seguridad, César Restrepo. La primera es que sobre el San Bernardo ya había información desde el inicio del gobierno del alcalde Galán. Es decir, se sabía que era una zona de alto riesgo que había que monitorear con cuidado. Y en segundo lugar, que pese a la alerta que despertó una primera explosión hace quince días y a que las mismas autoridades adelantaron operativos, allanamientos, capturas y demás, la situación, lejos de mejorar, empeoró y se saldó con muertos.
Cuando el orden público o los fenómenos de inseguridad se desbordan, como ocurre en Bogotá, las respuestas de los encargados del tema se repiten en todos los gobiernos: “No vamos a permitir... estamos implementando... trabajamos en... estamos reforzando... la seguridad es una prioridad... invitamos a denunciar” y cosas por el estilo. Y está bien. ¿Qué más se puede decir? Pero por eso mismo, la ciudadanía se muestra escéptica frente al tema. Porque lo que quiere son resultados, disminución en los indicadores que miden el delito, presencia policial que genere confianza, pero, sobre todo, resultados. Quieren ver que se capture al ladrón de la patineta, a los atracadores de la moto, a los que despojaron a una familia de su vehículo, a los que atracaron a los comensales de un restaurante. Es lo que yo llamo la contranarrativa a la explosión de imágenes que pululan en redes con asaltos espectaculares. Las autoridades tienen que dar golpes contundentes, que los hay, no voy a decir que no, pero la gente quiere ver más.
Sin embargo, cuando ven a su comandante de policía decir que siete de cada diez capturas que se producen en flagrancia terminan en libertad por orden de los jueces, pues eso no ayuda de a mucho. El secretario de Seguridad, en otro intento por explicar lo del San Bernardo, hace un llamado al Gobierno Nacional para que controle el uso de armas en manos de particulares, combata efectivamente el tráfico de droga, meta en cintura a las organizaciones del crimen transnacional, persiga eficazmente a sus cabecillas, etc. Y debe hacerlo. Pero ¿qué pasa con lo que nos corresponde hacer como ciudad? ¿Con la inteligencia? ¿Tres explosiones en tres semanas en el mismo lugar, cómo se explican? ¿Para qué sirvieron los operativos, los allanamientos, los decomisos y demás? Y si a esto se añade la parca actitud de la Policía para evitar que en las manifestaciones del Día de la Mujer se hubieran destruido bienes de la ciudad, pues la gente se pregunta con razón qué está pasando.
Es claro que las ciudades, en materia grave como la inseguridad a gran escala, requieren de la ayuda plena del Estado. El propio alcalde Galán convocó hace poco a varios alcaldes del país para que a una sola voz pidieran al presidente Petro acciones efectivas para controlar la escalada de inseguridad. Lo propio hicieron esta semana los gobernadores. Es decir, sí hay razones suficientes para pensar y reclamar al jefe del Estado por la falta de estrategia y de políticas para enfrentar al crimen organizado que se trasladó a los centros urbanos. Con todas sus guerras a cuestas.
Pero es hora también de mirar internamente qué nos está pasando. Por qué el hurto de vehículos va en alza. Por qué no cede el atraco callejero. O qué pasó con la transformación urbanística y social que desde hace 5 años se preveía para el San Bernardo. Son preguntas.
ERNESTO CORTÉS FIERRO
Editor General
EL TIEMPO
@ernestocortes28
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