Barranquilla: desde una oficina de abogados direccionaban fallos judiciales

La Fiscalía acusa a presuntos responsables de entramado de corrupción.

Panorámica aérea de la zona norte de la capital del Atlántico. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

PERIODISTA18.05.2023 11:58 Actualizado: 18.05.2023 12:05

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La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un entramado criminal que, entre abril y agosto de 2014, presuntamente direccionó seis fallos en favor de particulares que demandaron istrativamente a distintas entidades en Atlántico.

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La investigación implica a la procuradora delegada Faicy León Mass por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio; a la asesora del Tribunal istrativo del Atlántico, María Milagros Navarro Lobo, por cohecho impropio y cohecho propio; y los abogados Victoriano Apolinar Sierra Nerio, Yenny Bustamante Toscano, Yina Paola y Sindris María Benthan Arias, por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

La investigación da cuenta de varios eventos en los que los procesados habrían intervenido.

Favorecieron demandas

Según la Fiscalía los abogados, al parecer, le dieron 10 millones de pesos a un juez istrativo de Barranquilla y otra suma a una juez de Sabanalarga a efectos de obtener una rápida y favorable decisión en un caso tramitado en esos juzgados.

De otra parte, se estableció que Navarro Lobo proyectó una sentencia en la que el Tribunal istrativo de Atlántico ordenó a la Policía Nacional indemnizar a un grupo de personas, decisión que fue avalada por la procuradora León Mass.

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Recibiría 20 millones de pesos para promover un fallo de segunda instancia que declarara responsable a la Policía Nacional

"Al parecer, en estas actuaciones medió la entrega de 12 millones de pesos repartidos entre las dos funcionarias", señala en un comunicado la Fiscalía.

En otro hecho, la servidora del tribunal presuntamente acordó que "recibiría 20 millones de pesos para promover un fallo de segunda instancia que declarara responsable a la Policía Nacional por el posible actuar irregular de un uniformado que dejó varias personas afectadas", sostiene el ente acusador en su informe.

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Asimismo, se acreditó que la procuradora habría intercedido en el aplazamiento del reparto de una decisión de segunda instancia, de tal manera que el expediente llegara a un juzgado que beneficiara los intereses de varios recicladores, representados por los abogados acusados y que pedían no ser desalojados de un área de espacio público en la zona portuaria.

Finalmente, la procuradora y los abogados ofrecieron y entregaron dinero a un funcionario judicial encargado de proyectar y suscribir un fallo de primera instancia. Aquí se acreditó que conocieron la decisión anticipadamente como garantía de que saldría a su favor y así poder desembolsar la suma pactada.

En Twitter @Leoher69

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