El calvario llamado reforestación para finqueros del Caribe

Cientos de hectáreas de pino, teca, ceiba y melina se pudren y caen a pedazos, llevándose el sueño de muchos finqueros del Caribe colombiano, que durante años vieron crecer en sus tierras estos árboles como una esperanza económica, pero que hoy se convirtió en un verdadero calvario.

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“Entregamos nuestras tierras de buena fe. Hoy lo que tenemos a cambio son árboles muertos”, dice Guillermo Sánchez Gallo, quien con impotencia ve como árboles de madera tan fina y apetecida en el mercado es devorada por el comején y cubierta por la maleza, por trámites burocráticos, demandas judiciales, engaños y desidia oficial.

Pero lo más grave es que los dueños de estos terrenos no los pueden usar para cultivos o ganadería y ni reciben un centavo por la ocupación. “Esto está lleno de bejucos, allí no entra nadie, ni si quiera con machete”, agrega el hombre en tono desconsolado.

El desaliento de Sánchez aumenta cuando recuerda la historia que comenzó en 2002 con el Gobierno de Álvaro Uribe, que ordenó al Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario (Finagro) a que, a través de su programa de Capital de Riesgos, estructurara y desarrollara una inversión directa en proyectos de reforestación comercial e impulsar la siembra de 10.000 hectáreas, en los departamentos del Cesar, Magdalena y Bolívar, territorios golpeados por la guerra desatada por los paramilitares y la guerrilla.

Para ejecutar el proyecto, Finagro escogió a varias empresas como gestores forestales, entre ellas a la firma Monterrey Forestal Limitada (2 de enero de 2004), la que acordó contratos con los dueños de las tierras a reforestar.

El mencionado contrato tenía una vigencia de 12 años, tiempo en el que el operador se encargaría del cuidado y mantenimiento de los maderables, mediante asistencia técnica y entrega de informes trimestrales a los dueños de unas 17 fincas que participaron en el negocio, que suma unas 2.000 hectáreas de tierras.

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El programa de reforestación les fue ofrecido a unos 40 dueños de tierras como un negocio de ventajas económicas nada despreciables. Les prometieron que la madera se vendería fuera del país, con precios superiores a los pagados en Colombia. Nada de eso pasó.

“Tuvimos que salir corriendo a buscar compradores para tratar de salvar la madera entregada. Desafortunadamente casi toda la madera era de mala calidad, se encontraba muerta, enferma. Estos señores han obrado de mala fe, estaban enterados que la madera se estaba muriendo desde el año 2014 y solamente vinieron a entregarla en el 2019”, señala una denuncia que conoció EL TIEMPO por varias familias afectadas por el proyecto.

Sánchez cuenta que su padre, Efraín Diomedes Sánchez Andrade (fallecido), firmó el contrato el 21 de febrero de 2005, en sus fincas en el municipio de San Ángel (Magdalena). Luego siguieron otros propietarios de tierra como Ariel Fuentes, Nasser Obando, Cristina Díaz y Luis Manuel Alian Ávila (fallecido).

En las tres fincas de la familia Sánchez utilizaron unas 400 hectáreas de las 500 que poseen y donde tradicionalmente habían mantenido cultivos de yuca, maíz, sorgo, frijol y explotación ganadera. Pero que hace 17 años no ven un peso, por la ocupación de los bosques de madera y el incumplimiento de Finagro y el operador en retribuirles lo acordado o por lo menos dejarlos que limpien el terreno.

A la historia de Guillermo Sánchez se suman otros, como Ariel Fuentes y Nesser Obando, quienes también suscribieron el acuerdo y pusieron sus tierras a disposición de este proyecto que mantiene ocupados sus terrenos sin generarles un peso y afectando su economía.

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Los errores comenzaron, aseguran los afectados, con las improvisaciones y falta de planeación de Finagro y el operador. Lo primero, cuando comenzaron a realizar modificaciones a los contratos. A la sola familia Sánchez le hicieron cuatro ‘otrosí’. Luego el cambio del contrato de participación, es decir, que les debían entregar entre el 25 y 30 por ciento de la madera, por el contrato de arriendo de las tierras.

Luego aparecen cesiones del contrato de operador. Primero Monterrey Forestal Limitada, en el 2007, cede la istración del proyecto de reforestación a la empresa Pizano en Reestructuración S.A. Pero no todo termina allí, Pizano en Reestructuración desaparece para darle paso, el 19 de diciembre del 2014, a la firma Forestal Monterrey Colombia S.A.S. constituida cinco meses antes.

“Le ceden un proyecto de esta magnitud a una empresa que no tiene experiencia, que no está capacitada, que no era idónea para ejecutar este programa”, sostienen los afectados en un documento suministrado a EL TIEMPO.

Lo curioso del asunto es que los representantes legales y directivos de los operadores siguen siendo las mismas personas, como es el caso de Cristina Jaramillo, de Pizano, y ahora es de Forestal Monterrey Colombia S.A.S, y Miguel Rodríguez Melo, quien fue director de investigaciones de Monterrey Forestal Ltda y después Director Forestal de Pizano S.A y pasa a formar parte de Forestal Monterrey Colombia S.A.S. cesión que fue avalada por Finagro, documento que fue obtenido a través de una tutela que interpusieron los afectados.

A las cesiones del contrato se suma un problema no menos grave. Se incumplieron las actividades que se debían ejecutar durante la vigencia del contrato, establecidas en el Plan de Establecimiento Forestal, documento técnico, que asegura la sostenibilidad del cultivo, y hace parte integral del contrato de arrendamiento.

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Según las orientaciones se debían realizar dos entresacas (sacar los árboles en mal estado), durante la ejecución del cultivo, la cual se realizarían en el tercer y séptimo años. Se hizo una, la cual no abarco la totalidad de las fincas y se hizo por fuera del término de los tres años. La no realización de las entresacas produjo que los árboles en algunas zonas de las fincas no se desarrollaran.

Tampoco se hicieron los controles a las malezas, que debían realizarse durante la ejecución del contrato, lo cual propicio que ciertas partes de las fincas los cultivos de melina no se desarrollaran, debido a las competencias que tenía el árbol para crecer.

A ningún propietario les entregaron el informe trimestral como detalla el contrato, algunos propietarios han tenido que acudir acciones de tutela para obtenerlos.

La vigencia de los contratos hace muchos años se encuentra vencida y a pesar de ellos los árboles de Finagro y Forestal Monterrey Colombia S.A.S. siguen ocupando las tierras de estas familias, limitando la explotación agrícola y ganadera. No pueden talarlos porque se exponen a demandas y algunos trabajadores del operador siguen entrando a la finca las veces que quieren.

“Lo peor no pagan un solo centavo por la ocupación de los predios. Contratos leoninos, el cual el damnificado es el finquero, el dueño del predio que tiene que soportar por 17 años que su predio lo estén utilizando otros sin pagar por la tenencia de sus árboles, limitando su derecho al uso, goce disfrute”, subraya el documento de la denuncia entregada a este medio.

Para los dueños de las tierras la desidia oficial que ha rodeado este proyecto, en donde ni la Procuraduría o Contraloría han entrado a revisar la posibilidad de un detrimento patrimonial, ha provocado que una gran parte de la madera que se ha dañado, como consecuencia de la falta de tala, mantenimiento y cuidado mantiene descuadrada las cuentas de la cantidad de árboles que aparecen en el inventario de Finagro.

“Llevamos muchos años solicitando tanto a Finagro como Forestal Monterrey Colombia S.A.S la devolución de nuestras tierras, pero todos los esfuerzos han sido en vano”, enfatizan en el documento los afectados.

Los dueños de la tierra obtuvieron, a través de una tutela, un informe en el que se evidencia el faltante de hectáreas y árboles, esto debido al mal estado y abandono de los cultivos.

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La situación es tan delicada que en estos momentos en la Cámara de Comercio de Bogotá cursa un tribunal de arbitramento por demandas promovidas por Finagro contra los operadores.

EL TIEMPO intentó en reiteradas ocasiones conocer la versión de Finagro sobre la situación de este contrato, pero no fue posible.

Lo cierto es que desafortunadamente hombres como Luis Manuel Alian Ávila y Efraín Diomedes Sánchez Andrade no pudieron volver a cultivar en sus tierras porque murieron en medio del calvario que se les convirtió el plan de reforestación que le ofrecieron hace 17 años y que aún permanece como un invasor en sus fincas.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69

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