En la noche tras el colapso, familias del edificio derrumbado luchan por salvar sus pertenencias en medio del caos

Al final de la noche, al lateral del edificio derrumbado, aún parcialmente intacto, servía de escenario de incertidumbre. Algunos vecinos se arriesgaron a entrar a los apartamentos para recuperar lo que pudieron, desafiando el riesgo de un nuevo colapso.

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Afuera, en los bordillos de las casas vecinas, varias personas se sentaban junto a sus animales, revisando que estuvieran en buen estado tras la tragedia. La incertidumbre y el miedo convivían con la solidaridad de la comunidad.

Barranquilla vivió una jornada de dolor y desconcierto tras el derrumbe del conjunto residencial Privilegios en el barrio Campo Alegre. La tragedia dejó sin hogar a 17 familias y cobró la vida de Neli Insignares, una mujer de 63 años que no residía en el lugar, sino que estaba de visita con su familia. 

Esta noche, los damnificados se enfrentaron al desamparo, refugiados en un espacio seguro gestionado a última hora por la Alcaldía, pero sin sus pertenencias, que esperan recuperar en las próximas horas.

El reloj marcaba las dos de la tarde cuando un temblor sacudió el edificio, un aviso previo al colapso de una de sus estructuras. Ese breve intervalo permitió a los vecinos organizarse rápidamente y evacuar a varios residentes, incluidos cuatro niños, nietos de Neli, que estaban junto a ella en el momento del desastre. 

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Tres niñas y un niño fueron rescatados con la ayuda de la comunidad, aunque una de las menores resultó gravemente herida al quedar atrapada bajo una viga. Con fracturas en una pierna y un brazo, fue trasladada a un hospital cercano para ser sometida a cirugía.  

En medio del caos, los vecinos escucharon golpes provenientes del lugar donde quedó atrapada Neli Insignares. Un joven que participaba en las labores de rescate aseguró que ella aún estaba con vida, pero cuando las autoridades llegaron al lugar, pidieron evacuar a todos los presentes para proceder con sus protocolos.

La demora en las operaciones generó críticas y enfureció a la comunidad. “Si no nos hubieran desalojado, quizás habríamos podido salvarla”, comentó el joven. Sin embargo, las autoridades afirmaron que el estado de la mujer hacía improbable su supervivencia, dado el impacto que recibió durante el colapso.

Neli había llegado a Barranquilla hacía una semana desde Medellín para visitar a sus nietos. Según la familia, esta era una visita especial, ya que planeaba regresar al día siguiente a su ciudad natal.  

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"Los niños estaban felices de estar con su abuela. Un día antes del vuelo, ocurrió esta tragedia", expresó una vecina consternada.

Este derrumbe en Campo Alegre no fue un suceso inesperado, sino un desastre anunciado. Desde hace más de 12 años, las autoridades locales habían solicitado el desalojo de todas las residencias de la zona debido a las fallas estructurales que hacían de este sector una zona de alto riesgo. 

Las autoridades y la Alcaldía de Barranquilla habían advertido sobre el peligro de derrumbes inminentes en varias de estas edificaciones, incluido el Conjunto Residencial Privilegios. Sin embargo, muchos de los habitantes decidieron quedarse, desoyendo las advertencias, principalmente por una razón: la falta de apoyo económico para poder reubicarse.

Según una fuente anónima de la comunidad que conversó con El Tiempo, los residentes no se habían movido debido a la promesa incumplida por parte del Distrito. "Hasta que no me pague el distrito por la casa, no me voy a desalojar", afirmó, explicando que la mayoría de los inquilinos de la zona no pudieron mudarse por falta de recursos, ya que las autoridades, a pesar de que ofrecieron ayuda económica y presuntas opciones viables para su reubicación, nunca se cumplieron. 

Esta situación generó frustración y resentimiento entre los afectados, quienes sentían que su situación había sido ignorada durante más de una década.

Aunque las autoridades externas al problema insisten en que el desalojo debió haberse realizado de manera obligatoria, la realidad para muchos de los residentes era otra.

La fuente anónima, además, comentó que la comunidad sentía que el Distrito debía haber estado más involucrado en el proceso y haber cumplido con sus compromisos para garantizar que las familias afectadas pudieran dejar la zona sin el temor de quedar desprotegidas o sin recursos. 

Según la fuente, hace años que esa zona no cuenta con vigilancia de parte de ninguna entidad del Distrito. 

La falta de acción por parte de las autoridades no solo puso en peligro las vidas de los residentes, sino que también dejó claro que la situación estaba fuera de control mucho antes del trágico derrumbe.