El entramado tras el millonario robo de playas para construir mansiones en el Atlántico

La apropiación de particulares de las zonas de baja mar y de las playas de uso público, propiedad de la Nación, es una realidad que ocurre en los municipios costeros del Atlántico desde hace varios años, a plena luz del día y ante los ojos de todos.

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No tardan las autoridades en restituir un espacio invadido cuando ya otros están ocupando algún punto de los 98 kilómetros de zona que tiene el Atlántico, repartidos entre Barranquilla, Puerto Colombia, Juan de Acosta, Tubará y Piojó.

Es un viejo problema sobre el que hay fallos de altas cortes, intervención de la Fiscalía, denuncias de la Superintendencia de Registro y Notariado, de Registro de Instrumentos Públicos, de las alcaldías, la Capitanía de Puerto, la Policía, comunidades de indígenas, pescadores, comerciantes y residentes. Pero todo pareciera seguir igual.

Lo que deja en evidencia es que detrás de este robo y ocupación de playas hay todo un entramado para realizar oscuros procesos de apropiación de tierras en los que aparecen involucrados notarios, exalcaldes, concejales, empresarios, familias prestantes y dirigentes políticos.

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Algunos de estos invasores sustentan el derecho a la propiedad con amparos policivos que luego de revisiones se demuestran que son falsos. Pero cuentan con la presencia de redes y grupos de particulares con buena asesoría jurídica y hasta con el apoyo de notarios, que están listos para reclamar como propios algunos tramos de las zonas de playas, justamente donde están los mayores atractivos turísticos del Atlántico.

La franja costera del Atlántico, ubicada sobre a margen de la Vía al Mar, que conecta a Barranquilla y Cartagena, es hoy por hoy una de las zonas más cotizadas del Caribe colombiano. Aquí se han establecido desde hoteles, exclusivos condominios, cadenas de restaurantes, marinas, y en la actualidad se ejecuta la construcción del primer centro de deportes náuticos del país.

Esta situación ha desatado feroces luchas por un pedazo de tierra frente a la playa que ya ha dejado más de un muerto en esta zona del norte del país.

En la franja costera de los municipios de Puerto Colombia, Juan de Acosta, Piojó, y Tubará hay unos 500 predios ocupados, ubicados frente a las playas.

El Capitán de Puerto de Barranquilla, el capitán de Navío Jesús Zambrano, asegura que todos los fines de semana se hacen controles y registros de estas zonas de playas ocupadas y se llevan estadísticas.

“Es un problema que sigue creciendo. Es más rápida la ocupación que realizan estas personas que los predios que se recuperan”, dice el capitán Zambrano para explicar que es muy demorada la reacción de las alcaldías locales.

El capitán de Puerto de Barranquilla cuenta que en las playas del Atlántico hay dos tipos de invasores. El primer grupo que son personas que montan una caseta para ofrecer servicios de restaurantes y bebidas como un medio de subsistencia.

Aquí es donde aparecen las casetas o quioscos artesanales que venden refrescos, almuerzos o alquiler de sillas, “y viven de esta actividad comercial”, dice el oficial.

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Pero está el otro grupo que ya tiene otros intereses y que cuentan con dinero para levantar lujosas casas frente al mar a sabiendas que están construyendo en la playa que es un bien de uso público.

“Es gente que se siente dueña de la playa y tira una pared o un muro para hacer cerramientos”, denuncia Zambrano para recordar.

Zambrano asegura que una vez detectan una nueva invasión reportan a las alcaldías locales para que hagan las respectivas recuperaciones a través de una diligencia policial.

De acuerdo con el reporte de la Capitanía de Puerto las zonas más afectadas por las invasiones de playas son Salgar, Caño Dulce, Palmarito y Salinas del Rey.

En esta zona costera no es raro ver camionetas de alta gama que llevan y traen trabajadores para que hagan cerramientos con alambre de púa y troncos en áreas de uso público.

Sobre este tema el alcalde de Juan de Acosta, Carlos Manuel Higgins Villanueva, municipio que tiene 30 kilómetros de playas, le dijo a EL TIEMPO que hay vigilancia permanente sobre las zonas que son susceptibles a ser invadidas, en especial la de baja mar (50 metros de la playa).

“Mantenemos con la Policía vigilancia sobre la línea de playa para evitar estas ocupaciones”, dijo el mandatario, quien aseguró que en estos momentos están a la espera que el Gobierno Nacional asigne los recursos para el proyecto de estabilización de las playas de Santa Verónica, afectadas por la erosión marina, que fue incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

El año pasado se realizó una reunión entre alcalde de la zona costera del Atlántico, la Capitanía de Puerto y la Procuraduría General de la Nación, para analizar la situación de la invasión de playa.

En ese momento el reporte era de 450 predios ocupados de la Nación, hoy la suma ya va en 500, es decir, en estos primeros cinco meses del año el incremento fue un 10 por ciento.

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En esa reunión la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció ya avanzaban 10 investigaciones por robo y ocupación de tierras.

Cabello advirtió que entre los implicados por estas invasiones se encuentran alcaldes, a secretarios de Gobierno, al registrador de instrumentos públicos, coordinadores jurídicos en instrumentos públicos, notarios e inspectores de Policía.

“Se recibieron 16 quejas y se abrieron indagación previa a 10. Así mismo, se recaudó material probatorio”, puntualizó la funcionaria, cuyos resultados se esperan en esta zona del Caribe donde el robo de las playas de todos los colombianos no para.

Leonardo Herrera

Corresponsal en Barranquilla

EL TIEMPO