La decisión del Consejo de Estado de itir una nueva demanda contra el régimen tarifario del servicio de energía, se suma a otro número de acciones judiciales que han emprendido autoridades, gremios, líderes sociales y s ante las altas cortes para tratar de bajar el costo del recibo de la luz en el Caribe Colombiano.
En esta ocasión la demanda fue interpuesta por la Asociación Unión Nacional de Comerciantes, Undeco, que en el Atlántico reúne a unos 6.000 comerciantes.
“Las descomunales, excesivas e insoportable tarifas de energía eléctrica han afectado y continúan perjudicando gravemente a grandes, medianos, pequeños comerciantes e industriales, tiendas, graneros, restaurantes, hoteles, hospitales, universidades, almacenes, bancos, colegios, iglesias, entre otros, y en general a los s de todos los estratos del servicio público de energía en la región Caribe", dijo Orlando Jiménez, presidente de Undeco.
Las descomunales, excesivas e insoportable tarifas de energía eléctrica han afectado y continúan perjudicando gravemente a grandes, medianos, pequeños comerciantes
A su turno el representante de la Liga de s Públicos en el Atlántico, Normal Alarcon Rojas, dijo que hasta el momento van cinco demandas al régimen tarifario contra los costeños.
Destacó que el primero lo interpusieron los alcaldes de la Costa y aparece otra demanda del abogado y concejal Antonio Bohórquez, ambas ante el Consejo de Estado.
Así mismo está la instaurada por el Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte en el Tribunal istrativo del Atlántico. Le sigue otra demanda ante la Corte Constitucional del abogado Carlos Pérez (asesor Jurídico del sindicato eléctrico Sintraelecol).
Ahora está la de Undeco ante el Consejo de Estado. “Bien surtidas las acciones jurídicas, las cuales hay que acompañar con foros, asambleas, plantones, cacerolazos y grandes movilizaciones sociales”, señaló Alarcón.
Un fallo fiscal contra Electricaribe
Por último el líder social recordó que ya hay fallos contra las comercializadoras de energía en la costa, como el proferido por la Contraloría General de la República en segunda instancia en el año 2022, que ordena devolver a Electricaribe en Liquidación y a su revisora fiscal más de 500.000 millones de pesos.
“Se los había embolsillado Electricaribe en manos de Gas Natural Fenosa entre los años 2011 y 2016; recursos que en buena parte ya fueron devueltos al Tesoro Nacional (Ministerio de Hacienda) y que este, según oficio dirigido al suscrito como parte interesado en este proceso desde el año 2017, dice que no puede devolver dicha plata a 500.000 familias de las más pobres de la Costa Caribe porque no hay una norma que lo indique”, puntualiza.