'Buscar una mesa de diálogo, cuando están atacando es incoherente': alcalde de Tuluá

El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, habló sobre la difícil situación que atraviesa su municipio tras los hechos de violencia registrados el sábado pasado en este municipio del Valle del Cauca.

La ola de violencia se desató tras la captura de Mauricio Marín Silva, conocido también como ‘Nacho’ o ‘la N’, y señalado de ordenar la incineración de carros, entre ellos, un taxi y un furgón en 2023.

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Mauricio Marín Silva también es señalado por las autoridades como el autor de las múltiples amenazas en contra de Gustavo Vélez.

El mandatario habla sobre las amenazas en su contra y la situación de seguridad en este municipio, que hoy, gracias a la llegada de más de 160 soldados, ha contado con seguridad y un regreso a la normalidad que aún se siente extraño por los hechos presentados.

Además, el mandatario se refiere a la intención de este grupo criminal de hacer parte de negociaciones de paz con el Gobierno Nacional, la cual manifestó a través de un comunicado conocido el lunes.

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Según el mandatario, este grupo no puede referirse a un acuerdo de paz si no existe voluntad en dejar de delinquir, y más cuando se registran hechos como los que este fin de semana dejaron dos muertos y cuatro heridos, entre ellos un niño de un año y dos mujeres.

Tuluá está tranquilo. Nosotros logramos, con el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército, controlar la situación, a eso de las 10 de la noche aproximadamente de ese 10 de febrero. La presencia del Ejército fue bien importante para poder lograr este objetivo, y a partir de ese momento hasta el día de hoy, la situación ha estado muy normal.

Se pudieron colocar puestos de control en las entradas y salidas de la ciudad, y se están haciendo operativos en diferentes barrios, en diferentes zonas del municipio a nivel local. Hay una presencia muy fuerte, tanto del Ejército como de la Policía, y hemos tenido el apoyo de la ciudadanía que para nosotros eso ha sido muy importante. La gente misma se ha ido encargando de entregar información, de entregar los datos, de colaborar muchísimo con las autoridades.

El día sábado decretamos toque de queda y el domingo también, una medida excepcional que no continuó el lunes. Ese 12 de febrero, en consejo de gobierno ordenamos la restricción de circulación de motos a partir de las 11 de la noche.

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Cuando asesinaron a una persona en el sector de Aguaclara, impactaron con una bala perdida a un niño de 12 meses en una pierna, inicialmente parecía que su condición era leve y parece que después se complicó y está entubado. Parece que tiene problemas cardiovasculares y está en una condición muy complicada. Johnny Castaño (uno de los dos guardas de tránsito que fueron víctimas de atentados) recibió siete disparos y ha tenido dos operaciones. Sigue en cuidados intensivos. El asesinato del agente César Augusto Hernández fue un acto miserable. Era una persona que estaba enferma, tenía incapacidad de varios meses, entran a su casa y lo asesinan sin misericordia.

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En la istración anterior hubo una participación activa de esa banda delincuencial. En la istración municipal ocuparon espacios en Planeación, Hacienda, Gobierno, Comunicaciones y Movilidad, pero resultó más afectada Movilidad. Hubo varios atentados, como el de personas que denunciaron actos de corrupción, entre ellos Marco Efraín Montalvo, en 2021, y ahora vuelve a presentarse contra dos agentes de tránsito.

Lo que hemos venido evaluando es que todavía hay presencia de personas en el interior en esa dependencia (Movilidad) que tienen una relación directa o indirecta con la banda.

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Creemos que lo sucedido es una retaliación en contra de aquellos agentes que nunca quisieron participar en actos delictivos, que no aceptaron ni acataron órdenes de quienes dirigían el Departamento de Movilidad. También es una retaliación por los operativos en los primeros días del año en establecimientos, se habla de que algunos son de la banda delincuencial ‘la Inmaculada’ y esto ha llevado a más de 80 allanamientos y más de 60 capturas.

Sí, este año. Es que lo que se ha hecho en los últimos 45 días ha sido mucho más de lo que se hizo en los últimos tres años en Tuluá. Esta banda fue intocable durante el período de la istración municipal anterior, y de ahí viene su fortalecimiento y por eso esa retaliación. Se habla, inclusive, de que iban a atentar contra cinco funcionarios, que van a atentar porque la amenaza está latente. Son dos secretarios de despacho y tres concejales. Al final, las autoridades a través de inteligencia pudieron anticipar un poco esta situación.

Tuluá tiene 160 soldados y cerca de 280 policías que, además, son policías adicionales. La ciudad sigue militarizada, hay operativo, hay un control de las autoridades y labores de inteligencia.

A mí me parece que lo primero que tiene que haber es una demostración real de querer llevar un acuerdo y con la intención de no seguir perjudicando a la población local, porque cuando hablan de gestos de paz, pero siguen extorsionando, amenazando, sigue la manipulación de productos, siguen los asesinatos, hay una incoherencia entre lo que están buscando y lo que están haciendo ahora.

La decisión de negociar es solamente del Gobierno Nacional y en eso hay una equivocación de los líderes de la banda. No tengo la capacidad de negociar y no puedo hacer acuerdos por debajo de la mesa con ningún grupo criminal. Yo pienso que el Gobierno podría plantear algunas alternativas, siempre y cuando esta gente dejara de actuar en contra de la ciudadanía, tiene que haber coherencia, pero buscar una mesa de diálogo cuando están atacando no es coherente. La banda ha cometido más de 1.000 homicidios en los últimos 10 años. El Gobierno no está hablando de diálogos, sino de sometimiento, pero no bajo presión ni chantaje.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

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