El paso entre Valle del Cauca y Cauca quedó cerrado, en forma intermitente, desde la madrugada ante una protesta en la que se reclama que se cumpla con servicios para estudiantes de instituciones oficiales.
Desde las 6:00 de la mañana del 6 de febrero, un grupo de personas salió a protestar en la carretera Panamericana, entre los municipios de Jamundí, sur del Valle, hacia el norte del Cauca.
Los manifestantes dicen que son padres y madres de familia cuyos hijos no tienen el transporte escolar. En unos casos, para el recorrido a centros educativos, deben atravesar una vía de alto movimiento de vehículos.
Jhon Jairo Jurado, uno de los voceros de la protesta, asegura que han ido de 'mesa en mesa' para diálogos que no solucionan la situación cuando ya se inició el año lectivo en esa localidad. "La educación no se mendiga. Hay personas de la zona rural que deben caminar 12 kilómetros para llegar a su colegio".
El comerciante Julián Bedoya, uno de los voceros de la protesta, dijo no hay una respuesta concreta a la petición de las comunidades Terranova, Bonanza y Las Flores. "Tres años en el gobierno, muchos videos y poca atención. No es un bloqueo total, sino un 'plan tortuga' para que se conozca la situación".
Bedoya, quien fue parte del proyecto del actual gobernante y ha sido su amigo desde infancia, dijo que creyó en sus ideas frente a la política tradicional, pero no ha cumplido.
El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, dijo que no entrará en debates con personas que le han pedido beca, carro y otros, pero su perfil académico. "Es un tema personal que no va a resolver situaciones. Si tiene denuncias que las ponga ante las autoridades".
Bedoya dijo que no pertenece a ningún grupo político y que esperaba que el alcalde fuera un cambio, pero no está cumpliendo con lo que se requiere para la comunidad.
El gobernante dijo que Jamundí es un municipio al que le ha tocado sortear un crecimiento de su población y que la politiquería, que no ha dado soluciones, ahora pide que se haga en un solo momento, cuando se requieren acciones de corto, mediano y largo plazo.
Explicó que "el municipio creció de manera exponencial, sin poner a tono su infraestructura educativa. Lo primero que hicimos con la Procuraduría Ambiental fue suspender las licencias de nuevos urbanismos, en un fallo que salió el pasado 4 de febrero de 2021. Eso no significa que se deje de construir, sino que se dejen de habilitar tierras para esos desarrollo"
"Si se revisa en 2019, antes de terminar el pasado gobierno, se licenciaron 16.000 unidades de vivienda que hoy generan mayor presión por necesidades educativas, de salud, de movilidad. En este mandato han sido 6.000 unidades. Por supuesto, eso contrasta con lo que se aprobaron en el periodo 2007 a 2019 que fueron más de 50.000 unidades", dijo Ramírez.
El mandatario dijo que se hizo un proceso para el transporte escolar y se presentaron 11 entidades, pero solo dos pasaron los requerimientos.
Sin embargo, de acuerdo con Ramírez, el trámite fue declarado desierto porque uno de los oferentes presentó un documento que sería falso a nombre del Ministerio de Transporte y una Secretaría de Movilidad en Caldas. El otro tendría una falsedad de un documento disciplinario.
Siguen 10 días para que los dos proponentes respondan y se verifique la situación, antes de acudir a una instancia de la justicia.
El gobernante dijo que en este mandato se pasó de 16.500 a 21.300 estudiantes. Al llegar al cargo se tenían 2.000 estudiantes por fuera del sistema. Hasta el 31 de enero estaban pendientes de matricular 530 que serán registrados en las próximas semanas.
Ramírez dijo que se requiere construir colegios para un remedio pleno. Considera que debe ser en el sur del municipio en sectores como Terranova, Marbella, Las Flores y Bonanza. Pero el 70 por ciento de los cupos están en zonas rurales como La Liberia, Villacolombia, San Antonio, TImba, Robles, Quinamayo y Villa Paz.
Hay tres obras en proyección. El primero colegio será entregado en mayo para mil estudiantes. Los otros dos se construirán desde mediados del año.
El Alcalde dijo que Jamundí, en educación, fue certificado en 2010 y ese día el municipio asumió la deuda pensional del magisterio, por 32.000 millones de pesos, de la Fiduprevisora.
"En 10 años, de 2007 a 2019, se pagaron unos 200 millones de pesos. En este gobierno se han entregado 1.485 millones por pasivos pensionales. Eso ha permito que el MInisterio diera la primera viabilidad de nueva planta docente", de acuerdo con el Alcalde.
Así, dijo Ramírez, "en marzo de 2021 se logró que fueran abiertos cupos para 86 docentes y un rector. En diciembre se le solicitó al Ministerio que priorizara 131 plazas docentes, para las cuales se debe hacer pago de unos 700 millones de pesos a la Previsora y conseguir esos cupos docentes".
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