Emcali frena el pago a dos contratistas para salir de las dudas

En un comunicado, Empresas Municipales (Emcali) informó que se suspendieron los pagos a dos consorcios ante informaciones de la Fiscalía y a la espera del reporte de un banco sobre la veracidad de sus documentos, para la garantía del caso.

La entidad municipal sostiene que no ha encontrado en sus bases de datos contrataciones con Centros Poblados, firma que está enredada en el escándalo de contratación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

Pero sectores políticos mantienen reparos sobre las contrataciones.

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La Unión Temporal (UT) Centros Poblados es una firma a la que el Ministerio contrató y le entregó un anticipo de 70.000 millones de pesos en una licitación en controversia. La firma se defiende.

El nombre de Emcali fue citado en una de las audiencias y la entidad salió a responder que no está en sus bases de datos ningún contrato con esa UT.

Pero el organismo investigador también citaría a dos consorcios que tendrían contratación con las Empresas Municipales de Cali con cartas crédito (respaldo financiero) expedidas por un banco y que serían presuntamente falsas.

En un comunicado, Emcali informó que se suspendieron pagos a esas firmas mientras que “se aclara la legalidad de documentos”,

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Por ahora, se acudió a una auditoría tecnológica, al manual de la base de datos de sus contrataciones y se solicitó al banco revisar las garantías presentadas por esos consorcios.

Aunque “los contratos se encuentran en ejecución” sin inconveniente alguno, desde Empresas Municipales insisten en que no se han entregado anticipos.

Emcali informó también que revisa los documentos aportados por los oferentes interesados en sus procesos licitatorios y bajo principios de la contratación y la buena fe. 

El concejal Roberto Ortiz, quien fue candidato a la Alcaldía de Cali, dijo que "empieza a sonar un escándalo con Emcali. La Fiscalía tendría pruebas de falsificación de documentos en la contratación de esta empresa, el gerente debe aclarar estos posibles hechos de corrupción".

La concejala Diana Carolina Rojas solicitó la renuncia del gerente y secundó al concejal Ortiz. Anotó que son múltiples las denuncias de irregularidades en la contratación. "Alcalde: Pronúnciese y tome acción sobre lo que ocurre en Emcali. Aquí debe haber responsabilidad política suya y de la junta directiva".

Sintraemcali informó que los contratos con esos consorcios, por 6.212 millones de pesos (uno por 3.798 millones y otro por 2.414 millones) son para tareas de reparaciones en Puerto Mallarino, planta de tratamiento de agua de la que depende un 80 por ciento de la población.

El Sindicato solicitó al Alcalde de Cali, "una vez más, tomar los correctivos necesarios para impedir que acciones de corrupción y antigestión afecten las finanzas y el buen nombre de la Empresa.. Anota que su compromiso político es con la Empresa y no comparte el oportunismo político del uribismo en cabeza de María Fernanda Cabal, Roberto Ortiz, al igual que los concejales de los cacaos de Cali, Diana Carolina Rojas, quienes solo buscan réditos políticos".

En el debate también está el contrato suscrito con la Empresa Regional de Telecomunicaciones (ERT). El concejal Juan Martín Bravo cuestiona que se subcontrató.

Luis Fernando Cárdenas, quien salió esta semana de la Gerencia Comercial de Emcali, respondió que ese contrato se realizó para ejecutar unas actividades que han estado a cargo de empresas del sector privado, como el manejo del center y de los centros de atención, que se venció el 31 de octubre de 2020.

La escogencia se hizo mediante invitación abierta a 4 empresas, de las que 3 respondieron con propuestas. Así se escogió la empresa ERT con todos los requisitos, dijo. El contrato, por 18.496.000 pesos, se activó el primero de noviembre 2020.

Según Cárdenas, esas actividades antes eran contratadas por unos valores superiores a 20 mil millones de pesos. La duración del contrato es de 14 meses y ya van 11.

La ERT ya habría tenido contrataciones con el Senado de la República y la Gobernación del Valle. Cárdenas sostiene que no renunció por irregularidades y dijo que el concejal puede denunciar, pero no especular y afectar su nombre.

El concejal Harvy Mosquera dijo que en el ambiente queda que "al Concejo se trajo un proyecto de Acuerdo para hacer más competitiva la entidad de servicios públicos ampliando su objeto social, pero más bien pareciera que al interior de la compañía lo habrían convertido en la vía para contrataciones directas y firma de convenios istrativos, que hoy generan dudas y tendrían visos de ilegalidad”.