El dosier que narra detalles del asesinato de periodistas ecuatorianos

Las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra aún esperan de los gobiernos de Ecuador y Colombia acciones de reparación integral por los asesinatos de los tres integrantes del diario El Comercio.

Y en especial esperan conocer toda la verdad de lo que sucedió desde que fueron secuestrados en suelo ecuatoriano, en Mataje hasta que los mataron en la vereda Los Cocos, de Tumaco, en territorio nacional, en jurisdicción de Tumaco.

Tras casi dos años de estos crímenes atribuidos al frente ‘Óliver Sinisterra’, que estuvo comandado por Wálter Patricio Arizala, conocido como ‘Guacho’, el informe que más los acerca a parte de esa verdad que han venido reclamando a ambos países es del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sus conclusiones se conocieron en diciembre pasado y, desde entonces, las familias han emprendido con más fuerza toda una cruzada para que estos crímenes no queden en la impunidad.

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De hecho, el mismo informe recalca que aunque el Gobierno colombiano justificó la baja de ‘Guacho’, el 21 de diciembre de 2018, en una operación cerca de Tumaco, su muerte dejó más interrogantes que respuestas y tres crímenes que aún siguen sin esclarecer para capturar a todos los responsables.

De hecho, las familias siguen buscando entender cómo fueron las acciones de ambos países, si se hubiera podido evitar sus asesinatos y haber logrado un canje por disidentes detenidos en el vecino país.

EL TIEMPO conoció por uno de los abogados de las familias que han venido solicitando a la Fiscalía General de la Nación más información en aras de tener toda la verdad y de que hayan más detenidos, pero la respuesta ha sido que las investigaciones están avanzando, bajo la reserva, teniendo en cuenta los procedimientos judiciales y los mismos protocolos, según las legislaciones en Colombia. El informe también recalca esta petición.

El informe de la ESE de la CIDH ratificó que el equipo periodístico fue secuestrado el 26 de marzo de 2018, en La Parroquia, zona de Mataje, en Ecuador, y el recorrido hacia su muerte pasó por El Pan, cantón de San Lorenzo, lugar por el que habrían atravesado la frontera para llegar a territorio colombiano.

De allí, habrían sido conducidos a la zona conocida como El Playón, donde se encontraba el jefe del Frente ‘Oliver Sinisterra’ según la versión de alias Cherry, capturado en ese 2018.

'Cherry', identificado como Gustavo Angulo Arboleda, era el encargado de los secuestros en el grupo de ‘Guacho’ y fue capturado dentro de otra investigación por el asesinato de tres investigadores de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información suministrada al ESE por las autoridades colombianas, el 26 de marzo de 2018, en Mataje, dos integrantes del frente ‘Óliver Sinisterra’, de origen ecuatoriano, retuvieron a los integrantes del equipo periodístico de El Comercio.

Aunque tenían la orden de alias Guacho de dar muerte a cualquier extraño que se encontraran en ese poblado, consultaron si debían proceder así por tratarse de periodistas de un medio de comunicación reconocido.

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Tras algunas consultas, la orden de alias ‘Guacho’ fue la de conducirlos a territorio colombiano donde, supuestamente, les daría una entrevista.

El mismo informe de la CIDH también indica que luego de que los tres de El Comercio pasaron a territorio colombiano, en Montañitas, fueron llevados a una zona llamada La Mina y de allí al sitio donde fueron asesinados. Los cuerpos fueron enterrados en un área de la vereda Los Cocos, de Tumaco.

“(…) A los secuestrados se les movía cada dos o tres días y que, una semana antes de su asesinato, ‘Pitufo’, quien tuvo un accidente en una lancha, dejó a ‘Reinel’ al mando de la tropa y de la guardia de los secuestrados. Esto sucedió en la vereda El Azúcar, donde los secuestrados permanecieron en una casa de madera que es del hermano de ‘Reinel’, por el lapso de cinco días”, sigue detallando el informe de la Comisión.

La persona identificada con el alias de Reinel es Jesús Vargas Cuajivoy. El hombre fue capturado en junio de ese 2018 por las autoridades colombianas y vinculado como otro de los responsables del secuestro, cuyo móvil fueron fines políticos, “consistentes en presionar al gobierno de Ecuador” para que liberara a tres detenidos a cambio de la libertad de los secuestrados.

Estos detenidos eran del frente ‘Óliver Sinisterra’ y se hablaba en un comienzo de buscar un canje por los plagiados.

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El informe dice, además, que “no se halló evidencia de que las víctimas estuvieran sometidas o atadas en el momento en que fueran asesinadas. Los disparos se hicieron, aproximadamente, a una distancia de 1,20 metros, es decir, a larga distancia, lo que tampoco coincide con patrón de ajusticiamiento o ejecución”.

A Javier Ortega lo mataron por tres impactos; a Efraín Segarra le dispararon dos veces; y el reportero gráfico Paul Rivas tuvo seis heridas.

“El ESE reconoce que el presente informe no tiene el objetivo de establecer responsabilidades de los Estados, pero sí parece evidente que las victimas perdieron la vida en el marco de un conflicto protagonizado por un grupo armado terrorista que actúo a ambos lados de la frontera, y cuyos efectos deben involucrar un análisis a la luz del deber de prevención, protección y procuración de justicia por parte de ambos Estados”, anota el documento.

Para los familiares, este informe es, quizá, una de las mayores aproximaciones a la verdad que han venido reclamando, inclusive, desde el mismo momento del secuestro.

Las familias, a través de sus abogados y en comunicados, han manifestado este año que, sobre todo, el gobierno de Ecuador les habría ocultado lo que ocurría en un comienzo.

Así mismo, el Gobierno colombiano, como lo recalca la CIDH, ha señalado que no hubo operativos para rescatar a los secuestrados y que hubo acciones de inteligencia, centradas en precisar la ubicación de los secuestrados, a través del rastreo de teléfonos celulares.

Los asesinatos de los tres integrantes de El Comercio habrían ocurrido, según los expertos forenses en Colombia y videos analizados, entre el 3 y el 13 de abril de aquel 2018.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

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