Invasiones de tierras en Valle y Cauca: gremios y agricultores con más de 700 denuncias

Los empresarios, agricultores y comerciantes de la región del Valle del Cauca y del norte del Cauca reclaman que han sido objeto de agresiones sistemáticas a la propiedad privada por varios años, dejando pérdidas económicas, inestabilidad social por la ampliación del conflicto hacia otras regiones.

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También hacen cuestionamientos sobre la seguridad jurídica y el papel del Estado al considerar que debe garantizar la libre empresa y defender la propiedad privada. Este es el llamado de gremios de ingenios azucareros, empresarios y agricultores con Procaña.

"Consideramos fundamental mantener actualizados a nuestros afiliados con información sobre la normatividad relacionada con procesos de tierras, las gestiones que hemos adelantado en instancias gubernamentales para solicitar que se restablezca la seguridad jurídica afectada por invasiones a predios agrícola productivos, urbanizaciones ilegales, acciones de grupos al margen de la ley entre otros", dijeron al convocar el seminario 'Seguridad jurídica de la propiedad privada', este primero de febrero en el Club de Ejecutivos de Cali.

En el norte del Cauca, las ocupaciones se mantienen por indígenas, campesinos y algunos afrodescendientes. En el Valle han habido quemas de maquinaria en este 2024, pero esta situación viene desde hace casi 18 años.

Justamente, sobre los mecanismos jurídicos que los gremios hicieron énfasis para contar con herramientas de defensa, pero con la garantía del Estado, mencionaron la acción policiva de amparo a la posesión, acción preventiva por perturbación, proceso de reparación directa, tipo penal de invasión de tierras, tipo penal perturbación a la posesión sobre inmueble, acción reinvindicatoria y proceso de restitución de tierras.

“Esta es una situación muy compleja que arrancó con un predio invadido en el norte del Cauca y ahora llevamos más de 5.000 hectáreas (en el norte del Cauca). Esta es una problemática que nació allá y se ha ido extendiendo a otras zonas del país. En la Junta directiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle (SAG)  ya se han registrado otros sectores atacados: palma, ganadería y en la zona oriental temas de arroz. Los mecanismos legales están, pero la problemática aún sigue”, dijo la directora ejecutiva Procaña, Martha Betancourt.

"Procaña ha venido adelantando diversas gestiones de manera individual y colectiva con la sociedad de agricultores y ganaderos del Cauca, del Valle", anotó.

"Con Asocaña, con las autoridades, se han adelantado procesos desde hace muchos años. Uno de los temas que se trabajó en octubre de 2022 fue la creación de la mesa del norte del Cauca a través de la resolución 1691 donde el Gobierno convocó a diversos ministerios y a los grupos étnicos ASIC, PCN, Anuc y los grupos que hacen presencia en el norte del Cauca", dijo la directiva.

Aseguró, además: "También invitaron a los gremios, Procaña hace parte de la mesa, tenemos cuatro voceros que son productores. Se han adelantado muchos diálogos, pero como todos lo sabemos desde ayer está bloqueada la vía panamericana nuevamente. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó la finca La Emperatriz a indígenas. No obstante, en ese mismo día se registró un bloqueo por parte de un cabildo a la vía Panamericana”.

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La directora ejecutiva dijo también: “Lo que vemos aquí es una violación del Estado de derecho, entendemos que hayan incumplimientos del Estado y que las comunidades hagan los reclamos, pero lo que no se puede es vulnerar el derecho de los colombianos.

Siempre lo que hemos solicitado como gremio es que se respete la propiedad privada, que los agricultores que han sido afectados se les restituyan los derechos. Hay más de 700 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación”.

“En este momento, los delitos de invasiones se han cometido en el norte del Cauca entre Corinto, Caloto, Miranda y Santander de Quilichao. En el Valle del Cauca hoy no registramos los hechos, pero si entendemos que hay algunos municipios donde personas van y preguntan de quién es la finca con interés en comprarla”, sostuvo la directora Betancourt. "Registramos 5.000 empleos perdidos, 6 trabajadores asesinados, 14 heridos y 15 secuestrados", afirmó.

“Tenemos varias preocupaciones: primero, lo que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 61 y 62 (uno de ellos está demandado ante la Corte Constitucional, ya con unas demandas que fueron aceptadas. Segundo, además de la seguridad jurídica la seguridad física", manifestó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAG), Jorge Bedoya.

"A este venía la presidenta de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca pero por el bloqueo que hay en la vía Panamericana desde la vía de ayer (31 de enero) no va a poder venir. Eso genera una sensación de inseguridad e incluso hasta de temor por parte de los propietarios legítimos que hay en el norte del Cauca", expresó.

"Ahí es donde se requiere que el Estado participe de manera muy activa ¿Cómo? Arreglando las normas que no están bien, garantizando la seguridad física y tercero dejando claridad que las invasiones de predios que están siendo explotados, y aún si no lo estuvieran, tienen que contar con todas las garantías por parte del Estado colombiano”, aseveró Bedoya.

El pasado 18 de enero, los gremios denunciaron que más de 127 hectáreas de plantaciones forestales han sido calcinadas en incendios provocados. La denuncia la formularon el Comité Intergremial y Empresarial del Valle (CIEV), Asocaña, Procaña y la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas).

Las conflagraciones fueron en ese entonces en las fincas San Quin, Anhelos, El Piñal y Esmeralda, ubicadas en los municipios de Dagua, La Cumbre y Vijes, en el centro y en el suroccidente de la región.

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“Es hora de que las autoridades tomen medidas definitivas para que estos hechos que exponen a los trabajadores del campo, deterioran el medioambiente y desestabilizan a la región, ya no sucedan más”, dijo la presidenta de Asocaña, Claudia Calero.

Para el CIEV, "dejan graves daños en los ecosistemas, así como en la calidad del aire en la zona. Es importante tener en cuenta que los procesos de reforestación comercial son una fuente de empleo que además se llevan a cabo en suelos degradados, aportan al cambio climático y generan carbono positivo".

En un comunicado, también se indicó: "Agradecemos el esfuerzo de los bomberos voluntarios, así como de la comunidad por controlar este incendio. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades y a la Fiscalía para que identifiquen a los responsables de este hecho y se apliquen las sanciones correspondientes. Rechazamos de manera contundente que este tipo de situaciones se presenten, vulnerando el medioambiente, así como los derechos a la vida y al empleo".

Estos ataques se suman a los del año pasado en predios y haciendas donde se siembra caña de azúcar, tanto en el Valle, como en el vecino departamento del Cauca.

El rechazo también provino de Fedemaderas, porque se "ponen en riesgo la biodiversidad y la economía regional".

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"Estos atentados inaceptables, que continúan sucediendo en nuestro país de manera reiterativa, exigen nuevas y mejores acciones articuladas con la fuerza pública, con la sociedad y con las autoridades ejecutivas, departamentales y nacionales para su detención, así como para llevar ante la justicia a los responsables", sostuvieron en este gremio.

Las autoridades están buscando a los autores de estos hechos. Por ahora, se indagan con testigos y con testimonios de lugareños retaliaciones contra los dueños y trabajadores de estas propiedades.

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Entre las hipótesis que las autoridades manejan estaría delincuencia o grupos armados al servicio de fuerzas ilegales.

En el valle geográfico del río Cauca, en cinco departamentos, hay más de 241.000 hectáreas sembradas de caña, de las cuales, el 75 % pertenece a productores independientes que han tenido que sufrir ataques, según los mismos gremios.

Para indígenas del Cauca, esta es una lucha de liberar la tierra, como dicen, no solo desde que los nasas están en las haciendas, hace 18 años, sino de siglos pasados. “Es una lucha histórica”.

El norte del Cauca, de 349.714 hectáreas, ha sido una caldera en los últimos dos años por confrontaciones que involucran no solo a los indígenas. También a comunidades afros, campesinos mestizos, trabajadores de ingenios y a la Policía, completando casi dos décadas de estas luchas sin cesar y que han dejado a su paso más de una veintena de muertos y 700 heridos.

A lado y lado de la vía Panamericana, la columna vertebral que atraviesa todo este departamento para comunicarse con el interior del país, aún se mantienen las ocupaciones e invasiones –como se refieren en el Gobierno Nacional– de predios con extensos cultivos de cañaduzales.

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Estas tomas siguen en los municipios Caloto, Corinto, Padilla, Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Guachené y Miranda.

Al tiempo, gremios e ingenios azucareros viven en una encrucijada, pues reiteran como lo han venido haciendo que estas invasiones repercuten en empleos.

Los gremios de la agroindustria de la caña dicen que en el norte caucano se generan 50.000 empleos, y que por confrontaciones y ocupaciones se ha afectado la productividad de mucho más de mil hectáreas.

CALI