Estos son los contratos que enredan al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina

El mismo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que está viviendo una semana de Pasión con Viacrucis, inclusive, desde mucho antes de Semana Santa. 

Desde la semana pasada, la Contraloría dispuso embargo a las cuentas y bienes del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por presunto incumplimiento de contrato e intermediación innecesaria entre la imprenta departamental del Valle del Cauca (Impretics) y la Unión Temporal Windetec.

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En el caso de la Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción de la Contraloría, el ente dictó embargo por el convenio interistrativo para mantenimiento de 129 cámaras de vigilancia de la Policía, con supuesto detrimento patrimonial de $ 1.854 millones.

En un comienzo se hablaba de un arreglo de estos dispositivos por unos $ 400 millones.

El contralor Carlos Rodríguez dijo que "son procesos de responsabilidad fiscal con medidas cautelares que también comprenden Emcali".

Con todos esos contratos, sumados los de Emcali, el total sería no solo de los 1.854 millones, sino de hasta $ 700.000 millones. Por ello, se planteó el embargo de cuentas del alcalde y de contratistas del mismo distrito. Se trata de 45 cuentas bancarias. 

Según la Contraloría, el presunto detrimento en la empresa de servicios públicos sería de alrededor de $ 14.000 millones para obras de tratamiento y aducción para llevar agua a unos 700.000 ciudadanos.

La Contraloría compulsó copias de su investigación a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación. 

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El año pasado, luego de una audiencia pública en la que se recibieron quejas ciudadanas, la Contraloría General asumió la vigilancia y control fiscal de los recursos involucrados en contratos de la alcaldía de Cali, entre las vigencias 2019 y 2022.

También ordenó ampliar el alcance de la actuación fiscal iniciada en Emcali para cubrir una parte de la vigencia 2022, así como las de 2019 a 2021 y atender varias de las denuncias recibidas en la misma audiencia pública.

Según informó la Contraloría, para ejercer este control prevalente se tuvieron en cuenta las denuncias fiscales, alertas tempranas e insumos informativos presentados por la ciudadanía; además que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) realizó un informe de analítica de datos sobre la contratación de la Alcaldía, a partir de una muestra selectiva que comprende las vigencias fiscales 2019 a 2022 inclusive, periodo en el que se gestionaron 115.094 contratos, por $ 6,2 billones.

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Mediante la Resolución Ordinaria Número 1374 del 20 de octubre de 2022, el Contralor General ordenó asignar a la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras la vigilancia y control fiscal de los recursos endógenos involucrados en la gestión fiscal del municipio.

Igualmente, se asignaron a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana los procesos e intervenciones de control fiscal participativo que surjan de esta nueva intervención funcional y de las denuncias que recibió el Contralor General por parte de la ciudadanía.

En cuanto a la ampliación de la actuación fiscal sobre Emcali, que realiza la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, tiene que ver con denuncias ciudadanas sobre la gestión contractual de la empresa.

Así mismo, se sustenta en un informe de analítica de datos de la Diari sobre la contratación de Emcali de las vigencias fiscales 2019 a 2022, a partir de una muestra selectiva de 2.198 contratos, por $ 1,7 billones.

Un informe dice, de manera preliminar, que existen malas prácticas recurrentes en contratación, caracterizadas por la concentración de contratistas, selección directa que beneficia a un entramado de consorcios y/o uniones temporales, cuyas condiciones de contratación ponen en riesgo los recursos públicos involucrados.

La Procuraduría también abrió investigación de contratos por $ 63.000 millones con un primo del alcalde Jorge Iván Ospina, los cuales, se suscribieron para distintos propósitos y dependencias de la Alcaldía, entre ellos, el Departamento istrativo de Gestión del Medioambiente (Dagma) y la secretaría de Vivienda de Cali.

De acuerdo con la Procuraduría, al parecer, la alcaldía de Cali "habría realizado múltiples negocios jurídicos con Christian Moreno Herrera, quien tendría parentesco con el alcalde Jorge Iván Ospina Gómez, situación que conllevaría a una presunta vulneración del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones”.

Uno de los contratos es por $ 27.000 millones para uno de los cinco tramos del proyecto de convertir el ascenso al cerro Cristo Rey en un corredor ambiental. 

El tramo 1 es el de urbanismo que acompaña la conexión entre el Centro Tecnológico de San Fernando, al lado del Hospital Universitario del Valle y llegando hasta la parte de la Universidad del Valle.

El tramo 2 comprende desde la Universidad del Valle, sede San Fernando, a través del terreno llamado La Morelia hasta llegar a la zona de la avenida Circunvalar, vía a lo largo del suroccidente y el occidente de Cali.

El tramo 3 va desde la Circunvalar hasta la zona La Tanqueta, en la vía a Cristo Rey y pasa por el asentamiento Brisas de Cristales.

El tramo 4 está desde La Tanqueta hasta el monumento. El tramo 5 comprende el monumento y sus zonas aledañas.

La fase 5 es la del monumento y zonas aledañas, con un área de 9.500 metros cuadrados (equivale al tamaño de una cancha de fútbol). Esta es la etapa cuyo  contrato cuestiona la Procuraduría y con el cual se iniciaron los trabajos desde el año pasado. 

El concejal Roberto Ortiz, quien en las pasadas elecciones a la alcaldía de Cali obtuvo la segunda votación en contienda con Jorge Iván Ospina, hizo la denuncia. 

Los candidatos a la Alcaldía han controvertido a Ospina.

Ante el planteamiento de la excongresista Catalina Ortiz para que se retire, el Alcalde responde que no le presta atención a una candidata a la alcaldía: “Que nunca le ha prestado a nuestra ciudad un servicio de importancia”.

Diana Carolina Rojas, exconcejal y exfuncionaria del gobierno pasado en Cali, dice que es el resultado de denuncias que llevó a una audiencia pública.

“No existe un fallo, no existe una sanción, no existe alguna evidencia de que se haya perdido algún tipo de recurso, pero la Contraloría en una decisión preventiva, que tiene derecho a adelantar, ha congelado las cuentas del Alcalde y yo entiendo y asumo la decisión tomada”, dijo y anotó que “no es el alcalde el que ejecuta, sino que se delega el proceso contractual en los secretarios de despacho, lo que significa que el alcalde no participa de los procesos, ni de la identificación de los proveedores de la Alcaldía”.

Sobre la participación de un pariente en la contratación, Ospina respondió: “Mi madre tiene un primo hermano que tiene un hijo, llamado Cristhian Moreno, contratista de Cali desde el gobierno Guerrero firmando en esa época 16 contrato y 26 contratos en el gobierno Armitage. Él concursa en nuestra Alcaldía, gana contratación pública y no hay parentesco directo conmigo”.

Añadió que Moreno, por tener experiencia con el Estado, esto le permite seguir contratando y esas nuevas contrataciones las ha realizado a través de pliego tipo con contratación abierta. “Ganó en el Dagma, en Vivienda y en Deporte, por licitación y no contratos directos”.

Para el gobernante, se trata de una “estratagema política diseñada en el interés de los proyectos. No se han entregado proyectos a dedo ni se han quedado con el dinero público. Hizo énfasis en que los recursos embargados provienen de sus salarios en la vida pública desde cuando fue director de hospital, secretario de despacho, senador y mandatario.

CALI