¿Participaron funcionarios de la Asamblea en secuestro de diputados del Valle?

“Damas y caballeros, desalojen el edificio”. La amenaza de una bomba en la Asamblea del Valle del Cauca, en las instalaciones que eran el viejo colegio San Luis, interrumpió la cotidianidad laboral en ese 11 de abril.

Eran las 10:15 de la mañana de aquel 2002, cuando un grupo de hombres con camuflado, botas, fusiles al hombro, perros pastor alemán y hasta megáfonos en mano, empezaron a rodear el complejo y adentro insistían a todos los funcionarios y a visitantes en que era inminente una evacuación en esa infraestructura en el corazón de Cali y a unos metros de la Gobernación del departamento.

Los supuestos soldados del Ejército y algunos uniformados como policías acordonaron con cintas amarillas cuatro cuadras a la redonda, dejando a la ciudadanía separada y confundida; la gente, desde lejos y a plena luz del día, trataba de saber y de entender qué era lo que verdaderamente ocurría en el histórico edificio del centro caleño.

En el interior del recinto, los uniformados hicieron salir a los 12 diputados hacia la calle, donde una buseta los aguardaba, estacionada en la esquina de la carrera 9 con calle 8. Estaba a menos de dos cuadras del edificio de la Gobernación, llamado Palacio de San Francisco.

Algunos de los asambleístas alcanzaron a comunicarse por teléfono con sus familiares, diciéndoles que, aparentemente, de la Fuerza Pública los iban a poner a salvo.

Pero en pleno recorrido a algún lugar desconocido hacia las montañas del inmenso cordón de los Farallones, en el suroccidente de la ciudad, esos uniformados revelaron que eran de las Farc por orden del ‘Comando Conjunto de Occidente’ y que estaban ya en condición de secuestrados.

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Los 12 diputados quedaron sorprendidos y asustados.

Eran Juan Carlos Narváez, Francisco Javier Giraldo, Carlos Alberto Charry, Ramiro Echeverry, Carlos Alberto Barragán, Héctor Arismendy, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Édison Pérez, Rufino Varela, Nacianceno Orozco y Sigifredo López.

Desde ese 11 de abril de 2002 comenzó la tragedia en la que se convirtió este secuestro desde hace 21 años.

Fue una tragedia que arrastró al policía Carlos Alberto Cendales, quien custodiaba la Asamblea y fue asesinado en uno de los baños por la entonces guerrilla, mientras cometía el plagio. 

Horas después, el camarógrafo Héctor Hernando Sandoval, tratando de cubrir la noticia, también murió al caer en medio de combates entre la guerrilla y el Ejército, en zona rural hacia los Farallones de Cali.

El conductor Wálter López, quien transportaba a los periodistas de RCN, murió por un impacto que atravesó la cubierta del campero.

Cuando ha transcurrido un poco más de dos décadas, las familias de los diputados asesinados y el único sobreviviente de esta barbarie, Sigifredo López, además de las del policía Cendales y de los dos integrantes de RCN buscan una reparación que no solo se base, como algunos de ellos lo manifestaron, en indemnizaciones económicas.

Esperan sanciones reales y justicia por lo ocurrido, además de seguir construyendo memoria y rindiéndoles homenajes a estos políticos caídos durante el ejercicio de sus funciones. 

Pese a que algunos se retiraron desde el final del año pasado de las audiencias convocadas por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que lleva estos procesos, coinciden aún en la necesidad de una reparación que es distinta para cada una de las familias.

Para algunos, como Fabiola Perdomo, esposa de Juan Carlos Narváez, ha sido vital escuchar verdades, aunque relativas como ella misma lo señaló, sobre cómo fue planeado el secuestro, si hubo funcionarios de la Asamblea involucrados o no y por qué sus seres queridos fueron asesinados, en aquel 18 de junio de 2007.

Pero todavía no deja de causar zozobra el no saber cómo los asambleístas vivieron esos cinco años de martirio y penurias en un cautiverio lejos de los suyos, sin recibir  sus pertenencias de vuelta. Ha sido un clamor sin respuesta.

“Había versiones y rumores que no permiten sanar. Rumores de que la muerte de ellos habría sido una retaliación porque un mes antes había caído ‘JJ’. Dos, que habría sido un intento de rescate del Ejército y tres que hubo una confusión por fuego amigo”, explicó Fabiola Perdomo, que se mantiene dentro del proceso de reparación de la JEP, a diferencia de otros familiares que se retiraron al final del año pasado y que hacen parte de la Fundación Defensa de Inocentes, así como lo está el mismo Sigifredo López. 

López, tras la masacre de sus 11 compañeros, continuó secuestrado y fue liberado el 5 de febrero de 2009.

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La esposa de Juan Carlos Narváez señaló que ex del secretariado de las Farc con Pablo Catatumbo explicaron que habría sido un error por ese fuego amigo, al enfrentarse dos frentes de la misma guerrilla.

Catatumbo, en una de esas audiencias de la JEP, dijo que aunque él no estuvo presente en el sitio del cautiverio y que estuvieron otros guerrilleros, él buscaba dar respuestas de lo que conocía.

“Sobre cómo fueron esos cinco años, muchos de los guerrilleros no están, algunos han sido asesinados y dijeron que las pertenencias quedaron enterradas”, anotó la señora Perdomo, quien resaltó la importancia de que en la JEP les preguntaron sobre qué esperan de esta reparación.

Ella insistió en la necesidad de la verdad, pero también de un trabajo psicosocial con las familias que no ha sido posible y que es necesario para poder alcanzar esa construcción de vida. 

Expresó que una indemnización no es suficiente. Se requiere un trabajo psicológico para que los familiares sanen emocionalmente.

“Yo afortunadamente por mis propios medios tuve ese acompañamiento, pero desde la institucionalidad nos abandonaron en ese proceso. De no tenerlo, la gente termina odiando y el odio no deja seguir avanzando”.

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Perdomo aseguró que las familias, en general, piden un homenaje en una obra de infraestructura.

Esperan que un colegio pueda llevar el nombre de ellos para seguir construyendo memoria, que es el objetivo primordial de todos los familiares. “Que no se olviden de lo sucedido, que fueron 11 diputados que dieron su vida”, anotó.

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Es un clamor que sigue sin respuesta, así como contar en los mismos centros educativos del Valle con una cátedra de paz que también permita esa construcción de memoria y tributo por los asambleístas. 

Pero reiteró que cada familia espera una reparación. Algunos, las indemnizaciones, otras, conocer más detalles de este secuestro.

Es así que una de las preguntas que las familias tenían era si hubo empleados de la Asamblea involucrados, a lo que la guerrilla contestó que no. “Fueron nueve meses de inteligencia que hizo la guerrilla y participaron las milicias urbanas”, dijo Perdomo.

“No todas las víctimas se reparan de la misma forma. Es un error pretender que la reparación se asuma como una receta", dijo la señora Perdomo.

"En mi caso particular y en el de mi hija, teníamos la expectativa de conocer la verdad, de que nos escucharan, de que pudiera tener ese espacio. Esperaba conocer la verdad, aunque uno nunca queda satisfecho, pero al menos me da tranquilidad. Tenía unas preguntas y me las respondieron. Si sigo mirando más, si sigo esperando más nunca podré pasar página, reconstruir en lo familiar, mirar al otro más con compasión que con rabia. El dolor va a estar ahí, es inherente en nuestras vidas, pero no habrá sufrimiento”, anotó.

Durante los cinco años del secuestro de los diputados del Valle, las familias clamaron juntas por su libertad y por un acuerdo humanitario ante el Gobierno Nacional de ese entonces, que siempre mantuvo su postura de un rescate militar.

Fue así que hasta compartieron todos juntos, jornadas de oración en las madrugadas, como en el centro de Cali, y masivas marchas en esta capital.

No obstante, tras la publicación que hizo la JEP de su resolución de conclusiones en el caso de secuestro de los diputados del Valle que se sigue contra la exguerrilla de las Farc, varias víctimas manifestaron estar inconformes, como Sigifredo López.

La resolución de conclusiones de la JEP concluyó que los exjefes del secretariado de la Farc han aportado verdad plena y por eso son acreedores de una sanción propia de cinco a ocho años de condena, que no se pagan en cárcel.

"Las víctimas nos sentimos desilusionadas, por lo que decidimos hacernos a un lado. En la JEP no vamos a encontrar justicia. (...) invitamos a todas las víctimas de Colombia que estén esperando justicia en la JEP a que no continúen prestándose para esta lamentable burla a sus derechos", indicaron las familias que son parte de la fundación Defensa de los Inocentes.

“Tenemos que expresar que no ha habido una verdad detallada, plena y exhaustiva por parte de los exintegrantes de las Farc; han existido verdades a medias, manipulación de la verdad, y hasta nos ha tocado hacer todas las exigencias de verdad en reiteradas ocasiones de manera escrita y verbal a lo largo del proceso”, agregaron estas familias.

Dijeron que han buscado “evitar que los victimarios mientan y rindan versiones amañadas y manipuladas, y en todo caso ofenden la dignidad de las víctimas, que además de soportar el asesinato de sus seres queridos han tenido que escuchar mentiras y versiones incompletas y tergiversadas sobre los hechos que los victimizaron”.

Hoy, sostienen el mismo pronunciamiento desde su retiro de la JEP: “Las víctimas han hecho todos los aportes a la paz, han dejado a un lado su dolor y sufrimiento para perdonar a sus victimarios y para buscar la reconciliación con la única esperanza de conocer la verdad”.

Coinciden en afirmar que después de 21 años del secuestro y casi 16 de su asesinato “siguen sin que hasta la fecha se haya podido conocer esa verdad plena a que está obligada las Farc, pues las Farc no ha sido capaz de decir la verdad”.

El único sobreviviente, Sigifredo López, recordó a sus compañeros, y lamentó que “las disidencias y las bandas criminales sigan creciendo, mientras que el Estado no ha ocupado los espacios dejados por quienes se desmovilizaron. La sociedad está atemorizada, hay incertidumbre, se deben hacer ajustes porque las causas de la violencia siguen allí; y revisar, pero sin dejar de persistir en la paz y en la búsqueda de la paz”.

López, siempre ha asegurado que la muerte de los diputados se produjo en un enfrentamiento entre guerrilleros. Relató que unos días antes se enfrentó con el comandante que los mantenía cautivos y en castigo, “por grosero”, fue separado del grupo.

En sus relatos, ha dicho que el día de la muerte de los diputados lo primero que escuchó fueron dos disparos y luego otros dos más. Como pensó que era un rescate, se tiró al piso y empezó a escuchar ráfagas y gritos.

Cuando todo se detuvo, preguntó por sus compañeros y le dijeron que ya los habían sacado. Solo unos días después se enteró de su muerte por la radio.

López pidió la expulsión de los exintegrantes de las Farc de la JEP, cuando la senadora Sandra Ramírez dijo que los secuestrados tenían comodidades frente al hacinamiento en las cárceles del país.

Al igual que Fabiola Perdomo, la familia del diputado Carlos Alberto Charry sigue acudiendo a la JEP.

Fabiola Perdomo sostuvo que todos se mantienen unidos, pese a tener posiciones contrarias. “Nos respetamos cada uno. Somos amigos. Cuando hay temas contrarios mantenemos el respeto”, aseguró.

Dijo que siguen reuniéndose en fechas especiales y mantienen constante comunicación a través de un grupo que los familiares crearon en WhatsApp.

Además, algunos de los hijos de los diputados inmolados crearon una fundación para dar apoyo a más familias de secuestrados en la región y en el país.

Laura Charry, hija del diputado Carlos Alberto Charry, también ha venido reclamando la verdad.

“El secuestro marcó para siempre nuestras vidas y aún avanzamos en la transformación del dolor como hijos y familiares. Conmemoraremos sus vidas, en esa necesidad de llevar estos ejercicios de memoria a todos los rincones de Colombia, con paz, amor y reconciliación, elementos tan necesarios en nuestra sociedad”, dijo la joven.

Para su familia, ese secuestro significó la ruptura más grande de sus sueños. Vivir sin diciembres, sin grados, con frustraciones constantes. Para la familia Charry, en los cinco años del secuestro, la esperanza moría y se trataba de sobrevivir.

Sin embargo, tras escuchar a la extinta guerrilla en audiencias de la JEP, los Charry consideran que “no ha existido una verdad absoluta, clara y exhaustiva, de acuerdo con los estándares exigidos por esta Jurisdicción Especial de parte de los comparecientes”.

Daniel Fernando Hoyos, familiar de Jairo Hoyos y hoy diputado presidente de la Comisión de Paz y Posconflicto, afirmó: “Ante estos seres humanos que perdimos como vallecaucanos, como sociedad y como familia, debemos construir una paz y una reconciliación, y velar porque este suceso no vuelva a ocurrir Por la paz, la historia nos permite no volver a caer en los mismos errores y más en esta sociedad carente de oportunidades y opciones, así que este es un gran día para volver a recordarles a los gobiernos que tenemos que ahondar los esfuerzos por los proyectos de vida de los colombianos”. 

Fabiola Perdomo, Sigifredo López y las familias Charry, Hoyos, entre otras se reencontraron el pasado 11 de abril, durante un homenaje que la Asamblea les rindió a los diputados por esos 21 años del secuestro. El acto fue en el mismo viejo edificio cerca de la Gobernación.

Allí, la gobernadora Clara Luz Roldán y el secretario de Paz Territorial y Convivencia del Valle del Cauca,  Orlando Riascos, manifestaron que este es un hecho que marcó al país, recalcando que  “la paz es el camino, la violencia no”.

El secretario Riascos dijo que se deben seguir acordando diálogos, “avanzando en el cese al fuego multilateral para que la paz se haga con presencia del Estado en todos los territorios”-

Invitó para este 14 de abril a una audiencia pública por las víctimas del conflicto armado, con la Mesa Departamental y los delegados de las 42 mesas municipales para establecer compromisos y escuchar sus voces.

“Hoy en todo Colombia queremos la paz, y debemos rechazar todos los hechos de violencia que vienen ocurriendo, por eso aún no dimensionamos el dolor de todas las familias de quienes nos antecedieron en esta Corporación", manifestó el presidente de la Asamblea del Valle, John Jairo Caicedo. "Episodios como estos, no pueden volver a suceder, por eso renovamos nuestra solidaridad como homenaje a las víctimas, y reabrimos la Galería “Suenan por ti” para recordar y difundir su memoria”, agregó.

Por su parte, Luz Marina Cendales, hermana del policía Carlos Alberto Cendales, también clama justicia, aunque también se pregunta por qué de la JEP nunca la han llamado para ser parte de ese proceso de reparación.

" (...) Dios te bendiga donde estés mi querido hermano y lo único que importa es que el país entero sabe lo que hiciste ya hace 20 años que para nosotros es como si hubiera sucedido ayer, te llevaremos por siempre en nuestro corazón, Carlos Alberto Cendales Zúñiga", dijo doña Luz Marina. Ella quiere comprensión, tolerancia, perdón y reconciliación en un país afligido por la violencia.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

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