Los líos de funcionarios del Eje Cafetero por contratos en la pandemia

Después del anuncio que hizo el fiscal general, Francisco Barbosa, hace unos días sobre la imputación de cargos a varios alcaldes y otros funcionarios más, la Fiscalía imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público a dos funcionarios de la Alcaldía de Pereira y tres integrantes de firmas contratistas.

Se trata de Mónica Patricia Botero Montoya, secretaria privada, y Alexander Galindo López, director de Gestión del Riesgo de la misma istración municipal. Además, también imputó cargos a Efraín Rodríguez Prieto y Jhon Jairo Segura Varela, director general y representante legal de la firma Emprender S.A, y Julio César Bustos Villegas, representante legal de Bustos y Compañía.

El alcalde de los pereiranos, Carlos Maya, le salió al paso a los cuestionamientos sobre sus funcionarios y le dijo a una emisora local que “estamos seguros del comportamiento de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, quiero recalcar que ellos no han sido condenados, han entrado a un proceso jurídico que es complejo en el cual se ha encomendado a un abogado de talla nacional, el abogado Jaime Bernal Cuellar. Estamos seguros que con ese equipo de abogados y con la inocencia de nuestros funcionarios vamos a poderle demostrar a los pereiranos que el gobierno ha tomado las mejores decisiones”.

La formulación de cargos se hizo ante el Juzgado Primero Penal con función de control de Garantías de Pereira y se dio por las presuntas irregularidades en contratos suscritos para atender la emergencia sanitaria en la ciudad.

La investigación está dirigida a la contratación de kits de mercados que la Alcaldía contrató como ayuda humanitaria tras la aparición del nuevo coronavirus en Pereira.

Uno de estos contratos se suscribió con la empresa Emprender S.A., por 200 millones de pesos para la adquisición de 2.000 kits alimenticios y el otro contrato fue con la firma Bustos y Compañía por 800 millones de pesos a cambio de 8.000 kits alimenticios.

Según reveló la Fiscalía, “el acuerdo ilícito de precios en el que, al parecer, participaron los funcionarios junto con las empresas contratistas, habría permitido fijar y unificar precios de venta de cada mercado que permitiría mayor utilidad a los contratistas”.

Los contratos fueron celebrados el pasado 30 de marzo y habrían generado un detrimento patrimonial a la capital risaraldense por 29 millones de pesos y 67 millones de pesos, respectivamente, esto tras los sobreprecios cobrados en cada mercado.

En la audiencia, los imputados señalaron que las empresas contratistas Emprender y Bustos y Compañía realizaron reintegros parciales del dinero. Ninguno de los imputados aceptó los cargos endilgados por la Fiscalía.

Hace más de un mes, la Contraloría General de Risaralda había advertido que recibió 19 denuncias ciudadanas por lo que inició procesos de seguimiento a 174 contratos que fueron celebrados desde que se decretó la medida de aislamiento obligatorio. Las denuncias dan cuenta de sobrecostos de alimentos y pagos indebidos en la atención de la emergencia.

Precisamente, también por presuntas irregularidades en la compra de kits de mercados también está siendo investigado el alcalde de Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, quien fue suspendido de su cargo por la Procuraduría por tres meses.

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos también fue apartado de su cargo por tres meses por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en varios contratos que suman unos 1.590 millones de pesos y que estaban destinados a la emergencia generada por el coronavirus.