Alerta hospitalaria en Antioquia: 37 centros clínicos suspenden servicios a pacientes de Nueva EPS

Luego de que el pasado 15 de octubre se suspendieran los servicios de salud no urgentes en los hospitales públicos de Antioquia a los afiliados del Fomag, por falta de pagos en el convenio, y que en esa fecha precisamente, la Nueva EPS hubiera efectuado los pagos para que sus afiliados no corrieran con la misma suerte, este lunes la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia anunció que dichos servicios serán suspendidos a partir de hoy, 17 de diciembre.

La decisión fue tomada a raíz de la falta de pagos de la Nueva EPS en el mes de diciembre a 37 instituciones de salud pública del departamento que corren con la atención de sus afiliados.

Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa) anunció publicamente la decisión.

“Me permito informarles que 37 hospitales públicos del departamento de Antioquia han tomado la decisión de cerrar servicios de salud no urgentes a partir del 17 de diciembre a todos los s afiliados a Nueva EPS en 37 municipios” señaló Sánchez.

El director de Aesa explicó que “Nueva EPS no le ha realizado pago a estos 37 hospitales durante el mes de diciembre y no ha sido posible que estos hospitales reciban el recurso para pagar la prima de Navidad y los salarios de sus funcionarios”. Y además, Sánchez señaló que tampoco se ha podido cumplir con la obligación pendiente con los proveedores a raíz de la falta de pago de la entidad.

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Como se mencionó, el pasado 15 de octubre hubo una reunión entre la Aesa y representantes tanto de la Nueva EPS como del Fomag, además de los 125 gerentes de los hospitales públicos del departamento. En ese entonces, Sánchez le explicó a EL TIEMPO que se había tomado la determinación de suspender los servicios de salud no urgentes a los afiliados de ambas entidades, sin embargo, esa tarde los representantes de la Nueva EPS viajaron a Bogotá y realizaron los pagos pendientes, por lo cual, finalmente no se les suspendió el servicio en aquella oportunidad.

En el departamento de Antioquia viven alrededor de 2 millones de personas afiliadas a la Nueva EPS, y aproximadamente un 80% de este grueso poblacional está vinculado al régimen contributivo de salud.

Según lo anunciado por Sánchez, los centros de salud públicos que suspenderán sus servicios no urgentes a partir de hoy, 17 de diciembre, y hasta que la Nueva EPS realice los pagos correspondientes al mes, son: Alejandría, Angostura, Anzá, Bello, Betulia, Briceño, Caicedo, Campamento, Caramanta, Carolina del Príncipe, Caucasia, Don Matías, Ebéjico, El Bagre, Girardota, Heliconia, Hispania, Itagüí, Jericó, La Unión, Maceo, Medellín, Montebello, Murindó, Nechí, Peque, Sabanalarga, Sabaneta, San Andrés de Cuerquia, San Francisco, Uramita, Valdivia, Valparaíso, Vigía del Fuerte y Yalí.

El pasado 14 de diciembre, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo habló en exclusiva con EL TIEMPO y explicó que, la Nueva EPS se encuentra en ‘cuidados intensivos’, pues tiene deudas por más de 5.5 billones de pesos por pagar del año pasado.

“Estas cifras son enormes y generan problemas con la red de clínicas y hospitales”, enfatizó la cabeza de la cartera de salud a nivel nacional.

El ministro también señaló que en el marco de la discusión sobre la reforma a la salud que propone el gobierno nacional, de no aprobarse esta “el único camino que tendríamos sería la liquidación de estas entidades, como ya ocurrió en gobiernos anteriores. Esto afectaría gravemente el a servicios de salud”.

EL TIEMPO se comunicó con la doctora Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), quien explicó el problema detrás de la falta de pagos actual de la Nueva EPS.

Según la doctora Zuluaga, hace aproximadamente dos años se realizó una serie de embargos irregulares de varios hospitales por más dinero del que correspondía, y el área jurídica que representa a la Nueva EPS no realizó la defensa judicial correspondiente, argumentando que los hospitales no podían embargar.

“A la luz de lo que corresponde a una defensa judicial, eso para un juez significa que no se presentaron, entonces se falló a favor de los hospitales y se procedió con el embargo”, señaló Zuluaga.

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La directora ejecutiva de la Acesi explicó que, con algunos de los hospitales involucrados, ya se llegó a acuerdos particulares para condonar la deuda.

“Reconocieron que embargaron por valores que no correspondían, y se comprometieron a devolver los recursos excedentes con la facturación del evento. Pero con la condición de seguir garantizando el capital, porque, como dice el cuento, no es viable sin giro y sin recursos", narró la doctora Zuluaga.

El acuerdo establecía que, los hospitales se comprometían a pagar un 50% de la cápita como mínimo, pero que los hospitales no podrían asumir las costas de operación, sin embargo, la doctora señaló que la nueva parte jurídica de Nueva EPS presentó un revés en el acuerdo.

“Están proponiendo que el hospital asuma las costas y los intereses de esos recursos, lo que los actuales gerentes no pueden aceptar porque no fueron quienes embargaron, y además, porque hay una medida judicial en firme. Ellos dicen que devolverán la plata que no correspondía, pero hay un problema serio en lo que tiene que ver con costas, por eso no ha habido acuerdo, y ante la falta de acuerdo la Nueva EPS decidió que no pagará un solo peso. No hay cómo operar” reveló Zuluaga.

Finalmente, la doctora evaluó: “hay pecado de lado y lado, los hospitales que cogieron recursos que no les correspondían, y la Nueva EPS que no realizó la defensa judicial, lo que llevó al fallo del juez a favor de los hospitales y al cobro las costas”.

Por otro lado, EL TIEMPO se comunicó con el doctor Carlos Valdivieso, expresidente del Colegio Médico de Antioquia y vicepresidente financiero nacional de la Federación Médica Colombiana, quien se pronunció en nombre del grupo de acuerdos fundamentales que reúne a las asociaciones gremiales de salud en el país, y catalogó la problemática de fondo como una situación extremadamente grave.

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“Se trata de una situación crítica porque los problemas inmediatos del sistema de salud no están siendo abordados por el gobierno nacional. La Unidad Per cápita de Capitación (UPC) se mantiene en valores que no tienen nada que ver con las necesidades de salud de prestación de cada ciudadano, es una UPC insuficiente para los gastos necesarios”, inició asegurando Valdivieso.

Al respecto de esto, la propia Federación Médica Colombiana señaló con contundencia que la determinación de la suficiencia o insuficiencia de la UPC requiere una auditoria forense indispensable para poder hacer apreciaciones de ese calibre, y que tal proceso no se ha realizado.

El doctor Valdevieso, por su parte, agregó: “Además, el Adres ha demostrado su incapacidad, incluso para el giro oportuno de los dineros que ya tiene y que debe pagar a las diferentes IPS por los servicios que presta”.

Según el máximo ente de caracter científico del área de la salud en el país, los informes emitidos por la Adres son claros en cuanto al manejo de los recursos y la puntualidad con la que se han realizado los pagos correspondientes, discrepando con lo mencionado por el doctor Valdevieso.

"Los pagos durante el año han sido puntuales y constantes. Se le está pagando a 6.000 hospitales todas las semanas, sin ninguna dificultad, con plena oportunidad. Además, estamos girando $7.2 billones mensuales y, en el mes de octubre, $4.8 billones fueron directos, llegando el mismo día a los hospitales y a las EPS”, señalaron desde la Federación Médica Colombiana.

La vocería de la FMC fue enfática en que la doctora Carmen Rocío Rangel, directora de Gestión de Recursos Financieros de la Salud de la Adres, afirmó que los recursos de esta entidad están garantizados y que su meta para este año es ejecutar $94.9 billones.

La Federación Médica citó a la doctora Rangel en ese respecto: "Hay que considerar una adición de $7.4 billones destinados a la salud de los colombianos. Hasta la fecha, el 85% de los recursos provienen de las cotizaciones, los aportes de la Nación y el Sistema General de Participaciones (SGP), lo que refleja un sistema de financiamiento sólido y estructurado".

Por otro lado, el galeno Valdevieso le explicó a EL TIEMPO, punto por punto, los factores que, según su análisis, llevaron a que se presentara esta coyuntura económica en el sistema de salud, y particularmente en Antioquia.

“Todo el sistema de salud se encuentra en una situación de incertidumbre económica grave, lo cual hace que las inversiones en este sector estén totalmente detenidas. Por otro lado, el proyecto de ley que se encuentra en curso en el Congreso, que salió de Comisión Séptima y que dicen será aprobado en Cámara, tiene graves deficiencias, y es que no son otra cosa diferente del mismo proyecto propuesto en un principio, incluso con algunas cuestiones preocupantes adicionales con respecto al inicial”, aseguró el galeno.

Valdivieso continuó: “Existen falencias en ese proyecto, pues empodera el establecimiento público en cabeza de la Adres; asignarle el manejo de los recursos públicos al gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales incrementará la corrupción al darles poder”.

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En ese sentido, la Federación Médica Colombiana apuntó que lo dicho por el doctor Valdevieso respecto al manejo de recursos de la Adres carece de fundamento, en tanto, "esta función ha sido desempeñada por la Adres desde su creación en 2015, lo que evidencia que dicha observación carece de fundamento. Cabe recordar que los recursos istrados por la ADRES son, y siempre han sido, públicos".

Finalmente, en ese respecto, el doctor Valdivieso señaló: “en el proyecto hay una disgregación de todas las redes de prestadores de salud que desestructura la prestación del servicio. Por ejemplo, una persona que viaje a un lugar afuera de su residencia no tendrá prestación de salud para urgencias o complicaciones, porque estarán sometidos a una localización impuesta para prestación de servicios. Este sistema que se propone lo que hace es desestructurar la red de prestadores”.

Entre sus denuncias, el expresidente del Colegio Médico de Antioquia fue claro al señalar que existen problemas graves de financiación en el sistema de salud que nunca han sido resueltos por el gobierno actual, lo que hace inviable este proyecto desde lo financiero.

“En los próximos meses veremos el deterioro progresivo y grave de todo el sistema de salud colombiano, que por muchos años prestó servicios muy buenos con relación a su costo. Es una situación cada día peor, con un gobierno indolente en resolver los problemas inmediatos del sistema, e incompetente para generar propuestas que a futuro estructuren un mejor sistema de salud”, enfatizó Valdivieso.

Finalmente, el doctor señaló lo que, a consideración del grupo de acuerdos fundamentales que reúne a las asociaciones gremiales de salud en el país, es el camino a seguir para darle norte a la problemática.

“El sistema de salud necesita mantener la estructura de aseguramiento de manera que las EPS se conviertan en gestoras de salud, pero además, estructurar la red de prestadores de manera que se brinde atención de salud ordenada dentro del sistema con los menores costos para poder manejar eficientemente los recursos; actualmente estos no alcanzan, y, por tanto, debe generarse un proceso de valorización adecuada para la UPC que permita la destinación de nuevos recursos para el sistema de salud”, concluyó Valdevieso.

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Esta suspensión a los servicios de salud no urgentes se presenta a tan solo una semana de que la Gobernación de Antioquia anunciara el giro de 72.000 millones de pesos para que la red hospitalaria del departamento pueda cumplir con sus obligaciones de cierre de año.

Periodista de Nación, en Medellín.