Las alarmantes cifras de vulneración a los derechos humanos en Antioquia

Metidos en una casa que solo tiene dos habitaciones y un baño permanecen hacinados 48 indígenas de la etnia Emberá que salieron desplazados de la vereda El Palmar, en Frontino, por amenazas de grupos armados con presencia en la zona.

Con lo poco que pudieron sacar de sus bohíos llegaron al casco urbano donde la Personería municipal le informó a la comunidad que “en estos momentos hay una comunidad indígena desplazada que necesita tu ayuda”.

El caso fue conocido por información de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha): “Actualmente se encuentran refugiados en la Casa Indígena del municipio de Frontino, la cual se encuentra en malas condiciones de habitabilidad, lo que ha puesto en riesgo la salud de las personas desplazadas”. Primer campanazo de alerta.

A seis horas de allí, pero al otro lado del departamento, en Yarumal, Miguel Ángel Peláez Henao denuncia el reclutamiento de menores que viene realizando el Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupo insurgente con presencia histórica en el territorio.

La información suministrada a él, quien funge como alcalde, por parte de la ciudadanía, da cuenta que estos se estarían yendo de manera voluntaria, “lo que pasa es que nosotros lo que determinamos y decimos es que, tratándose de menores, independientemente de su supuesta voluntad, se trataría de reclutamiento forzado de menores, por su calidad de menores”, dijo a EL TIEMPO. Segundo campanazo de alerta.

(Le recomendamos leer: El proyecto con el que Daniel Quintero busca financiar el hueco del presupuesto)

Esta flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario ha sido puesta en conocimiento de las autoridades por parte del gobierno departamental donde se asegura que además de los elenos, en este delito también están involucrados el ‘clan del Golfo’ y las dos disidencias de las Farc.

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, señaló que estos grupos no contentos con avanzar en el reclutamiento de los niños campesinos, realizan adoctrinamiento en municipios del Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

“Yo no hablo sobre especulaciones, esas son denuncias que hemos recibido, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, hemos recibido de los alcaldes del territorio, hemos recibido de la ciudadanía del territorio (...) Nosotros le hemos entregado a la Fiscalía las pruebas de que el Eln, las disidencias y el ‘clan del Golfo’ están avanzando en reclutamiento y en adoctrinamiento de menores en Antioquia”, detalló.

Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias de Antonio García, máximo cabecilla del Eln, dijo que su grupo no recluta y quienes llegan a sus filas lo hacen de manera voluntaria, afirmación que fue rechazada por la Defensoría del Pueblo.

Lo que está ocurriendo en Frontino, Yarumal y otros municipios de Antioquia, es alertado por la Corporación Jurídica Libertad (Cjl) en su último informe sobre la situación de derechos humanos, DIH y agresiones contra la labor de las y los defensores de derechos humanos en Antioquia 2022 – 2023.

El documento deja al descubierto la compleja situación que se vive en el territorio, especialmente cuando existen por lo menos seis estructuras al margen de la ley que se han hecho al control. El primer lugar lo ocupan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o ‘clan del Golfo’.

Esta agrupación paramilitar, como la califican, está presente en el 93,5 % del territorio antioqueño, lo que equivale a 117 municipios de los 125 que conforman el departamento. En algunos de ellos su control es muy evidente, como quedó demostrado en mayo del año pasado cuando ordenó un paro armado que paralizó el Bajo Cauca, Occidente y Urabá antioqueño, o lo ocurrido en el pasado paro minero. En otras localidades su presencia se ejerce con cierto control.

(Le puede interesar: Emergencia en Antioquia: fuerte vendaval causó estragos en San Luis)

La lista es seguida por las dos disidencias de las antiguas Farc: el Estado Mayor Central, en el Nordeste, Norte y avance hacia el Bajo Cauca; Segunda Marquetalia, en el Norte. A ellas les sigue el Eln que opera en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca. El ‘clan Oriente’ que avanza del Magdalena Medio hacia el Oriente antioqueño y la Oficina del Valle de Aburrá, con poder en barrios del área metropolitana y se expande por el Norte, Suroeste y Oriente.

“La presencia de estos grupos ha generado una crisis humanitaria en el departamento. En materia del Derecho Internacional Humanitario se logró evidenciar que por lo menos se presentaron 600 hechos de infracciones que van desde hostigamientos, violencia sexual, reclutamiento de menores, explotación sexual, desplazamiento forzado, homicidios en personas protegidas, combates entre las estructuras armadas legales e ilegales”, dijo Winston Gallego Pamplona, integrante del equipo de garantías de la Corporación.

El informe logra recoger, por ejemplo, que el año pasado en Antioquia se presentaron 1.887 homicidios, 89 feminicidios, 153 agresiones contra líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, así como 14.692 personas víctimas de desplazamiento forzado, donde el 70 % fueron en el Valle de Aburrá.

(Lea también: Alcaldía Quintero, en líos por publicidad sobre congelar tarifa de servicios públicos)

“La gran mayoría se produjo en el Valle de Aburrá o sea, un desplazamiento interurbano, donde, pues, es preocupante que Medellín, que es la segunda ciudad del país, llegue a tener cifras tan altas de desplazamiento donde el control debería estar en el Estado y sus fuerzas armadas”, agregó Gallego.

Frente a la situación de los líderes y lideresas sociales, siguen los ataques y asesinatos, que en 2022 llegó a la cifra de 24 hombres y mujeres que ejercían un liderazgo.

La mayoría de agresiones, según estas cifras, se presentan en las subregiones donde el conflicto armado persiste con fuerza: Bajo Cauca, Norte, Nordeste, pero llama la atención lo que sucede en el Oriente antioqueño.

“En el Oriente antioqueño se viene complejizando la situación, se viene presentando disputas entre los diferentes grupos armados. Allí hace presencia las Agc, hace presencia el ‘clan de Oriente’, el ‘clan Isaza’, estructuras articuladas a lo que se denomina la Oficina del Valle de Aburrá y digamos, la situación de conflicto se aumenta y desde el año pasado y este año, lamentablemente es la subregión donde más han asesinado líderes sociales”, precisó Gallego.

Conformada por 23 municipios, durante los casi cuatro meses que van del 2023, registra el asesinato de cuatro de los nueve líderes sociales que han perdido la vida de forma violenta en el departamento, cifra que da cuenta de lo peligrosa que se convirtió su labor en el territorio.

Ellos fueron identificados como John Jairo Valencia Soto, Rodolfo Holguín Martínez, Jairo Zuleta y Gilberto Antonio Rivera López, este último fue atacado con arma de fuego en zona rural de Abejorral junto a su cuñado quien alcanzó a ser llevado a un centro asistencial.

Durante el 2022, seis líderes sociales y una lideresa social perdieron la vida por el accionar de las estructuras criminales allí.

(Lo invitamos a leer: Las megaobras para Antioquia que están en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro)

En la Corporación Jurídica Libertad se piensa que el proceso de 'paz total´que enarbola el Gobierno del presidente Petro y que está a cargo del Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, puede ser la salida a la crítica situación de derechos humanos que vive Antioquia, sumado a la participación de la sociedad civil en su construcción , así como el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en la Habana.

LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Redactora de EL TIEMPO - Medellín

@Laura_Rossa