Antioquia aún estaría lejos del Trabajo Decente, según estudio

Se requiere la formalización del sector rural en cumplimiento del acuerdo de paz y de un compromiso.

Según el DANE, a mediados de 2017, por lo menos unas 37 .000 personas más ingresaron a la informalidad en el Valle de Aburrá Foto: Archivo EL TIEMPO

09.11.2017 17:21 Actualizado: 09.11.2017 17:21

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Los ingresos de los trabajadores siguen siendo insuficientes para satisfacer sus necesidades fundamentales y la garantía de sus derechos, así como la situación del mercado laboral continúa en estado grave, pese a mejoras en algunas variables.

Las anteriores afirmaciones hacen parte de las conclusiones más significativas que se desprenden del décimo informe de Trabajo Decente en Colombia, presentado en Plaza Mayor por la Escuela Nacional Sindical.

El documento expuesto se construyó durante los últimos 10 años con información del DANE, de la OIT, de la Cepal, del Banco Mundial, del Ministerio de Trabajo y de sistemas propios de información relativos a la libertad sindical.

Uno de los hallazgos fue que Colombia sigue teniendo una alta inequidad en la distribución del ingreso, que se mide a través de un indicador llamado gini.

Entre más cercano a 1 hay una alta inequidad y entre más cercano a 0, hay una mejor distribución del ingreso, y Colombia muestra un indicador de gini superior al 0.5. En el país, por ejemplo, el empleo es inestable y precario.

Muestra de esto es que el 37 por ciento del empleo es temporal y es el cuarto con el salario mínimo más bajo de la región, lejos de países como Panamá, Costa Rica, Argentina y Guatemala que reportan valores más altos, de acuerdo con la universidad de La Sabana.

Tanto es así que en 2016 el 48,7 por ciento del total de ocupados recibió menos de un salario mínimo mensual legal vigente; el 37,2 por ciento recibió entre uno y dos salarios mínimos y sólo el 14,1 obtuvo más de dos salarios mínimos.

se reduce la tasa de desempleo, pero el empleo que se genera no es lo suficientemente formal ni lo asalariado, por eso hay necesidad de una agenda distributiva en ingresos y en política laboral

En el caso de los asalariados, obreros y empleados privados, del Gobierno y trabajadoras domésticas, también se presentaron variaciones preocupantes. Sólo un 17,0 por ciento recibió más de dos salarios mínimos.

Mientras tanto, un 51,3 por ciento de los trabajadores colombianos son ocupados no asalariados. Son personas que están por lo general en el rebusque o, incluso, trabajan sin remuneración, en negocios familiares.

Las mujeres, por la segmentación de actividades económicas, son culturizadas y presionadas para trabajar con sueldos bajos y en condiciones laborales más precarias y reciben 18,7 menos de ingreso laboral, que el de los hombres.

El año pasado el salario mensual promedio de las mujeres fue de 854.328 pesos es decir, solo el 81,3 por ciento de lo que en promedio obtienen los hombres.

Según Alberto Orgulloso Martínez, director general de la Escuela Nacional Sindical, “se reduce la tasa de desempleo, pero el empleo que se genera no es lo suficientemente formal ni lo suficientemente asalariado, por eso hay necesidad de una agenda distributiva en ingresos y en política laboral”.

Por su parte, Sofía Espinosa Ortiz, presidenta de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, advirtió de una importante baja de empleos en el sector financiero. La digitalización y robotización de la banca sería una de las causas. Es el caso de Itaú, Brasil, donde ya se tienen robots atendiendo a los clientes.

El informe de Trabajo Decente reveló también que los jóvenes son quienes llevan la peor parte. En 2016 el 21,2 por ciento hacía parte de la población llamada ‘ninis’ que ni trabajan, ni estudian, ni se capacitan.

En Colombia las políticas frente al trabajo de los y las jóvenes se caracterizarían por su focalización en sectores pobres, con énfasis en soluciones de emprendimiento, que dan poca respuesta a las condiciones estructurales del desempleo.

Igualmente, la terminación del conflicto armado con las Farc supone el reto de mejorar el y las condiciones laborales para la población rural, específicamente para los jóvenes porque persistiría el riesgo de vinculación o creación de nuevas formas ilegales de generación de ingresos en zonas históricamente abandonadas por el Estado.

Sobre el flagelo del trabajo forzoso, este permanece en el doméstico, la agricultura, la construcción, la manufactura y el entretenimiento. El trabajo infantil disminuye, pero continúa muy alto en zonas rurales.

Los jóvenes son quienes llevan la peor parte. En 2016 el 21,2 por ciento hacía parte de la población llamada ‘ninis’ que ni trabajan, ni estudian, ni se capacitan

Cabe indicar, en la dimensión de cobertura pensional y seguridad social, que más de 11 millones de trabajadores no cuentan con cobertura. Según los datos del PILA, solo el 57 por ciento de la población económicamente activa cotiza a pensiones. Y de estos el 74 por ciento cotiza al sistema únicamente ocho meses al año en promedio.

Esta baja cobertura en seguridad social es consecuencia de las características del empleo en Colombia, donde el trabajo generado durante los últimos años es de mala calidad, y donde el desempleo hace que los trabajadores suspendan los aportes al sistema.

El informe expone que en la actualidad solo el 39,8 por ciento de los adultos mayores está pensionado. Los demás, sino cuentan con una renta para vivir, tienen que sobrevivir de la solidaridad de la familia o en la indigencia.

Finalmente, en la variable de derechos fundamentales del trabajo, se plantea que el país no respeta la libertad sindical, al registrar una tasa de sindicalización menor al 5 por ciento. Los trabajadores no logran ejercer ese derecho y quienes lo logran hacer, de ese 5, muy pocos se beneficiarían de la negociación colectiva.

En Medellín, según los resultados de la encuesta de percepción de la calidad de vida de 2017, 44 por ciento de los habitantes consideran que no es fácil encontrar trabajo, 11 puntos porcentuales más que en 2016; 22 por ciento consideran que sí es fácil y 34 por ciento dicen que no es fácil ni difícil.

El desafío es grande: implica cambios económicos, sociales, laborales y culturales, en especial en prácticas antisindicales. Además, formalizar el empleo, controlando la tercerización y aumentando la vinculación de los trabajadores a la seguridad social.

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