En este edificio de 478 apartamentos donde viven unas 1.500 personas se han venido presentando deslizamientos de tierra –el último el 29 de julio- producto de un muro de contención al que no le hicieron los anclajes debidos y se vino al piso.
Ante la presunta negligencia de la constructora Covin S.A. y la empresa Bienes Raíces Calle Siete S.A., los habitantes presentaron una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), proceso que tuvo este 14 de septiembre su audiencia de fallo, el cual fue a favor de la copropiedad.
Nicolás Rueda, representante legal de Atavanza, explicó que dicha decisión ordena a la constructora a que, en un plazo no mayor a 60 días, deben realizar todos los trabajos sujetos a la estabilización de los taludes y procesos estructurales en toda la copropiedad.
“Quedamos comprometidos en que en estos dos meses, si no cumplen, le enviamos a la SIC un oficio para imponer las multas correspondientes que el superintendente considere conveniente. Para nosotros como afectados, esto es una luz de esperanza después de tantos años de lucha, pero sabemos que solo es un primer paso, pues la constructora apeló la decisión”, manifestó Rueda.
Este edificio, entregado en 2014, lleva años en un proceso para que les resuelvan los problemas constructivos, que van más allá del talud ubicado que abarca el salón social y la piscina.
Agregó el representante legal de la copropiedad, que además de este, que es el más visible, también hay un talud que sostiene las torres 1,2 y 3.
“Para nosotros y para los ingenieros es la más preocupante, ya que en caso de deslizamiento afectaría las fundaciones que sostienen esas tres torres lo que es un escenario gravísimo. Ese también quedó dentro de la sentencia que deben de repararlo. Adicional, tienen que hacer un reforzamiento estructural a las torres para que cumplan con la norma sismo resistente y, también, tienen que hacer un reforzamiento en la torre de parqueaderos que también tiene problemas”, agregó Rueda.
Es por lo anterior que, además de esta denuncia ante la SIC, también impusieron una tutela que falló en contra de la constructora que les ordena cumplir la orden de la inspección de Policía para no poner en riesgo a la comunidad y realizar las obras constructivas necesarias para esto.
En caso de deslizamiento afectaría las fundaciones que sostienen esas tres torres lo que es un escenario gravísimo
Sin embargo, dicha orden no se cumplió, por lo un juez ya aceptó el desacato interpuesto por la alcaldía de Medellín en contra de Covin S.A.
Para Diana Duque, una de las afectadas por la situación en Atavanza, hay sentimientos encontrados entre felicidad por la decisión e incertidumbre en que la constructora sí cumpla con dicha orden.
“Después de tantos años lo que uno espera es que sí cumplan y que no haya tener que estar poniendo desacatos y que actúen de una manera ética y responsable. De hecho, ellos incumplieron con un compromiso de entregar el 30 de agosto un estudio de suelos y una propuesta de solución para el talud, asegurando que iban a esperar a que fueran vencidos en los estados judiciales”, expresó la afectada.
MEDELLÍN