Corte falló a favor de más de 500 mujeres del penal El Pedregal, de Medellín, tras revisar tutela sobre condiciones alimentarias

La Corte Constitucional emitió un fallo histórico que involucra al penal El Pedregal de Medellín. 

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La Quinta Sala de Revisión del alto tribunal se pronunció sobre el análisis de la tutela de 578 mujeres privadas de libertad que solicitaron la protección de los derechos a la vida, la integridad personal, la salud y la alimentación.

Los demandantes alegaron que sus derechos fueron vulnerados por distintas entidades como el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Dirección del Complejo Carcelario y Penitenciario Alto y Medio. Seguridad de Medellín El Pedregal (COPED), ya que no contaban con las condiciones de calidad, cantidad e higiene de los alimentos suministrados.

En la decisióm, la Corte advirtió que la privación de libertad como consecuencia de una sanción penal o del cumplimiento de una medida preventiva no debe anular la capacidad de las personas para ser titulares de derechos fundamentales y de los Derechos Humanos como garantías universales.

Específicamente, la Sala concluyó que existe una clara violación de los derechos de los demandantes, así como de las demás personas privadas de su libertad en el penal de El Pedregal por la deficiente e irregular prestación del servicio de alimentación.

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La Corte Constitucional consideró que, si bien el centro de detención cuenta con tres ranchos para preparar alimentos, dos de ellos carecen de las condiciones materiales para su adecuado funcionamiento. Por ejemplo, el rancho ubicado en el pabellón de Seguridad de Medios fue cerrado por la Secretaría de Salud de Medellín hace más de un año sin que la USPEC haya adoptado medidas para habilitarlo.

El rancho ubicado en el ala de Alta Seguridad trabaja para abastecer a todos los privados de su libertad, a pesar de no contar con la infraestructura para ello. Este rancho tiene múltiples problemas operativos relacionados con el deterioro de la infraestructura, la ventilación, la demora en la entrega y las deplorables condiciones en las que se preparan los alimentos . Además, se evidenció la presencia de insectos.

A lo anterior, según la Corte, se suman las irregularidades presentadas en el cumplimiento de los contratos celebrados por la USPEC con los distintos contratistas para el suministro del servicio de alimentación. Aunque existen diferentes contratistas, los problemas relacionados con la calidad, cantidad y retraso en la entrega de alimentos persisten sin que se tomen medidas reales para dar una solución efectiva.

La Sala ordenó a la USPEC y al INPEC, bajo la coordinación y supervisión del Ministerio de Justicia, diseñar y ejecutar, en un plazo de seis meses, un plan para mejorar, adecuar y construir la infraestructura faltante de los ranchos. Ese plan debe abordar los problemas identificados y asegurar que se cumplan las condiciones básicas de operación establecidas por la Secretaría de Salud de Medellín y el estándar fijado por la USPEC.

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Adicionalmente, ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y a la contratista Unión Temporal Alimentación Integral adoptar las medidas correctivas necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio de alimentación conforme al cumplimiento en cuanto a cantidad, calidad, menú y cronograma de entrega.

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