La revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quedó en suspenso luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió el proceso de certificación de las cuentas de la campaña contra el mandatario por presuntas irregularidades en la financiación.
La suspensión se mantendrá hasta cuando se resuelvan las dudas sobre los recursos económicos empleados para recoger las firmas para convocar a una votación que defina si el mandatario sigue en el cargo o no. Para esto, se citó al alcalde y a los del comité revocatorio a una audiencia pública el 26 de enero.
En principio, se habló de la suspensión de la de revocatoria, pero el CNE aclaró que no es así y lo que está frenado es el proceso de certificación de los recursos empleados para que Quintero deje su cargo. Esta certificación es clave, pues si la financiación tiene irregularidades, la revocatoria se cae. Si todo está en orden, se procederá a convocar a una jornada de votación, pues ya la Registraduría avaló 132.908 firmas.
Una duda es que se habrían violado los topes de financiación 1.500 millones de pesos. En ese presupuesto, estaría el pago a un abogado.
Hubo contrataciones de abogados muy importantes que no fueron declaradas de forma adecuada
Pero la medida, conocida este martes, es un trámite normal del proceso y, una vez surtido, se dirá si la revocatoria sigue adelante o no.
¿Qué sigue? Lo primero es acudir a la audiencia del 26 de enero, en la cual Quintero ha anunciado que expondrá unas pruebas sobre las irregularidades en la financiación de la campaña para sacarlo del cargo.
"Luego, el CNE abrió una investigación porque entre ellos se pusieron a pelear, entre los del comité se pusieron a pelear. Empezaron a sacarse los trapitos al sol y en la sacada de los trapitos al sol, empezaron a hablar de conversaciones sobre contratación de abogados y de platas de más de 1.500 millones de pesos, cuando el tope máximo de las revocatorias es de 200 millones de pesos (...) Hay folios perdidos en el acta de cuentas, hay información perdida", aseveró Quintero.
Y agregó: "Hay fundaciones que hacían aportes al programa de revocatoria, fundaciones que fueron creadas y no tenían patrimonio. Y donde hay, entre los dueños de las fundaciones, los mismos de la revocatoria. Hubo contrataciones de abogados muy importantes que no fueron declaradas de forma adecuada".
Pero quienes están detrás del movimiento de revocatoria insisten en que no hay ninguna irregularidad y que el 17 de enero remitieron ante el CNE la respuesta a las glosas sobre las cuentas y manejo de campaña, acompañado de las pruebas técnicas y contables exigidas.
"Asistiremos al llamado del honorable magistrado César Augusto Abreo Méndez a
la audiencia pública citada para el próximo 26 de enero del 2022, en la cual será el
espacio idóneo para esclarecer los hechos", indicó Andrés Felipe Rodríguez, vocero del comité.
Pero ese 26 de enero no se resolverán las dudas y este proceso puede tardar meses. Así lo explicó el exmagistrado del CNE Armando Novoa en La W.
“En el caso de la revocatoria del mandato de Enrique Peñalosa, que se llevó a cabo hace cuatro años, el proceso de la convocatoria de elecciones naufragó en ese trámite de la verificación del cumplimiento de los requisitos contables de la campaña”, dijo a ese medio.
Tras esto, puede comenzar una batalla legal entre ambas partes que, incluso, puede terminar en el Consejo de Estado, donde también se pueden tardar meses estudiando el caso.
Pero más allá de esto, existe un limitante: el tiempo. Este trámite y otras acciones judiciales interpuestas por la Alcaldía de Medellín, en las que alegan que hay alrededor de 35.000 firmas falsas, pueden frenar el proceso durante meses.
Y si en el 2022 no se realiza la convocatoria a votación, el proceso se hundirá. Esto después de que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-150 de 2015, tras una revisión de la Ley 1757 de 2015, indicó que "en ningún caso proceden trámite ni votaciones para la revocatoria del mandato en el último año del periodo correspondiente".