El proyecto para la transformación de la FLA se gesta entre dudas

En medio de un nubarrón de especulaciones, rumores y dudas jurídicas, se venció ayer lunes 6 de julio los dos años de plazo que tenía la Gobernación de Antioquia para cambiar la naturaleza jurídica de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), luego de que el Consejo de Estado le ordenara convertirla en una empresa comercial e industrial del estado.

El cumplimiento del plazo, que comenzó a correr desde el pasado 5 de julio de 2018, llega en medio de un debate en el que algunos sectores todavía sostienen que aquel fallo no era una orden directa, mientras otros no descartan la llegada de sanciones que podrían complicarle la vida a la istración de Aníbal Gaviria, hoy apartado de su cargo por una investigación de la Fiscalía.

Mientras la istración departamental se rehúsa a revelar detalles de su propuesta para la licorera, la Asamblea de Antioquia prepara un debate para el próximo jueves 9 de julio, en el que además de evaluar el desempeño de la empresa, se espera discutir el problema.

Para entender en qué consiste el lío hay que remontarse al 21 de junio de 2018, el día en que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso istrativo del Consejo de Estado profirió un fallo en donde “exhortó” a la Gobernación de Antioquia a cambiar la naturaleza jurídica de la Fábrica de Licores de Antioquia, poniendo fin a una serie de acciones de legales que venían desde años atrás.

El uso de una u otra denominación tenía profundas implicaciones para los obreros. Mientras la expresión “empleados públicos” los despojaba de toda posibilidad de ejercer sus derechos sindicales, la expresión “trabajadores oficiales” les daba plena libertad de organizarse y coordinar sus reclamos.

Sin embargo, el problema no se quedaba ahí, ya que el uso de una u otra expresión dependía de la naturaleza jurídica de la FLA.

Mientras en el resto del país todas las licoreras departamentales funcionan bajo la figura de empresas comerciales e industriales del estado, la FLA se mantiene como una entidad adscrita a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia. Una diferencia que daba origen al conflicto.

Por esta razón, la artillería legal de los sindicatos se concentró en atacar las ordenanzas que definían a la FLA como parte del nivel central del departamento, lo que al final terminó obligando a que la rama judicial estudiara a fondo toda una red de ordenanzas y decretos con los que la empresa se había istrado desde 1968.

Aunque en un primer fallo, proferido el 10 de febrero de 2012, el Tribunal istrativo de Antioquia negó las pretensiones de los sindicatos, el 21 de junio de 2018 el Consejo de Estado falló en segunda instancia y consideró que la Gobernación había “transgredido” por décadas la Constitución y le ordenó “desaparecer del ordenamiento jurídico las disposiciones” que estipularan que la FLA era “una dependencia de la Secretaría de Hacienda”.

Así, los trabajadores de los sindicatos no volverían a ser tratados como “empleados públicos” sino como “trabajadores oficiales”, y podrían ejercer el derecho a negociar sus condiciones de trabajo.

En esa decisión, el Consejo también puso como ejemplos a la Fábrica de Licores del Tolima, la Industria Licorera de Caldas, la Industria Licorera del Valle y la Empresa de Licores de Cundinamarca, todas ellas constituidas como empresas industriales y comerciales del estado.

Aquella bomba estalló en las manos del gobierno de Luis Pérez Gutiérrez, cuando el gerente de la licorera antioqueña era Iván Correa Calderón. Luego de analizar el texto del fallo, el equipo jurídico de la Gobernación formuló dos interpretaciones que todavía hoy están vigentes.

A escasos días de entregar el poder, 9 de diciembre de 2019, Pérez radicó un proyecto de ordenanza en la que pedía dividir en dos la FLA.

Por un lado, planteaba la creación de una empresa industrial y comercial del estado encargada de la producción y, por otro, una gerencia de licores, a cargo de la distribución.

El exgerente Correa recuerda que el hecho del que el fallo del Consejo de Estado tuviera la expresión “se exhortará a la Gobernación de Antioquia” daba cuenta de que los magistrados hacían una sugerencia para transformar la FLA, más no daban una orden directa.

En respuesta a un cuestionario remitido por EL TIEMPO, Javier Ignacio Hurtado Hurtado, gerente actual de la FLA, explicó que, con base en el enfoque dejado por el gobierno pasado, la nueva istración está formulando la reestructuración de la fábrica.

“Será el señor gobernador el que en su momento transmitirá la conclusión de los estudios y las respuestas a los planteamientos que se han hecho, entre los que está el impacto para las finanzas del departamento y los tiempos que requeriría una eventual transformación”, dijo el gerente Hurtado, sin mencionar ninguna fecha tentativa para la presentación del proyecto.

Dentro de la Asamblea Departamental, el cumplimiento del plazo puesto por el Consejo de Estado comienza a generar dudas, ya que la istración departamental no ha presentado ningún documento y todavía no se conocen detalles de la futura transformación.

“A nosotros no nos han compartido cuál sería el marco fiscal a mediano o a corto plazo de los ingresos de la FLA, ni cómo sería su estructura o la organización de sus trabajadores. Esta decisión hay que tomarla con cifras, con un estudio serio y completo, que nos permita estudiar los diferentes escenarios. Debe darse un debate y hasta el momento eso no ha sucedido”, criticó el diputado opositor Luis Eduardo Peláez Jaramillo.

Rubén Darío Callejas, presidente de la Asamblea Departamental, confirmó que la Gobernación no había manifestado hasta ahora la intención de presentar algún proyecto de ordenanza.

Durante esa sesión se espera que el gobierno anticipe cuál será su estrategia para resolver el problema.

Jacobo Betancur Peláez

Para EL TIEMPO @JacoboBetancur

Medellín