¿En qué van los diálogos de paz urbana en Medellín tras un año de haber comenzado?

Ya se cumplió el primer año de la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídico de Paz Urbana en la cárcel de Itagüí entre el Gobierno Nacional y los voceros de las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá.

El día de su instalación, el 2 de junio de 2023, los ciudadanos pudieron ver los rostros de los hombres que a la sombra han sembrado la muerte en sus barriadas a través de sus ‘combos’ aliados.

Allí se vio, entre otros, a Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Freyner Alfonso Ramirez García, alias Carlos Pesebre y Juan Camilo Rendón Castro, alias Soya, sentados en una especie de mesa redonda anunciando a la comunidad su intención de paz.

Aunque la instalación del espacio ha tenido muchos reparos, lo cierto es que desde el momento en que estas personas han estado sentadas en la mesa, las calles de Medellín y el área metropolitana viven días de una reducción de delitos, especialmente de muertes violentas vinculadas a sus confrontaciones armadas.

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Solamente en los primeros meses de 2024 en Medellín, con corte al 20 de junio, este delito presentaba una reducción de 30 casos, al pasar de 171 en la misma fecha de 2023, a 141 en 2024.

De esos casos, la mayor reducción la presentan los que están relacionados, a aquellos cuya causa es estar asociados a los Grupos de Delincuencia Organizada, es decir, aquellos que ocurren en contexto de enfrentamientos o disputas entre estas estructuras criminales.

Jorge Mejía, coordinador de los representantes del Gobierno Nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídico, manifiesta que durante estos 12 meses de trabajo con los voceros de las estructuras se ha logrado tener y consolidar el diálogo a través de la adopción de protocolos de funcionamiento y de una agenda temática que necesita ser refrendada por el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, para seguir en el proceso. 

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“Tenemos protocolos de funcionamiento y tenemos avances en la agenda temática, además, hacia afuera se ha logrado generar una serie de hechos, de logros, que procuran mejorar la percepción o la confianza ciudadana en el proceso y allí que, por ejemplo, el tema de los indicadores de delincuencia, de violencia en la ciudad, han tenido un comportamiento muy aceptable y nosotros creemos que en ese comportamiento tiene que ver el funcionamiento del espacio”, dice Mejía.

Explica el coordinador que el protocolo es la herramienta que tienen y la que permite organizar el espacio en cuanto a cómo realizar una reunión, cómo se convocan, cómo se resuelven las diferencias que allí se presentan, y cuál es el papel de los distintos actores tanto del Gobierno como de los voceros de las estructuras y los acompañantes o testigos.

“Ahora hay un nuevo comisionado y toca esperar que el comisionado refrende lo que hasta ahora hemos construido como agenda temática, donde se incluyen distintos temas, temas que tienen que ver con las economías ilegales, con el tema de víctimas, justicia restaurativa, el componente de verdad, memoria urbana y una serie de asuntos que son de interés para la ciudad y las poblaciones, que se deben tratar en la mesa de diálogo de Itagüí”, agregó el coordinador.

Es precisamente esta agenda uno de los reparos manifestados por la sociedad civil a través del Espacio Autónomo de la Sociedad Civil para la Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, creado un día antes de la instalación del espacio carcelario por cerca de 50 organizaciones civiles, quienes reconocen y apoyan la conversación con los líderes de las estructuras criminales, pero piden conocer lo que allí se está hablando y acordando.

Esta y otras preocupaciones fueron expuestas durante una Audiencia Territorial del Senado realizada en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia y donde se habló del proceso de paz urbana en la subregión.

Así lo manifestó Diego Herrera, representante de la Corporación Viva La Ciudadanía e integrante del Espacio Autónomo, desde donde han enviado una solicitud a la delegación, al Gobierno y al espacio de conversación para que esa agenda se conozca “porque hay muchos fantasmas y muchos mitos” que es importante que la sociedad civil conozca y se vuelva de interés público.

“Es muy importante conocer esa agenda, que no se conoce, que no nos han dado una señal más contundente frente a eso, porque hay unos temas que son claves a la paz urbana y que puede que no estén hoy discutiéndose en el espacio diálogos socio jurídico. El tema de las economías criminales, el tema del reclutamiento, uso y utilización, son temas sensibles a ese diálogo, pero la ciudad debe saber en qué van avanzando”, dijo Herrera. 

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Además de la agenda, les preocupa, entre otras cosas, la falta de voluntad política por parte del Presidente y Comisionado para afrontar el gran reto que esto comprende, el protocolo de participación de la sociedad civil y la incertidumbre jurídica que tiene el espacio, ya que no existe un marco jurídico específico y solamente está la Ley 2272.

“Lo que hemos dicho con mucha contundencia es que nos preocupa el cambio de comisionado. Teníamos mucha más expectativa de que iba a haber celeridad, pero vemos que con la salida del anterior consejero y con la llegada de Otty se ha ralentizado el proceso.” agregó.

Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y representante del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación, al ser consultada sobre los temas tratados allí, contó que en este proceso hay que entender que una cosa es la agenda que se tiene con las estructuras que están sentadas en la cárcel y otra la existente con la comunidad.

Para el caso de la última, manifestó que hasta el momento van cinco puntos, donde están las asambleas territoriales de paz urbana, las propuestas para la intervención integral del Gobierno a los territorios y el proyecto Jóvenes en Paz.

“Una cosa es lo que estamos conversando con las estructuras y otra muy distinta lo que estamos conversando con la ciudadanía. Con la ciudadanía se abordan las violencias estructurales y con las estructuras cómo desescalar esos conflictos, cómo desescalar esas violencias”, acota Zuleta.

Es allí donde aparecen temas como el fentanilo, droga que ellos se comprometieron a que no iban a traficar en la ciudad, pero que está llegando desde otras esferas. También el alejar las drogas de los entornos escolares, el uso de los niños y niñas para actividades sexuales, la prostitución y la presencia de estructuras ilegales de extranjeros que han venido ganando terreno.

En medio de todo este panorama, el coordinador Mejía reconoce que el proceso tiene dos grandes voluntades reflejadas en los voceros de las estructuras que siguen sentados en la mesa a pesar de lo lento que se ha tornado el proceso, y el acompañamiento que han tenido por parte de la sociedad civil, “la tercera pata es la que cojea un poquito y es la del Gobierno Nacional, particularmente que de parte de la Oficina del Alto Comisionado se retome la orientación y construcción de este proceso”.

LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Periodista de Nación

Medellín