Accidente de avión revive discusión sobre traslado del Olaya Herrera en Medellín

La Aeronáutica Civil confirmó ayer que se trabaja sobre la hipótesis de que la tragedia aérea registrada el lunes pasado en el barrio Belén Rosales, del occidente de Medellín, sería por falla en uno de los motores de la aeronave Piper 31-350 que cayó dos minutos después de despegar del aeropuerto Olaya Herrera causando la muerte instantánea de sus ocho ocupantes.

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Tras el hecho, en la ciudad se reavivó un asunto que ha generado discusión pública en los últimos años: el cierre de operaciones del aeropuerto Olaya Herrera y su traslado al José María Córdova o a un terminal nuevo, en otra zona cercana a Medellín.

Este aeropuerto conecta a la ciudad y el país con regiones apartadas y municipios intermedios. Según datos de Airplan, concesionario del aeropuerto, a octubre de 2022 había movilizado 1’103.631 pasajeros entre llegadas y salidas. Sus directivas esperan cerrar el año con 1’350.000 pasajeros.

Y en cuanto a operaciones aéreas, para el mismo periodo se habían registrado 67.281 entre despegues y aterrizajes de aeronaves. El año se cerraría con cerca de 80.000. Es el quinto en operaciones aéreas en el país.

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“Son vuelos regionales, tipo taxis aéreos, que presta servicios chárter a regiones que son apartadas y a las que no se puede acceder de otra manera”, señala Juan Carlos Perafán, docente de la Facultad de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Pontificia Bolivariana.

La propuesta de un eventual traslado no es nueva. En el primer semestre de 2021, la istración distrital en cabeza del alcalde Daniel Quintero presentó un proyecto de acuerdo ante el Concejo que buscaba el cambio de naturaleza jurídica del establecimiento público Olaya Herrera a una empresa industrial y comercial del Estado.

En esa oportunidad, 12 concejales rechazaron la propuesta al argumentar que dicho plan de traslado del terminal no estaba dentro del proyecto, uno de los principales argumentos de Quintero para su aprobación.

“Falta de rigurosidad en estudios técnicos y financieros, intereses políticos y riesgo de burocracia, desconocimiento sobre el monto y origen de la inversión e improvisación y falta de idoneidad de los es”, explicaron entonces 7 de los 8 concejales del Centro Democrático que rechazaron la propuesta.

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El mandatario distrital anunció tras el accidente que la propuesta se volverá a presentar en los próximos días.

“El proyecto busca una segunda pista en Rionegro, una pista en San Pedro de los Milagros y el traslado del aeropuerto a este municipio. En el espacio se construirá un parque de 1’300.000 metros cuadrados de lagos, pequeños canales y bosques para darle aire a Medellín”, apuntó Quintero.

Para que el proyecto se materialice y cesen las operaciones en el Olaya Herrera, se tiene que garantizar la conectividad aérea a través de un nuevo aeródromo y el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, que hoy está al límite de su capacidad y en el que el Ministerio de Transporte, la ANI y la Aerocivil adelantan acciones para su ampliación y una construcción de una segunda pista y terminal en el mediano y largo plazo.

Una de las barreras para el traslado del Olaya Herrera es que hay un contrato de concesión con un operador desde el 2008 para operar el terminal hasta el 2032, con posibilidad de extenderlo hasta el 2048.

El Centro de Modelación Urbana de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) realizó un estudio en el primer semestre del año en el que hallaron que el aeropuerto moviliza 1,1 millones de pasajeros y cada año crece al 4 por ciento, es decir, al 2038 serían unos 2,5 millones de personas.

“Se encontraron 161.573 obstáculos en la operatividad aeroportuaria donde está, de los cuales 66.000 están dentro del cono de aproximación de aterrizaje y despegue (torres de telecomunicaciones, edificios, la geografía propia y desarrollos inmobiliarios no legalizados)”, expresó Julián Gómez Carvajal, líder de arquitectura de la EDU.

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En los estudios iniciales se han identificado tres posibles escenarios de traslado: Rionegro, San Pedro de los Milagros y Santa Fe de Antioquia.

Jesús Sánchez, gerente del establecimiento público, explicó que la propuesta es básica y que es un primer paso para estudiar el traslado del aeropuerto. Sánchez también fue enfático en explicar que la nueva naturaleza jurídica del aeropuerto permitiría contratar estudios de viabilidad para el traslado hacia San Pedro de los Milagros.

Según el funcionario, estos tardarían entre 12 y 14 meses en ejecutarse y hoy esa unidad istrativa no puede realizar contratos por periodos mayores a un año.

Por eso, señala, se tuvo que recurrir a Terminales Medellín, a través de un contrato interistrativo por 6.496 millones de pesos para la contratación de los estudios.

“Decir que se va a cerrar el aeropuerto Olaya Herrera en este momento sería terminar de saturar el ya congestionado aeropuerto de Rionegro. Se debe considerar previo a esto la planeación de un aeropuerto alterno que tenga las mismas condiciones que el actual”, dijo el experto en aviación y docente de la UPB, Juan Carlos Perafán.

Para el académico, las especificaciones del nuevo terminal y la pista serán definidas por las condiciones técnicas de las aeronaves que aterrizarían y despegarían allí. “Hay especificaciones para aeropuerto regionales que requieren de aeronaves pequeñas que están definidas por regulaciones”, añadió.

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El representante a la Cámara por Antioquia y quien fuera concejal de Medellín Daniel Carvalho expuso tres razones por las cuales se debe pensar en un traslado del aeropuerto.

“La primera es porque representa un peligro, la segunda es que en una ciudad con alta contaminación acústica y atmosférica tiene sentido que el aeropuerto pueda aportar a eso y en tercer lugar, porque Medellín es estrecha y requiere mayor espacio público y mayor oferta inmobiliaria en las zonas planas de la ciudad”, asevera el representante.

El político es claro en afirmar que la discusión debe pasar por un debate público con toda la ciudadanía y que no debe corresponder a un capricho. “Se requiere mostrarle a la ciudadanía qué más puede haber allí con ejercicios de apropiación y escenarios futuros, que en la próxima discusión del POT quedaría oficializada la discusión”, agregó Carvalho.

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Una vez se confirme el cese de operaciones aéreas en el Olaya Herrera –con la construcción de un nuevo aeródromo y la ampliación del aeropuerto José María Córdova– se definirá el futuro del terreno de más de 128 hectáreas que pertenece al Gobierno Nacional, a través del Invías, y que Medellín tiene en comodato hasta el año 2075.

Expertos y conocedores del tema creen que esa discusión tiene que ser abierta y transparente para la ciudadanía. Incluso, la decisión que se tome deberá quedar consignada en el próximo Plan de Ordenamiento Territorial que se debatirá en el 2026.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

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