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La lucha de un hombre en Medellín para no perder su casa en un remate judicial

Un negocio que no salió bien terminó en un pleito de 20 años que está a punto de dejarlo en la calle

Mario González vive en la casa que heredó de sus padres en Manrique, nororiente de Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

PERIODISTA21.06.2023 19:30 Actualizado: 23.06.2023 00:00

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A pesar de que lleva casi 20 años de lucha para tratar de recuperar una de sus propiedades y evitar que le quiten la casa en la que vive en un barrio de clase trabajadora del nororiente de Medellín, Mario de Jesús González García aún no se da por vencido en su búsqueda de justicia.

En dos décadas les escribió a burócratas, fiscales, jueces, magistrados y al mismo expresidente Iván Duque, cuando estaba en el primer cargo de la Nación. También le envió correos a no menos de seis periodistas para que contaran su historia y llamó a varias oficinas de abogados, en busca de un jurisconsulto que le tendiera una mano.

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Pero ninguna estrategia le ha funcionado para tratar de revertir lo que a su juicio califica como robo y que hoy lo tiene al borde de la desesperación.

Aunque todo estaba listo para firmar la escritura de venta de una de sus propiedades en junio de 2004, una acusación de última hora por parte del comprador —que alegó un cambio en las condiciones del negocio— terminó en una tortuosa pelea judicial que se ha prolongado por 18 años.

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El hecho de no haber pagado una sanción que le impuso un juez en el pleito que perdió lo tiene hoy ad portas de que un juez de ejecución civil de Medellín fije la hora y fecha en que se rematará la vivienda de casi 150 metros cuadrados en la que vive con su esposa y uno de sus hijos.

Con firmeza y el semblante serio que lo caracteriza, González García —de 62 años, ojos cafés, pelo desarreglado y unos 180 centímetros de estatura— dice que lo que menos quiere es “hacer justicia con mano propia”, porque asegura, sin dar muchos detalles, que no lo tendría difícil.

Su propio abogado

González García no es abogado, aunque puede hacerse pasar por uno. Lo que sabe de leyes, o al menos de propiedad horizontal y derecho civil, es porque lo ha aprendido en las últimas dos décadas por su propia cuenta.

Quiso estudiar zootecnia o química farmacéutica cuando era joven, pero no pasó el examen de la Universidad de Antioquia ninguna de las cuatro veces que se presentó.

Durante años fue conductor de taxi y en algún momento llegó a tener dos, pero ese negocio no le salió bien. Estuvo al frente de protestas y un par de veces fue citado por medios de comunicación como líder del gremio.

De esos tiempos solo le quedan las 300 y pico de semanas que no le cotizaron de pensión y que hoy lo obligan tener que trabajar 5 años más para pensar en un retiro, a pesar de que hace un año cumplió la edad de jubilación.

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Trabajó como contratista, manejando las van de Tigo-UNE y en el último tiempo condujo para la subsecretaría de Espacio Público de Medellín pero de ahí salió en diciembre pasado porque no estaba de acuerdo con la manera en que estaban gestionando los contratos.

Desde entonces está sin trabajo y manda entre 4 y 5 hojas de vida al día. Con algo de impaciencia, espera que alguien le dé una oportunidad para ganarse honradamente la vida, en lugar de contratar a una persona 40 años más joven.

Mientras consigue empleo, González García camina de juzgado en juzgado para ver en qué van sus procesos y busca quién lo ayude a revertir los dos fallos, en primera y segunda instancia, que hoy lo tienen contra las cuerdas.

—Yo no tengo para pagar un abogado, ellos me han robado mucha plata.

El negocio que no salió bien

El 17 de noviembre de 2010, el juzgado 16 civil del circuito de Medellín falló en primera instancia —después de cinco años— en contra de Mario de Jesús González García.

Lo que parecía una salida para solucionar una compraventa que nunca se cumplió, terminó en una demanda de reconversión que lo obligó a escriturar la venta de una casa y un local, y pagar 4 millones de pesos en multa al hombre que él mismo llevó a los estrados judiciales.

Ninguna de las dos órdenes se ha cumplido a la fecha y de ahí que su casa esté en un proceso de remate por el dinero adeudado más los intereses.

El negocio tiene su origen a principios de 2004, cuando González García decidió poner en venta el primer piso del edificio de dos plantas y una terraza en una esquina del barrio Las Granjas. El comprador fue el inquilino de la tienda que funciona en el primer nivel a quien le debía el pago de una hipoteca que se firmó dos años atrás.

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“Un día le dije que me prestara una platica para comprarme un taxi. El señor me prestó 15 millones de pesos y se cogió en hipoteca el primer piso que tiene local comercial y casa. Es una esquina, bonita. Luego me pidió que hipotecara el segundo piso, yo le dije que por eso no había problema. Transcurridos 19 meses le dije que le iba a pagar la plata más los intereses con la venta del primer piso y le dije que si lo quería comprar. Él dijo que sí”, relató González García.

Transcurridos 19 meses le dije que le iba a pagar la plata más los intereses con la venta del primer piso y le dije que si lo quería comprar. Él dijo que sí

El compromiso era simple: la venta se tasó en 29 millones de pesos —en la compraventa quedó por $ 12 millones para ahorrar en trámites—, de los cuales 22.650.000 pesos correspondían al pago de la deuda más intereses. Eleazar Llanos Henao, su comprador, debía pagar el resto de contado y en efectivo.

La entrega de las dos propiedades se hizo ese 5 de febrero y la firma de las escrituras quedó para abril, fecha que tuvo que ser modificada en dos oportunidades porque la sucesión a favor de González García aún no estaba lista.

Para el 30 de junio de 2004, los dos hombres se debían reunir en la Notaría 23 de Medellín para sellar la venta de la casa y el local, pero Llanos Henao se negó a firmar el documento.

Según le contó al juez, las cláusulas de la promesa habían sido modificadas por su arrendador puesto que prometió en venta la losa del tercer piso a una pareja de esposos para construir allí una vivienda.

Los reparos a las decisiones judiciales

Gónzalez García conoce el barrio como la palma de su mano. Ubicado en la parte baja de Manrique, llegó allí con su familia hace más de 50 años proveniente de El Carmen de Viboral.

Hijo único de un campesino, policía y empleado de Empresas Varias de Medellín, heredó con la muerte de su madre la totalidad del edificio esquinero en el que ha vivido casi toda su vida.

La construcción de la casa se hizo “de a poquitos”, pieza por pieza. Primero fue el primer piso y tiempo después levantaron el segundo, donde vive actualmente. La plancha del tercero —que fue la caja de pandora que desató todo el problema— la vendió en 2004 y allí edificaron otra casa.

Las 200 páginas del expediente reposan en una carpeta de cartón en el escritorio de la casa de González García. Cada archivo está organizado con sumo cuidado y en orden, para el momento en que lo tenga que repasar, aunque se sabe casi todos los datos de memoria. En su computador también están los respaldos digitales que inmediatamente envía a quien dice que lo puede ayudar.

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Promesas de compraventa, escrituras, fallos judiciales, matrículas inmobiliarias, conceptos, sucesiones, reglamentos y licencias de construcción respaldan —así asegura— lo que ha denominado como una injusticia.

Las leyes las recita como si las hubiese estudiado cinco años en una universidad y pese que ha buscado defenderse por su propia cuenta siempre le dicen que debe tener un abogado.

González García está convencido de que el juez en primera instancia y los magistrados en segunda no revisaron a profundidad los documentos de su caso. También dice que habría irregularidades e incluso posibles delitos, aunque de eso no tiene prueba alguna.

Lo que sí le es claro es que en el fallo solo tuvo en cuenta un apartado del reglamento de propiedad horizontal que tenía el edificio para el momento de la compraventa y que para las dos partes, respalda su postura.

Llanos Henao aseguró en el proceso que la losa del tercer piso no podía ponerse en venta sin tenerlo en cuenta porque era de propiedad común.

Argumento que fue respaldado por el juzgado al citar el reglamento: “se estiman bienes afectados al uso común y de dominio indivisible e inalienable de todos los propietarios del edificio: (...) la losa que constituye la cubierta de los apartamentos”.

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Para la sala décima de decisión civil del Tribunal Superior de Medellín, que revisó el caso en segunda instancia, la situación hubiera sido distinta “si en el reglamento se hubiese descrito como área privada o de uso exclusivo, que implicara una matrícula inmobiliaria independiente” la losa del tercer piso, por lo que ratificó el primer fallo.

Pero González García alega que los juristas omitieron dos apartados que demuestran que el tercer piso es de su propiedad. El reglamento reza que la segunda planta incluye una terraza y que el límite de esa vivienda por la parte de encima es con “la losa privada que cubre la edificación”.

Le ha escrito a todo el mundo

Lo que lo convence aún más de su argumento es una aclaración de voto por parte de uno de los magistrados del Tribunal que dijo que los bienes de dominio común de uso exclusivo no implican abrir una matrícula, ya que en el reglamento se fija que su uso es permitido a un propietario o a un número limitado de ellos.

A eso se suma la autorización que recibió en junio de 2004 —por parte de una Curaduría de Medellín— para construir dos pisos más en el edificio, las escrituras que le hizo a los vecinos del tercer piso y dos conceptos que pidió a la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Vivienda para aclarar sus dudas.

—Yo soy muy inquieto. Le escribí al presidente Duque y le mandé todas las 60 hojas de mi historia.

—¿A dónde se la mandó?

—A un correo que encontré buscando en internet.

A los días le llegó una carta de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia con la que pensó que las cosas ya serían a otro precio. “Ahí mismo mandaron la orden a la Fiscalía, pero llegó al mismo juez y decidió no desarchivar el proceso”, comentó González García.

Yo soy muy inquieto. Le escribí al presidente Duque y le mandé todas las 60 hojas de mi historia

Al juez lo denunció por prevaricato, pero la Fiscalía no avanzó en el proceso. Y a Llanos Henao lo acusó por fraude procesal, pero de eso dijeron que no había mérito para investigarlo. Lo último que le recomendó una fiscal de Medellín fue ir a un juzgado de control de garantías, pero allá le dijeron que necesitaba un abogado.

Por eso, sin trabajo y rebuscándose la plata para poder pagar un jurisconsulto, aún sigue buscando quien lo defienda. Para colmo de males, Llanos Henao sigue al frente de la tienda del primer piso y su esposa compra ahí los ajustes del mercado porque ella no guarda rencores con nadie.

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—¿Usted por qué decidió seguir con el litigio en vez de pagar los 4 millones de pesos?

—Yo estoy buscando justicia —respondió González García con firmeza— Un ejemplo. Cómo voy a quitarte ese reloj y vos te vas a quedar quieto. Vos te defendés. Eso me pasa a mí. ¡Cómo es que este juez le regala 4 millones de pesos también! ¿Le va a regalar toda la casa y encima le regala la de arriba? No es justo.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

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