El Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario a seis uniformados de la Policía Nacional, al parecer, por el secuestro de dos expendedores de estupefacientes en el centro de la ciudad. Los indiciados deberán responder como presuntos responsables de
secuestro extorsivo agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por uso.
Se trata de un suboficial y cinco uniformados de la Fuerza Pública, quienes, al parecer, habrían cometido el secuestro para exigir dinero a cambio de liberar a los jíbaros y de no vincularlos a procesos penales por el delito de tráfico de estupefacientes.
“Lo más delicado del caso es que muchas veces esas personas retenidas debían ser judicializadas pero que no se pusieron a disposición de los fiscales a quienes correspondía la investigación, se encontraron interceptaciones telefónicas y evidencias que pudieron demostrar su participación. Este es un proceso que responde a la necesidad de judicializar actividades irregulares al interior de cualquiera de las instituciones”, dijo Adriana Villegas, directora seccional de Fiscalías de Medellín (e).
Después de una audiencia preliminar realizada el martes 2 de julio de este año, cuatro de los seis uniformados fueron sorprendidos cuanto intentaban ingresar celulares a la sala de paso de la sede Caribe de la Fiscalía de Medellín. Los teléfonos fueron confiscados y el juez de garantías legalizó la incautación.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, entre el 30 de junio de 2017 y el 15 de febrero de 2018, los uniformados detuvieron en flagrancia a dos reconocidos coordinadores de plazas de vicio de la comuna 10 (La Candelaria), en posesión de dosis de narcóticos.
“De acuerdo con las declaraciones de testigos y de los propios delincuentes, los retenidos no eran dejados a disposición de los fiscales sino que eran conducidos hasta algunos puestos de
Policía del sector, donde les exigían sumas que oscilaban entre los tres y los cinco millones de pesos para dejarlos en libertad y no judicializarlos, en algunos casos, se habrían quedado con parte de la droga incautada”, afirmó la Fiscalía General de la Nación.
Además, las autoridades investigan un caso relacionado con la retención ilegal de un mensajero que transportaría marihuana en una motocicleta. Al sujeto le retuvieron sus documentos y su vehículo mientras obtenía la suma de 1.500.000 pesos para devolverle sus propiedades.
Los policías estaban inscritos en los Comandos de Acción Inmediata (CAI) de Boston, Parque de Bolívar y Plaza de Minorista, y habrían alterado los libros de población de institución para evitar los seguimientos judiciales.
MEDELLÍN