Gobierno asume investigación por ataque en San José de Apartadó

Con la presencia del viceministro encargado del Interior, Horacio Guerrero, y del defensor del Pueblo regional, Fredy Largo, se desarrolló en la mañana del sábado un consejo extraordinario de seguridad en la alcaldía de Apartadó, en Antioquia.

El objetivo: analizar las denuncias de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sobre la presencia de un grupo armado que intentó asesinar al representante legal de la Comunidad Germán Graciano Posso.

“Tuvimos conocimiento el viernes en la mañana, a través de las redes sociales, de un ataque contra el líder Posso. De inmediato viajó la secretaria de Gobierno de Apartadó y los oficiales de Policía y Ejército para conocer de cerca la situación y escuchar a la comunidad”, dijo a EL TIEMPO Eliécer Arteaga Vargas, alcalde de Apartadó, quien confirmó que la comunidad retuvo a dos de los supuestos atacantes.

En la tarde del sábado, el viceministro y el defensor del Pueblo regional viajaban hacia la Comunidad de Paz para recibir a los retenidos por petición expresa de los habitantes del lugar.

“Ellos (la Comunidad de Paz) quieren ser escuchados por el Gobierno central, por eso pidieron su presencia para entregar a los capturados o retenidos, como lo quieran llamar”, dijo el alcalde, quien señaló: “Vamos a esperar lo que arroje la investigación, es un hecho delicado y de suma importancia para la comunidad. Estamos analizando otras hipótesis, pero por ahora nos vamos a centrar en la protección de la comunidad”, afirmó Arteaga.

La Fiscalía General de la Nación sería la encargada, junto con su equipo especial, de investigar los hechos registrados el pasado viernes en horas de la mañana en el asentamiento central de San Josecito, donde según la comunidad un grupo armado ingreso con la intención de asesinar a Germán Graciano Posso. Cercanos a Posso afirman que este había recibido amenazas –directas y constantes– contra su integridad y vida, y que a pesar de haber reportado el hostigamiento a las autoridades, no obtuvieron ningún tipo de protección.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha proferido varias medidas cautelares que obligan al Estado a brindar protección a la Comunidad de Paz de San José de Apartado, medidas tanto a nivel nacional como internacional.

La comunidad de San Juan de Apartadó emitió un comunicado en el que reseña que el pasado viernes cuatro hombres, a quienes califican de “paramilitares”, ingresaron a una bodega donde se estaba negociando cacao. “Intentaron primero hacer entrar a un cuarto a varios de la Comunidad que se encontraban allí, a quienes amenazaron de muerte sacando sus armas”, y recalcan que “varios de la Comunidad reaccionaron y forcejearon con los criminales hasta lograr quitarle el arma a uno de ellos e inmovilizar a dos paramilitares, quienes fueron atados”.

En el comunicado se reconoce que en medio del forcejeo, Germán Posso resultó herido “y otros de la Comunidad quedaron heridos, como también los dos paramilitares inmovilizados”.

Por su parte, Hugo Alberto Parra, subsecretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, confirmó que varios hombres armados atacaron a un grupo de personas que se encontraban en una bodega de la comunidad, causándoles heridas a dos líderes sociales.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó pidió investigar lo que califican como la “enorme libertad de acción” con la que los presuntos paramilitares se mueven por la zona, por lo que solicitaron que el vicepresidente y general en retiro, Óscar Naranjo, examine la situación al considerar que hay complicidad por parte de la Fuerza Pública.

Los habitantes de San José de Apartadó, Antioquia, enfrentaron en la década de los 80 y 90 el fuego cruzado de los grupos guerrilleros y paramili- tares, el cual costó centenares de vidas. Frente a esto, la población se declaró neutral, exigió ser dejada fuera del conflicto e hizo la declaración de que el suyo es territorio de paz.

La Corte Constitucional impartió en sentencia de 2007 una serie de órdenes orientadas a que se protegieran de manera integral los derechos de a la justicia, a la verdad y a la reparación de los de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y que se procurara reconstruir la confianza entre las instituciones encargadas de su protección. El 30 de agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió las primeras medidas cautelares que exigían el cuidado y protección de los moradores.

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