¿Que pasó con el Plan de choque en la frontera con Panamá?

La promesa de implementar un Plan de choque para mejorar las condiciones de los migrantes, que atraviesan la frontera entre Colombia y Panamá, fue la única acción que puso fin a un conjunto de protestas ciudadanas y paros que generaron una crisis humanitaria sin precedentes en esa región, entre enero y abril de 2019. Sin embargo, el silencio de la Cancillería de Colombia y el descontento de decenas de habitantes, quienes a casi un año después de lo ocurrido aseguran que dicho plan aún no se ejecuta, amenazan con reactivar las protestas.

Aunque por varias décadas el Urabá chocoano y antioqueño ha sido uno de los nodos del tránsito de migrantes, el antecedente más próximo del actual conflicto se remonta al 28 de enero de 2019. El día en que una embarcación abarrotada de extranjeros naufragó en el golfo de Urabá y dejó un saldo de 24 fallecidos.

Ese hecho se convirtió en el detonante de una crisis humanitaria que desbordó la capacidad de respuesta de los organismos oficiales. Esto a causa de un conjunto de protestas en el municipio de Acandí y la decisión de los transportadores del golfo de suspender indefinidamente su servicio hasta no obtener respuestas oficiales. Como lo registró este diario, durante ese paro los gobiernos locales calculaban que hasta 2.000 migrantes estaban varados en territorio colombiano.

Aunque la zona fronteriza tiene una extensión de 266 kilómetros, los datos oficiales muestran que ese tránsito se concentra en tres municipios principales: Turbo y Necoclí, en Antioquia, y Acandí, en Chocó. Este último, el más cercano a Panamá, desde donde los extranjeros se adentran en el tapón del Darién para continuar su ruta.

Según reportes de la Unidad istrativa Especial de Migración Colombia (Uaemc), de las 77.597 detecciones de migrantes registradas entre 2012 y 2019, aproximadamente el 47 por ciento habían sido reportadas en los departamentos de Antioquia y Chocó.

La marginalidad de estos tres municipios y el déficit en materia de educación, infraestructura y empleo generaron el surgimiento de una economía local erigida alrededor del paso de los migrantes.

Y es aquí en donde aparece el conflicto más importante, que tal como lo resume el sacerdote Aurelio Moncada, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen en el corregimiento de Capurganá, Acandí, fue el centro de discusión durante el año pasado: “Hay una línea muy delgada entre lo que es ser guía y convertirse en coyote”.

Esa línea, según explica la capitán de corbeta Raquel Elena Romero, comandante de la Estación de Guardacostas de Urabá, está marcada por el salvoconducto, una autorización temporal expedida por Migración Colombia. Sin este documento, bajo la mirada del Código Penal Colombiano (Artículo 188), cualquier tipo de colaboración a migrantes irregulares se configura en el delito de tráfico de migrantes, que estipula penas de hasta 12 años de cárcel.

Pese a la mejora de esta cobertura, los transportadores de la región dicen sentirse todavía perseguidos, por lo cual comenzaron a pedir respuestas a la Cancillería sobre el Plan de choque, en donde también quedó consignada la promesa de enmendar el abandono estatal a la zona.

Para conocer los compromisos adquiridos y los indicadores de la implementación de ese plan, EL TIEMPO envió un requerimiento a la Cancillería, pero hasta el cierre de esta edición esa institución no había contestado.

Emigdio Pertuz Buendía, representante de Cocomanorte, una de las organizaciones que representa a los transportadores de la zona, sostiene que los compromisos pactados durante el año pasado no se han cumplido y asevera que los canales de comunicación con la Cancillería se rompieron desde noviembre del año pasado, por lo que piensan nuevamente en iniciar un paro.

Por su parte, el sacerdote Moncada, si bien confirma el malestar de la comunidad con el silencio oficial, destaca otro problema que, dice, aún no tiene solución: “Miles de migrantes continúan adentrándose en la selva para cruzar a Panamá, exponiéndose a condiciones inhumanas y crueles. Colombia y Panamá deberían buscar una alternativa para que la vida de ellos no corra peligro”.

Mientras las autoridades ajustan estas tareas, los flujos migratorios continúan. Y en el terreno, la paciencia de los habitantes parece cada vez más escasa y el inicio de una crisis humanitaria, producto de una nueva suspensión del transporte en el golfo de Urabá, aparece en el horizonte.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN