Faltan respuestas sobre desaparecidos cerca de Hidroituango

En el piso 4 del palacio de Justicia José Félix Restrepo, de Medellín, en el auditorio Fernando Vélez Barrientos, se instaló esta mañana la audiencia para indagar por los restos de desaparecidos en zona de influencia del proyecto Hidroituango.

En esta, magistrados para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) de la Justicia Especial para La Paz (JEP) operarán como garantes de un diálogo en el que las víctimas obtengan respuestas efectivas a sus preguntas.

El magistrado Gustavo Salazar resaltó que el trabajo en la búsqueda de respuestas de las víctimas consistía en “hacer de la memoria su herramienta para el futuro”, y fue con esas palabras que se abrió la primera sesión de la audiencia.

El primer punto en el que coinciden los distintos grupos de víctimas es en el dolor y la esperanza con la que acuden a estas instancias en búsqueda de respuestas. El segundo, el descontento con las instituciones que habrían hecho caso omiso a sus peticiones para buscar a sus desaparecidos por el conflicto armado desde hace varios años en estas zonas de influencia. Y el tercero, uno de los puntos que más preocupan, es el subregistro que existe con respecto a las cifras de las víctimas de desaparición forzada.

Ríos vivos es uno de los movimientos que surgió de la articulación de organizaciones sociales que en su totalidad se identifican como afectadas por Hidroituango.

Isabel Cristina Zuleta López, socióloga, activista y vocera del movimiento, manifestó durante la audiencia que entre los 12 municipios que aparecen en la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico, son 1.013 las víctimas de desaparición forzada, de acuerdo con el observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Sin embargo, afirma Zuleta, hay una discusión en torno a la real zona de influencia de Hidroituango. Según ella, ya son 27 los municipios que hacen parte de esa influencia, incluyendo los de La Mojana sucreña y los del bajo Cauca. En ese sentido, las cifras aumentarían a 2.765 personas.

Aunque se calcula un porcentaje de 40 % de subregistro, estas son las cifras “más cercanas a la sociedad civil porque es un dato no judicial, no son las que más confianza les dan a las víctimas en la relación con las cifras de la Fiscalía, que son 1.000 menos que este dato”, aseveró Zuleta.

En ese sentido, la socióloga reiteró la importancia de que el Estado se encargue de la consolidación de las cifras para iniciar un plan de búsqueda riguroso.

La intervención de la Gobernación de Antioquia estuvo en cabeza de la directora de Derechos Humanos del departamento, María Clara Sierra, quien expuso los proyectos que desde la istración se hacen con relación a las víctimas del conflicto armado, tales como capacitaciones, asistencias técnicas y en la entrega de los cuerpos, en la cual debe haber un acompañamiento financiero y psicológico.

Luego de su intervención, los magistrados de la mesa le preguntaron, de manera reiterativa, si para la Gobernación de Antioquia existen en la zona lugares de inhumación, interrogantes a los que la funcionaria no respondió con claridad argumentando que “de manera articulada trabajamos con las instituciones; el ente competente para verificar es la Fiscalía”.

A pesar de eso, el representante del ministerio público se declaró insatisfecho con la pronunciación de la Gobernación. Y el magistrado Salazar expresó que en las intervenciones hizo falta el acompañamiento de datos por parte de esta istración.

Por otro lado, el magistrado Salazar intervino en medio de la sesión para manifestar que la dependencia de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio de Educación, no había acudido a la audiencia y tampoco había justificado la ausencia.

Por ende, se resolvió dar apertura a un incidente de medidas correccionales en contra dos funcionarios del mencionado ministerio: Luis Fernando Bastidas (director de Consulta Previa) e Hilduara Dianasneth Barliza (directora de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías).

Con respecto a la intervención de EPM, la representante de la empresa, Ángela Benavides, expresó que es plenamente posible la realización de acciones institucionales aguas abajo de la presa y aseguró ante la mesa la disposición para trabajar.

Asimismo, aseguró que no había zonas de inhumación en la zona de influencia de los 12 municipios, puesto que “el área del embalse en esta zona ocupa el 1,1 por ciento”, y lo argumentó, además, con base en razones de la velocidad del río, el caudal y la pendiente.

Al respecto, los magistrados preguntaron qué había pasado desde marzo de este año hasta hoy, puesto que en ese mes habían manifestado que la probabilidad de inhumación era baja, basándose en estudios científicos, y ahora no tenía cabida esa posibilidad.

A esto Benavides respondió que se basaban en una serie de prospecciones sustentadas en la geografía de la zona, las condiciones del caudal y que se trataba de “un tramo acotado de aproximadamente un kilómetro que fue prospectado en su totalidad por la Fiscalía General de la Nación”.

A esta audiencia fueron citados representantes del Ministerio del Interior, la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación, las alcaldías de Ituango, Toledo, Sabanalarga, Peque, Valdivia y Briceño, EPM, Hidroituango S.A. E.S.P. y el Comité Nacional de Búsqueda del partido Farc.

Esta audiencia está programada hoy, 8 de octubre, durante todo el día hasta las 5 p.m. y el miércoles, entre 8 a.m. y 5 p.m.

MEDELLÍN