En la noche del 23 de octubre de 2018 se escuchó el primer rugido de guerra de las disidencias de las Farc, en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander. Ese día, la Estación de Policía del municipio de Hacarí fue hostigada por ráfagas de fusil y granadas, dejando un policía y cuatro civiles heridos, entre ellos una menor de 15 años.
Desde ese ataque, las autoridades regionales mantienen bajo sus radares la estela criminal de este grupo residual, sin embargo, el anuncio de la semana pasada de alias
Ivan Márquez de rearmarse y buscar alianzas con la guerrilla del Eln, aumentó el clima de zozobra en las comunidades de esta zona fronteriza con Venezuela.
Varias organizaciones defensoras de derechos humanos de lado y lado del eje fronterizo confirmaron el poderío bélico de estas dos organizaciones alzadas en armas y su facilidad de mimetizarse en la población civil de ambas naciones.
Asimismo, la guerra por las rutas de la droga, librada desde marzo de 2018 por el Eln y la disidencia del Epl, más conocida como Los Pelusos, deja entrever la configuración de un nuevo mapa de bandos aliados y rivales en la disputa por el negocio de la producción anual de 180 toneladas de estupefacientes, según cifras de Naciones Unidad.
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, aseguró que en este perímetro del departamento, conformado por 11 municipios, delinquen tres facciones de este reducto alejado del acuerdo de paz, pactado en La Habana.
“Para esta parte del país, a mediano plazo, creemos que la situación va ser muy grave en términos de violencia y acciones guerrilleras. Esto finalmente va lograr unir estas disidencias y sabemos que al parecer se están dedicando al narcotráfico y a materializar los planes de Márquez”, aseveró este experto.
Por su parte, la Fundación Redes, radicada en Venezuela, ha denunciado en varias ocasiones la influencia de la guerrilla de alias Gabino en la vida cotidiana de los estados limítrofes del vecino país,y sobre todo, tras protagonizar una confrontación armada con Los Pelusos, que el año pasado -según sus datos- dejó 680 desaparecidos y 120 secuestrados en la nación petrolera.
“Hemos visto que los disidentes de Farc ya operan con armas largas, intimidando a la gente y cercenándoles su derecho a protestar. Lo que genera estos grupos irregulares colombianos es un conflicto de mediana intensidad en el país”, aseveró Javier Tarazona, vocero de esta fundación.
Habitantes de los pueblos fronterizos del estado Táchira aseguran que los jóvenes reclutados provienen de regiones remotas de Venezuela, sin ni siquiera dinero para comer
Una investigación realizada por el portal especializado Insight Crime coincide con esta injerencia armada, pero va mucho más allá. Según sus hallazgos, jóvenes venezolanos estarían engrosando estas filas ilegales y reciben 300 dólares mensuales, equivalentes a un millón de pesos.
“Habitantes de los pueblos fronterizos del estado Táchira aseguran que los jóvenes reclutados provienen de regiones remotas de Venezuela, sin ni siquiera dinero para comer. Los grupos guerrilleros y las bandas criminales que operan en la zona les ofrecen oportunidades de ingresos que nunca tendrían en su país”, concluyó esta Ong.
El secretario de Gobierno de Norte de Santander, Luis Alberto Acevedo, precisó que ya se han elevado las solicitudes a la Fuerza Pública para procurar la seguridad del territorio, sin embargo, no dejó de sentirse preocupado por la irrupción de esta disidencia en la guerra de más de un años, mantenida por el Eln y Los Pelusos.
“Ya tenemos una instrucción especial para unir especialidades entre CTI, Fiscalía y Policía para vigilar la época electoral. Ahora, la intención manifestada de los disidentes del frente 33 de las Farc nos tiene muy inquietos por lo que viene en temas de orden público para la región”, aseveró el funcionario.
CÚCUTA