¿Por qué las confrontaciones por tierras en el norte del Cauca?

Los gremios productivos del suroccidente están alarmados porque la ocupación de privados por parte de comunidades, no solo en este año, sino en las últimas décadas, generan tensiones y tropiezos en actividades cotidianas y productivas en la región.

La presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz Otoya, señala que la gran preocupación se debe a la falta de estabilidad jurídica que enfrenta el sector productivo.

“Claramente acciones como las ocupaciones de tierras lo que lleva es a que las iniciativas productivas no se desarrollen en un departamento que necesita urgentemente un fortalecimiento de su sector productivo, generando así los tan necesitados empleos y crecimiento económico”, indica la ejecutiva.

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En los últimos meses, gremios productivos han venido denunciando estos hechos en  fincas de personas naturales y jurídicas.

Los más recientes operativos de desalojo se presentaron en la finca La Olga, de propiedad de Empresas Municipales de Cali, donde se habían identificado alrededor de 20 cambuches.

El otro caso se registró en un predio conocido como El Retiro, en la vereda El Arado,  de Cajibío, en el norte del Cauca.

Mientras que en el primer lugar el proceso de desalojo se cumplió en calma y en diálogo, en los predios ubicados en el norte del Cauca el procedimiento desencadenó enfrentamientos entre comunidades (indígenas y campesinos) con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que dejó un muerto y varios heridos.

La víctima fue identificada como Huber Samir Camayo Fajardo, de 23 años, quien recibió un impacto en su espalda, al parecer por arma de fuego. Pese a que fue llevado a un hospital de Popayán, por causa de la gravedad de sus heridas murió después.

Los hechos en los que el campesino perdió la vida se registraron en la tarde del 2 de agosto.

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En su pugna, nativos piden el cese de operaciones de empresas "porque se está dejando de sembrar comida en tierras bajas por darle prioridad al cultivo de pinos liderados desde la compañía y exigen su salida de la zona".

Según las autoridades, desde el 27 de julio, algunas comunidades de Cajibío han ocupado predios de Smurfit Kappa, las cuales están “ubicadas en las zonas y dedicadas a la actividad forestal”.

“Smurfit Kappa Cartón de Colombia hace un llamado a todos los actores correspondientes para que, a través del diálogo participativo, se establezcan puntos de encuentro y confianza que propicien la convivencia pacífica, el respeto a los derechos legales y faciliten el desarrollo del territorio”, informó la empresa en un comunicado.

En la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) se señala que estos hechos se vienen registrando desde el 2014.

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“Cada tres días, algún predio privado que es fuente de ingreso y trabajo formal, ubicado en el norte del Cauca, específicamente en los municipios de Corinto, Caloto, Miranda, Padilla y Guachené, es objeto de ocupación, quema del cultivo y destrucción de infraestructura, así como de hurto de armas y vehículos de propiedad de las empresas de seguridad privada. A la fecha, son 9.808 hectáreas las afectadas”.

Y la Asociación agrega que "este grupo de personas continuamente realiza estos actos delictivos que violan los derechos humanos, ponen en riesgo la vida de los pobladores, y afectan gravemente el derecho al trabajo y la propiedad privada de los habitantes de esta región”.

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Isabella Victoria Rojas, directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca (SAG), dice que estas prácticas se tipifican en el código penal como delito de invasión de fincas o predios, perturbación y daño en bien ajeno.

“Esto ha logrado destruir predios productivos, destruyendo el aporte más importante para la paz, como son los empleos rurales y los empleos indirectos que estas actividades productivas generan”, asegura Rojas.

La directora de la SAG explica que en el centro del municipio de Cajibío están siendo atacados cultivos comerciales forestales, afectando también el bosque natural mediante prácticas como el corte e incendio de árboles.

“Siendo esto un claro atentado contra el medio ambiente, además que atentan contra el desarrollo de la libre empresa y el trabajo formal de quienes trabajan en esos cultivos forestales, afectando enormemente la estabilidad jurídica, de inversión de permanencia de la empresa privada, quienes aportan a este país desarrollo social y económico a través de la generación de empleo formal”, agrega Rojas.

Finalmente, hace un llamado para que las comunidades detengan estas acciones “que van en contra de la convivencia pacífica que anhelamos los colombianos y que afectan el desarrollo de nuestro departamento y de nuestro país. También hacemos un llamado a todas las autoridades competentes para que en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales hagan una defensa férrea al sector privado y empresarial de la región”.

Luis Cornelio Angulo, secretario de Gobierno del Cauca, asegura que se han desarrollado diferentes acciones en búsqueda de salidas de estos conflictos.

“Nos hemos sentado a dialogar con los propietarios de los predios, buscando soluciones a través del diálogo y concertación con los actores, acompañamiento de la istración municipal, desarrollo de consejos de seguridad, pero siempre reconociendo y exigiendo el respeto a la propiedad privada”, dice el funcionario.

Para la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (Acin) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la actual situación es producto de hechos que no solo son de este año y de las últimas décadas.

Según estos colectivos, los indígenas han sido blanco de presiones por parte de particulares y ahora por grupos armados organizados, movidos por el tráfico de droga y armamento en el norte del Cauca.

Indican que hay que comprender que este fenómeno es de resistencia social que viene de siglos atrás. Solo hace casi un siglo que en el país se empezaron a hacer visibles levantamientos de indígenas, entre ellas, las encabezadas por el líder Manuel Quintín Lame, en una época en la que los nativos no tenían ningún tipo de reconocimiento ni político ni jurídico.

Inclusive, el exterminio ejercido en la época de la Conquista se transformó en otro exterminio por cuenta de los armados ilegales, clamando por ser reconocidos en sus derechos, como lo dicta la Constitución de 1991. 

Reiteran que no están ocupando predios porque se les antojó hacerlo, sino porque están reclamando acciones por un proceso histórico que sigue siendo objeto de desconocimiento. 

POPAYÁN