Colombia debe entregarle informe a Unesco sobre edificio Aquarela

El Ministerio de Cultura, en representación del Gobierno colombiano, tiene plazo hasta el próximo primero de diciembre para presentar un informe a la Unesco sobre las acciones que la nación ha llevado para salvaguardar la declaratoria de patrimonio inmaterial de la humanidad que tiene Cartagena y que hoy está en peligro por cuenta del proyecto urbanístico ‘Aquarela’, que se construye a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas.

“Pese a que Cartagena hoy no se encuentra en la lista de ciudades en riesgo de perder su declaratoria patrimonial, de no llevar a cabo acciones para protegerla, sí podría ingresar en esta lista en la próxima cumbre mundial del patrimonio que la Unesco celebrará en junio del 2019, y posteriormente podría perder dicha declaratoria”, le dijo a EL TIEMPO Alberto Escovar, director de patrimonio del Ministerio de Cultura.

Los constructores del polémico proyecto multifamiliar Aquarela están solicitando que se revoquen las medidas cautelares decretadas a las licencias y la obra; sin embargo, el Juez Décimo de Circuito de Cartagena y el Tribunal istrativo de Bolívar negaron un recurso de tutela elevado por el megaproyecto de vivienda.

El proyecto multifamiliar Aquarela plantea el levantamiento de 5 torres con 31 y 32 pisos en el barrio Torices a una cuadra del Castillo de San Felipe de Barajas.

Sobre el polémico proyecto hoy pesan varios procesos, una acción popular elevada por el Ministerio de Cultura y la Procuraduría General de la Nación; una demanda contra los constructores, el curador urbano y otras autoridades locales elevada por la Fiscalía General de la Nación, y una orden de sellamiento indefinido que ordenó el Distrito de Cartagena.

La Procuraduría, el pasado14 de agosto, solicitó al Consejo de Estado, fallar en segunda instancia y rechazar por improcedente la tutela elevada por los constructores.

El Ministerio de Cultura y La Procuraduría han señalado que por los volúmenes y alturas, más allá de los cánones autorizados, la obra supone un impacto a la visual del Castillo San Felipe, fuerte reconocido como Monumento Nacional, y epicentro de la declaración de Cartagena como Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco.

“Ver y apreciar el Castillo de San Felipe desde su ángulo norte podría pasar a ser un privilegio de pocos, gracias al megaproyecto de apartamentos Aquarela. Un privilegio que por derecho pertenece a todos y cada uno de los colombianos y que hoy se ve amenazado”, señala la Fundación Centro Histórico de Cartagena.

La última palabra, sobre si debe ser demolida la torre que ya está en pie de Aquarela y si todo el proyecto debe ser cancelado, la tiene un juez de Cartagena.

La obra hoy permanece suspendida y el Tribunal istrativo de Bolívar encontró otras “razones de mayor peso” para mantener las medidas cautelares adoptadas por el juez de primera instancia.

Entre ellas están “las inconsistencias en la identificación del predio”, dice el alto Tribunal.

Según esto, el curador urbano número uno de Cartagena, Ronald Llamas, que otorgó las licencias al polémico proyecto “no cumplió con su deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del predio sobre el cual se construye el proyecto Aquarela, aspecto fundamental para otorgar las licencias urbanísticas”, agrega el alto Tribunal de Bolívar.

En la intervención dirigida al Consejo de Estado, la Procuraduría argumenta que en esta etapa procesal se infiere una posible violación tanto a las normas urbanísticas (POT) como a las que protegen al Castillo San Felipe, en la medida que el proyecto Aquarela está ubicado en un barrio que pertenece a la periferia histórica, y por tanto requería de un análisis riguroso del Curador sobre la viabilidad del proyecto en relación con la altura máxima permitida y los usos del suelo permitidos, previo a otorgar las licencias urbanísticas. Análisis que, según la Procuraduría, nunca llevó a cabo el funcionario.

El Tribunal istrativo de Bolívar encontró otra razón adicional para mantener las medidas cautelares: “el posible desconocimiento del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena”. En ese sentido, la Procuraduría es enfática al explicar que el crecimiento urbano y los proyectos inmobiliarios no pueden prosperar sacrificando el patrimonio cultural de la Nación y “en ese sentido la violación del POT es palmaria”.

La Procuraduría considera que el informe final elaborado por la Unesco en abril de 2018 “constituye una prueba documental pertinente, conducente y de suficiente relevancia jurídica para probar los hechos y pretensiones de la demanda” que interpuso el Ministerio de Cultura para salvar el patrimonio colectivo de los colombianos.

En un comunicado de nueve puntos enviado a este diario por la compañía Promotora Calle 47 S.A.S., a cargo del proyecto Aquarela, la constructora afirma que está adelantando las gestiones para demostrar que las obras se están ejecutando bajo el cumplimiento de todos los requisitos legales. 

Entre otras cosas, informa que el Consejo de Estado tiene pendiente resolver una acción de tutela interpuesta contra el Juzgado Décimo istrativo de Cartagena y el Tribunal istrativo de Bolívar que emitieron las medidas cautelares con las que les fueron suspendidas las licencias. 

"Como ha sido constatado por las autoridades pertinentes, la manzana 186 en donde se construye el proyecto Aquarela, no hace parte de la zona de influencia y/o periférica histórica del Castillo de San Felipe. Tampoco hace parte de las áreas de influencia del Centro Histórico, ni de bienes del Patrimonio Histórico", señala el comunicado. 

Además indica que el informe realizado por la Unesco en abril pasado no fue concluyente sobre las afectaciones de los conos visuales de las construcciones patrimoniales a partir del edificio Aquarela. 

En el mismo documento, la constructora insiste en que las licencias de construcción fueron expedidas bajo las normas urbanísticas que contempla el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena. Y en ese sentido, hacen énfasis en que: "El otorgamiento de licencias urbanísticas implica la adquisición de derechos de construcción y desarrollo en cabeza de su titular, los cuales deben ser protegidos y reconocidos por los jueces de la República, máxime cuando para su expedición se cumplió a cabalidad con los trámites y normas aplicables al predio".

Agregan que "entender lo contrario implicaría el desconocimiento de los principios de legalidad, confianza legítima y seguridad jurídica".

CARTAGENA