La persecución a un juez de La Guajira que delinque clandestino

Contra el togado hay cinco procesos por proteger a criminales como la hermana de 'alias Otoniel'

La Fiscalía asegura tener un anónimo que dice que el juez recibió cerca de 500 millones pesos para conceder esa libertad. Foto: Policía Nacional

PERIODISTA20.01.2021 10:14 Actualizado: 20.01.2021 11:08

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Con un cartel es buscado por la Policía el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Maicao, Guajira, Vladimir Ernesto Daza Hernández.

El togado es prófugo de la justicia, luego de que un juez le dictara su medida de aseguramiento inmediata en centro carcelario, tras ser investigado por cinco presuntos casos de corrupción judicial.

Daza Hernández deberá responder por los cargos de abuso de la función publica y prevaricato por acción agravado. Cargos que no fueron aceptados por el imputado, desde la clandestinidad, en audiencia ante un juez penal de garantías de forma virtual.

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“El funcionario judicial al parecer se atribuyó labores que no le correspondían para favorecer con sus fallos a terceros, y a pesar de que conocía una orden de captura en su contra presuntamente continuó desde la clandestinidad ejerciendo su cargo”, indicó el fiscal del caso.

Según la Fiscalía, Vladimir Ernesto Daza Hernández se encuentra prófugo de la justicia desde noviembre de 2020, momento en que se le libró su orden de captura.

No obstante, el funcionario mostró desinterés de someterse a la istración de justicia, pese a que un hermano había indicado que se entregaría.

Daza, al parecer, aprovechó las medidas adoptadas por la propagación de la pandemia Covid-19, para evadir la medida de aseguramiento impuesta.

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...dejó sin efectos fallo de tutela de un juzgado en Medellín y otro en Bogotá que negaron libertad condicional a vinculada con organizaciones criminales

Es por ello que un juez de garantías estableció que Daza Hernández estaría delinquiendo y por eso impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario y dictó una nueva orden de captura en su contra.

Además, se determinó la separación del cargo al procesado y, para tal fin, fue enviado oficio al Consejo Superior de la Judicatura notificando la situación.

En 2018 este juez ya había sido vinculado a una investigación por otras denuncias de posible corrupción. En ese proceso fue cobijado con medidas restrictivas de movilidad, pero durante dos meses huyó de la justicia para evadir ser capturado.

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se atribuyó labores que no le correspondían para favorecer con fallos a terceros, y a pesar de que conocía orden de captura presuntamente continuó desde la clandestinidad ejerciendo su cargo

Cinco procesos en su contra

Son cinco los procesos en los que es investigado Vladimir Ernesto Daza Hernández. Entre ellos, por presuntamente actuar contrario a la ley asumiendo competencias que no eran de su cargo y en algunos casos, al parecer, sustituyó funciones de superiores jerárquicos.

Uno de ellos, y el más sonado, son los señalamientos por parte de la Fiscalía de "vender decisiones judiciales y ordenar la libertad de Nini Johana Úsuga, hermana de Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, condenada a nueve años y dos meses de cárcel por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y fabricación y porte de arma de fuego".

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...vender decisiones judiciales y ordenar la libertad de Nini Johana Úsuga, hermana de Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, condenada a nueve años y dos meses de cárcel

“En contravía a la ley habría asumido competencia para dejar sin efectos el fallo de tutela de un juzgado en Medellín y otro en Bogotá́ que negaron la libertad condicional para una mujer vinculada con organizaciones criminales. Con su decisión ordenó su libertad”, señaló el ente acusador.

La Fiscalía asegura tener un anónimo que dice que el juez recibió cerca de 500 millones pesos para conceder esa libertad.

Otro de los casos data de diciembre de 2019 cuando dejó sin efectos medidas cautelares, expedidas por el Tribunal Superior de La Guajira, que impedían la posesión del alcalde electo de Manaure, Juan José Robles Julio.

En enero de 2020 Daza Hernández. sustituyó la medida de aseguramiento a cuatro personas, aun cuando el proceso judicial era de San Andrés Islas y la audiencia se realizó sin presencia de la Fiscalía. En esa oportunidad sustentó que los privados de la libertad eran padres cabeza de familia, calidad que no fue justificada.