Despojo de tierras: condenados notario y ex gerente del fondo ganadero de Córdoba

Las AUC se habrían aliado con estos funcionarios para legalizar tierras abandonadas.

Despojo de tierras en Córdoba. Foto: Cortesía Juan A. Negrete

18.12.2023 10:47 Actualizado: 18.12.2023 11:06

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El notario tercero de Montería, un ex gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y otros tres funcionarios fueron condenados a 20 años de cárcel por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, por presuntamente haber participado del despojo de tierras en varias zonas rurales de este departamento.

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Se trata del notario Miguel Francisco Puche Yánez, de 71 años de edad, del ex gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Carlos Enrique Sotomayor Hodeg, de 57 años de edad y de Lía del Carmen Hurtado López, ex notaria de San Pedro de Urabá (Antioquia), de 61 años de edad, pero natural de Montería.

Fueron cobijados además con la misma medida, María Inés Cadavid Restrepo, abogada de 71 años de edad, también de Montería y Orlando Enrique Fuentes Hessen, el único que fue condenado a 16 años de prisión.

De igual manera Orlando Fuentes deberá pagar una multa de 500 salarios mínimos mensuales legales para el año 1998 y de 1.999 salarios para el año 2023.

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El notario de Montería, el presidente del Fondo Ganadero de Córdoba, la ex notoria de San Pedro de Urabá y la abogada María Inés Restrepo fueron condenador por los delitos de, lavado de activos, destrucción y apropiación de bienes protegidos y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil en calidad de coautor.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia los condenó a 20 años y 6 meses de cárcel y además deberán pagar una multa de 31.750 y 22.512 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2021 respectivamente y 2.623 salarios correspondientes al año 2023.

L a sentencia indica así mismo que no podrán ejercer cargos públicos durante los próximos 20 años.

Los hechos

Los casos por los que fueron condenados tuvieron su origen en la vereda Tulapas, en jurisdicción del corregimiento de San José de Mulatos, en el municipio de Turbo, Antioquia. De igual manera en los municipios de Necoclí y San Pedro de Urabá.

El relato del caso indica que para los años 1994 a 1997 cuando las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- y las ACCU iniciaron su proceso en esta zona de Antioquia y de Córdoba, se registraron desplazamientos forzados, homicidios, amenazas, apropiación y destrucción de bienes protegidos por el DIH.

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El informe dice que cuando se presentaron los desplazamientos y con las tierras abandonadas, las AUC se aliaron con empresarios, funcionarios del Fondo Ganadero de Córdoba, notarios y otros empleados para obligar a las familias a vender sus propiedades por un pago mínimo, pero con un negocio legalizado.

El Juzgado indica en su sentencia, que los implicados en el caso deberán pagar su condena en un centro carcelario y en ningún momento recibirán el beneficio de detención domiciliaria.

El tribunal encargado del caso envió copia a las entidades correspondientes, al igual que a los procesados indicando que contra la sentencia procede el recurso de apelación.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

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