Disputa política entre gobernador y diputados tiene frenada la inversión pública en Magdalena

La pugna entre el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, y un grupo de diputados de la Asamblea Departamental ha escalado hasta convertirse en un bloqueo institucional que amenaza la ejecución de más de 50 proyectos de inversión social e infraestructura.

(Además: Feminicidio en Barranquilla: familiares de mujer asesinada aseguran que autoridades no la escucharon)

Mientras tanto, en los municipios del departamento, las necesidades de la población siguen sin respuesta, atrapadas en el fuego cruzado de una disputa política.

Martínez, visiblemente molesto, no dudó en señalar a siete diputados como los responsables de impedir el avance de su gestión, acusándolos de ejercer una oposición “nociva para el bienestar del pueblo” y de buscar beneficios personales antes que el progreso del Magdalena.

“Aquí servimos a los intereses del pueblo, no a los intereses de unos pocos. No nos vamos a doblegar a sus exigencias y deseos de burocracia”, enfatizó el mandatario, asegurando que el verdadero motivo del bloqueo es la negativa de su istración a conceder cuotas en hospitales y cargos públicos, como presuntamente se hacía en istraciones anteriores.

La discusión central gira en torno a la aprobación de una adición presupuestal de 427 mil millones de pesos, de los cuales 292 mil millones están destinados a inversión social. Sin embargo, estos recursos no pueden ser utilizados sin el aval de la Asamblea, que hasta el momento no ha dado trámite a la solicitud del gobernador.

La presidenta provisional de la Asamblea, Ángela Cedeño, respondió con firmeza a los señalamientos de Martínez, asegurando que la istración departamental tuvo la oportunidad de convocar a sesiones extraordinarias en enero y febrero, pero no lo hizo.

“El gobernador y su grupo político siempre acostumbran a hacer señalamientos infundados e irrespetuosos. Quiere ejercer presión sobre nosotros para que le concedamos sus proyectos e iniciativas”, dijo Cedeño.

Además, la diputada explicó que el proyecto de ordenanza fue presentado con un error en el nombre del presidente de la Asamblea, lo que generó retrasos en su estudio. Aun así, aseguró que, tras recibir las correcciones hace cinco días, ya se encuentra en análisis para su posterior envío a la comisión pertinente.

El conflicto dentro de la Duma no se limita solo a la discusión sobre el presupuesto. La Asamblea enfrenta una crisis interna tras la suspensión de su mesa directiva por orden del Tribunal istrativo del Magdalena, lo que ha generado disputas entre los diputados sobre la legalidad de sus actuaciones.

El diputado Yohan Pinedo, respalda las acusaciones de Martínez y denunció que la mesa directiva actúa de manera irregular con el objetivo de concentrar poder y acceder a contratos.

“El proyecto lo tienen engavetado. Estas tres diputadas que la conforman vienen realizando todo tipo de actos istrativos irregulares, pero cuando se trata de algo tan importante para el Magdalena, se niegan a moverlo”, afirmó.

Pinedo también criticó la falta de voluntad de algunos diputados para destrabar el debate. “Aquí se está fregando es al pueblo. Son recursos que están disponibles y que no se pueden ejecutar por intereses políticos”, sentenció.

Por su parte, Cedeño respondió a las acusaciones haciendo un llamado al gobernador para que logre consenso con los seis diputados que asegura pertenecen a su coalición, quienes, según ella, han entorpecido el trámite al desconocer la mesa directiva.

“Señor gobernador, póngase de acuerdo con sus diputados. No sigan torpedeando el proyecto advirtiendo ilegalidades. O esperamos a que el Tribunal del Magdalena falle de fondo las demandas en curso para tramitar sus iniciativas”, puntualizó.

La disputa política no ha pasado desapercibida para analistas y expertos. El politólogo Samuel Ortega advierte que este tipo de enfrentamientos perjudica directamente a los ciudadanos. “Mientras los políticos se pelean por el control de la Asamblea, las comunidades siguen esperando inversiones urgentes en infraestructura, salud y educación. Esto demuestra que el interés público está quedando relegado por las disputas de poder”, explicó.

En los municipios más afectados por la pobreza y la falta de oportunidades, la preocupación es latente. Líderes comunales han manifestado su indignación por la falta de ejecución de proyectos, lo que se traduce en vías en mal estado, hospitales sin insumos, colegios en precarias condiciones y programas sociales paralizados.

(Lea: El drama que viven los colombianos para reclamar medicamentos de urgencia: Cali, la ciudad más crítica)

A la medida que la crisis política continúa, el reloj sigue corriendo en contra de los ciudadanos del Magdalena. La incertidumbre sobre el futuro de los recursos públicos se mantiene y, por ahora, la única certeza es que la inversión sigue estancada, atrapada en una lucha de poder que deja a los más necesitados como los grandes perdedores.