El consorcio Promotora Calle 47, a cargo de la obra de la polémica torre Aquarela ubicada cerca del Castillo De San Felipe, en Cartagena, se pronunció este lunes a raíz de la publicación en EL TIEMPO de una entrevista de María Isabel Rueda, en la cual el historiador cartagenero Rodolfo Segovia se refiere a la posible demolición de la construcción, dirigida por la alcaldía de la ciudad.
En nota anexa a la entrevista, el alcalde de la ciudad, Pedrito Pereira, confirma que se están adelantando los estudios necesarios para la demolición de la torre, dado que el constructor no restituyó el espacio público antes del 26 de diciembre de 2018, plazo fijado para ello. "Al no hacerlo, pasa a manos de nosotros ese proceso", explica el mandatario.
Sin embargo, la demolición de esta torre no es legalmente posible hoy, según el consorcio Promotora Calle 47.
Un poco de contexto para entender lo dicho: el proyecto Aquarela contempla la construcción de cuatro torres que exceden los 20 pisos de altura, lo que amenaza el título de patrimonio de la humanidad concedido por la Unesco a la ciudad en 1984.
Los trabajos en la torre 1 (de la que se ven ya 25 pisos) están paralizados desde octubre de 2017 debido a una medida cautelar fruto de una acción popular del Ministerio de Cultura contra el Distrito de Cartagena y la Promotora Calle 47.
Según el historiador Segovia, los responsables del proyecto “aprovecharon legítimamente todas las instancias que tuvieron (para seguir con la construcción). Pero el alcalde le ordenó al constructor demoler y le dio un plazo de 30 días. Si no lo hace, lo hará la ciudad, pero les cobrará a los constructores más de 3.000 millones de pesos por la implosión”.
Ante esto, Gilma Úsuga, asesora de la Promotora Calle 47, afirmó que “no se trata de una controversia entre los constructores del proyecto Aquarela y el Distrito de Cartagena. Es un caso que enfrenta al Ministerio de Cultura (parte demandante) con la Promotora Calle 47 S.A.S y el Distrito de Cartagena (partes demandadas)”.
Para Úsuga, “ni la constructora ni el Distrito pueden intervenir la obra, ya que esta se encuentra sellada bajo medida cautelar, dada la acción popular”. Por tal razón, dice, el plazo de 30 días para la implosión no podría cumplirse.
Úsuga agrega que “no es viable que el Distrito –como lo anuncia el alcalde Pereira– pueda adelantar la demolición de la torre 1. Al menos no mientras esté vigente la medida cautelar que mantiene sellada la obra”.
EL TIEMPO