Víctimas del desplazamiento en Valle del Cauca reconstruyen sus vidas con programas de justicia social

Más de 194 mil víctimas de desplazamiento forzado hacen parte de los programas para construcción de la justicia social que implementa Prosperidad Social en el Valle del Cauca.

Así lo indicó el director de la entidad, Gustavo Bolívar, quien señaló que en este departamento el mayor número de población víctima atendida por la entidad está vinculada a Renta Ciudadana: 115.838 víctimas recibieron el año pasado acompañamiento de este programa, que está en el centro del sistema de transferencias creado por el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida.

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Los otros programas de transferencias también tuvieron población víctima priorizada: Colombia Mayor, 23.775 personas; Devolución del IVA, 46.447; y Renta Joven, 8.511.

Bolívar insiste en que los programas sociales deben fortalecer a la población y el tejido social que han construido para que dejen que depender de las ayudas al Estado. En esa línea, Prosperidad Social participa en la formulación del El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) de Soluciones Duraderas, que busca contribuir a la garantía de derechos y transformación de proyectos de vida de la población víctima de desplazamiento forzado.

“Desde el 2024, estamos trabajando muy de la mano con la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación en la construcción de este Conpes, en tres focos de intervención: articulación y coordinación interinstitucional; aplicación efectiva de los principios de concurrencia y complementariedad para la articulación entre la nación y los territorios; y adecuación institucional y de oferta programática para prestar servicios sociales adecuados que fortalezcan las capacidades de la población y contribuyan a la cohesión social”, informó Bolívar.

El objetivo del Conpes es mejorar los procesos de articulación y coordinación interinstitucional, para avanzar en la estabilización socioeconómica de la población víctima de desplazamiento, y prestar servicios sociales pertinentes, que brinden respuestas sostenibles y que atiendan efectivamente las vulnerabilidades derivadas del desplazamiento.

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Según la más reciente medición del Dane, en 2023, la incidencia de la pobreza monetaria para la población víctima de desplazamiento forzado fue de fue 47,2 %. Son cuatro puntos porcentuales menos que en 2022, pero casi 14 p.p. (punto porcentual) más con respecto a la incidencia nacional (fue de 33 % en 2023). Son cifras que demuestran que la situación de desigualdad del país es peor para las víctimas del conflicto. La pobreza extrema para la población víctima de desplazamiento fue de 17,8 % en 2023 (6,4 p.p. más que la incidencia nacional).

De acuerdo con los datos recopilados por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (ONU), en los dos primeros meses de 2025 se registraron 55.200 personas desplazadas y 80.200 confinadas, lo que representa un incremento del 462 % en los desplazamientos masivos en comparación con el mismo período de 2024.

Según el informe, el 26 % de los desplazados y confinados son menores, lo que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado y otras formas de violencia contra la infancia.

Las mujeres, por su parte, representan el 24% de las personas afectadas, muchas de ellas enfrentando riesgos de violencia de género en un contexto de inseguridad y desplazamiento. Asimismo, las comunidades indígenas y afrodescendientes, que constituyen el 14 % y el 10 % de los afectados respectivamente, han sufrido la pérdida de sus territorios ancestrales y el a recursos esenciales.

La crisis también ha tenido un impacto negativo en la educación. Al menos 47.000 niños y adolescentes han quedado sin clases debido a la suspensión de actividades escolares en las regiones afectadas, mientras que 500 docentes han sido desplazados, lo que agrava la vulnerabilidad de la infancia ante el conflicto.

Una de las zonas más afectados por este flagelo del suroccidente colombiano es Cauca, departamento ubicado entre el Valle del Cauca y Nariño, donde hasta marzo de este año, se reportaron 3600 personas desplazadas a causa de enfrentamientos entre disidencias de las Farc y la Fuerza Pública. Esto ha ocurrido principalmente en el municipio de Argelia, más precisamente en el corregimiento de El Plateado, bastión del Estado Mayor Central (EMC).