El pasado viernes 19 de noviembre, el Juzgado Tercero Penal del Circuito ordenó detención domiciliaria a Enrique Vives Caballero por la muerte de seis personas, y señaló, además, que el empresario debía ser procesado por homicidio culposo agravado.
Esta sentencia en segunda instancia le dio un giro completo al caso que de forma preliminar se abordó con una mayor rigurosidad, bajo la argumentación de que Vives Caballero habría ocasionado una tragedia vial por conducir en estado de alicoramiento y en exceso de velocidad.
En ese momento se indicó que el conductor del vehículo sería judicializado por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual y con una medida restrictiva en establecimiento carcelario.
Con base a la nueva tesis planteada por el juez tercero del circuito de Santa Marta, Jairo Villalba, lo ocurrido el pasado 13 de septiembre en el sector de Gaira, se trató de un accidente de tránsito en el que no hubo ninguna intención por parte de Enrique Vives.
Así las cosas, el empresario samario fue trasladado a su vivienda en Santa Marta, donde por el momento deberá permanecer privado de la libertad, mientras avanza el proceso en su contra.
La situación judicial podría tornarse mucho más flexible para Vives Caballero, si la Fiscalía acoge el criterio del juez Villalba y en el escrito de acusación modifica los delitos imputados.
Cabe indicar que de judicializarse a Enrique Vives por homicidio culposo agravado, solo deberá pagar entre 3 y 9 años de prisión.
Enrique Vives quedaría libre
Rodrigo Martínez, abogado de la familia Romero que perdió a dos de sus integrantes en este suceso, cree que el caso va camino a quedar archivado y que Vives en un plazo máximo de cuatro meses recuperaría su libertad por vencimiento de términos.
“Se viene un escrito de acusación que debido a la congestión de los despachos judiciales difícilmente se haría en el primer semestre del 2022. De suceder así, habrán pasado los 120 días que brinda la justicia para el juicio oral y el procesado quedaría libre”, explicó el abogado.
Acuerdo entre las familias de víctimas y Fiscalía
Martínez sostuvo que está prácticamente seguro que antes de cumplirse este tiempo habrá un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía que también beneficiaría a Enrique Vives Caballero.
“Para que haya una negociación entre las familias de las víctimas y la aseguradora, una de las exigencias es la de renunciar a la acción penal contra el empresario, de lo contrario no sería posible el desembolso de la indemnización por daños y perjuicios”, anotó Martínez.
En este escenario, no habría juicio condenatorio contra el empresario, quien podría volver a la vida normal que llevaba antes de ocurrir el siniestro vial.
En las audiencias preliminares se expuso que el vehículo siniestrado cuenta con una póliza de seguro por cuatro mil millones de pesos que serían distribuidos entre las familias de las víctimas.
De todas formas, el abogado Rodrigo Martínez considera que los seres queridos de los seis jóvenes muertos y el menor que resultó herido, no recibirán ni siquiera el 30 por ciento de la indemnización que merecen por la magnitud de lo que sucedió.
Santa Marta