Exdefensora de familia es condenada por el caso de fundación 'Peces Vivos': así fue el maltrato de menores que indignó a Ibagué

Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que la mujer omitió cumplir con sus deberes como defensora de familia, al no “adelantar de oficio las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes” pese a tener información sobre la vulneración de estos derechos. 

A pesar de las numerosas solicitudes de actuación por parte de abogados y familiares de las víctimas, Vergara Ramírez no tomó las medidas necesarias para detener las prácticas abusivas en la fundación.

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La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que llevaron a la condena de 2 años y 8 meses de prisión de la exdefensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Tolima llevó a cabo labores investigativas que demostraron que aproximadamente 40 menores con discapacidad y condiciones especiales fueron sometidos a maltratos crueles e inhumanos por parte de personas que trabajaban en la fundación.

Por su responsabilidad en estos hechos, la exdefensora fue condenada por el delito de prevaricato por omisión. Además de la pena de prisión, Vergara Ramírez deberá pagar una multa de 13,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia dictaminó que la pena deberá cumplirse en un centro carcelario.

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Esta condena subraya la importancia del cumplimiento riguroso de las funciones de los servidores públicos, especialmente aquellos encargados de la protección y el bienestar de los menores de edad. También representa una pequeña justicia en el largo caso de Peces Vivos. 

En abril de 2017, surgieron denuncias sobre maltratos a menores de edad en la fundación Peces Vivos, ubicada en Ibagué. La fundación se dedicaba a atender a niños y adolescentes con discapacidades y condiciones especiales. Las denuncias se centraron en el abuso, maltrato y tortura que los menores recibían en esta institución.

El mismo año en que se abrió la investigación, la directora, codirectora y 8 funcionarios fueron enviados a la cárcel por tortura agravada y otros cargos relacionados con el abuso de los infantes. 

La situación en la fundación también motivó una revisión de los protocolos y procedimientos dentro del ICBF y otras organizaciones encargadas del bienestar infantil, con el objetivo de prevenir futuros incidentes de maltrato y asegurar un entorno seguro y protector para todos los menores bajo su cuidado.

REDACCIÓN DE ÚLTIMAS NOTICIAS
​IVY LARRARTE ALARCÓN