Grupos ilegales vuelven a poner en jaque la seguridad en Quibdó, Chocó

A un punto de no retorno está llegando la situación de orden público que está viviendo la ciudad de Quibdó, en donde las autoridades buscan por cielo y tierra estrategias para frenar la inseguridad que tiene a la población civil en el medio.

En este municipio, conformado por 146 barrios, de acuerdo a información suministrada por la Policía Nacional, con corte al 22 de mayo, han perdido la vida de forma violenta 49 personas, siete casos más que en el mismo periodo de 2023.

Una de las últimas víctimas fue Yeider Padilla, reconocido comerciante que fue atacado a disparos cuando cerraba su establecimiento de comercio. La víctima alcanzó a ser llevada a un centro médico donde minutos después falleció.

(Puede leer: Carro bomba en Taminango, Nariño: sube a tres el número de muertos tras ataque cerca; esto se sabe)

Rafael Andrés Bolaños Pino, alcalde de Quibdó, explica que el recrudecimiento de la violencia en la capital chocoana está relacionada a disputas por el territorio y el control de las economías ilegales, especialmente el microtráfico y las extorsiones.

Esta última está tomando mucha fuerza, seguida por los hurtos, enfocados en las motocicletas, cuyas partes son vendidas ilegalmente y por las que los cacos están lesionado a sus víctimas para despojarlas de los automotores.

“Una de las actividades que nutre a estos grupos es la extorsión y la extorsión está siendo más que todo dirigida al comercio, pero también ha sido dirigida a funcionarios. La extorsión está siendo dirigida a una persona que, por ejemplo, sepan que tiene un negocio o que trabaje en una entidad y que tenga un salario, o sea, ha sido para todo el mundo”, dijo el alcalde.

La Defensoría Regional del Pueblo en Chocó, liderada por Luis Enrique Murillo, a través del monitoreo ha logrado identificar un escenario de disputa territorial urbano que está centrada en microtráfico, narcotráfico, extorsiones y cobro de exacciones económicas a comerciantes, transportadores, empresas de servicio público y privado, funcionarios públicos, sector inmobiliario y de construcción de viviendas, así como el hurto de motocicletas y venta clandestina de autopartes.

“La población civil ha sido afectada de manera considerable en sus derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, por los sistemáticos eventos de homicidios, desplazamientos forzados, enfrentamientos armados al interior de barrios, reclutamiento forzado, amenazas, extorsiones, regulación de la movilidad”, dice el defensor.

(Le puede interesar: Presidente Petro condenó atentados terroristas en Nariño y Cesar: 'A quienes eligieron el camino de la guerra les seguirá cayendo todo el peso de la ley')

Esta situación de violencia en el municipio se empezó a agravar a finales del año 2019, aumentando sistemáticamente en pandemia y pospandemia, generando una crisis en materia de seguridad que se ha sostenido e intensificado con el pasar de los años.

Precisamente para ese año fue cuando surgió el grupo llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas ‘Los Mexicanos’, quienes se disputan el control territorial y de las economías ilícitas con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que desde el 2012 comenzaron a hacer presencia en el territorio.

Aunque estos dos grupos serían los que hoy están en enfrentamientos, allí también hace presencia el Ejército de Liberación Nacional (Eln) con milicianos y otras bandas locales como ‘Los Zetas’, ‘Revolución Cabí’, ‘Locos Yam’ y ‘los Rps’.

Tres de las bandas locales están en una mesa de conversación con el Gobierno Nacional: ‘Locos Yam’, ‘los Mexicanos’ y ‘los Rps’, que “están ubicados en diferentes barrios de la ciudad, pero pues siguen delinquiendo”, agrega el alcalde.

El espacio de conversación fue instalado el 18 de agosto de 2023 con 12 voceros de los grupos en disputa y tiene a David Racero, representante a la Cámara, como miembro de la mesa de diálogo.

Según dijo durante una visita al municipio, el pasado mes de abril, las bandas sentadas en la mesa habían tomado la decisión de no agredirse mutuamente, pero hay otros actores que no están en los diálogos, lo que hace difícil la conversación de paz.

(Le recomendamos leer: Un presunto atracador en la vía Riohacha – Maicao fue arrollado cuando intentaba robar un camión: esto es lo que se sabe)

“Hay otros grupos por fuera de la mesa: ‘Los Zetas’, la presencia del ‘clan del Golfo’, presencia de células urbanas del Eln, eso obviamente hace que el proceso de conversación sea más delicado si no están todos los actores armados involucrados”, dijo Racero.

La istración de Rafael Bolaños ha comenzado a implementar una serie de medidas para hacerle frente a esta ola de violencia. Por un lado, se comenzaron a ubicar controles de la Policía y el Ejército en algunos sitios específicos de la ciudad identificados como “puntos calientes”, donde han tenido los mayores reportes de hechos delictivos.

Allí también se tomó la decisión de prohibir el parrillero hombre en el centro de la ciudad, pues han identificado que algunos de los hechos de violencia han tenido que ver con hombres como acompañantes.

“Son los hombres los que más participan, pero también hay algunas pocas mujeres que se prestan para este tipo de actos y pues también hay niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sido instrumentalizados por los grupos, que los usan, los reclutan muchas veces para este tipo de cosas”, acota Bolaños.

De ahí su llamado al Gobierno Nacional a no solamente a apoyarlos en el fortalecimiento de la capacidad de la Fuerza Pública sino en realizar una invertir social y apoyar la creación de oportunidades para la juventud en materia de empleo, educación, deporte y cultura.

En los datos del mercado laboral publicados por el DANE, durante 2023 Chocó estuvo entre los territorios con la mayor tasa de desocupación del país.

LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Periodista de Nación

Medellín