Incendios forestales asedian áreas protegidas del país

Las llamas que durante esta semana consumieron más de 3.000 hectáreas en el área protegida de La Macarena, en el Meta, no han sido las únicas emergencias registradas durante esta temporada seca que atraviesa el país.

En los cuatro parques nacionales que hacen parte del Área de Manejo Especial de La Macarena se han perdido 9.234 hectáreas de bosque, por los 1.158 eventos o incendios forestales que han ocurrido en la temporada seca, reporta Parques Nacionales de Colombia.

El parque más afectado es el Tinigua, con 4.966 hectáreas en 830 eventos; le siguen Sumapaz, con 2.397 hectáreas en 136 incendios; La Macarena, con 1.642 hectáreas en 103 quemas, y cordillera de Los Picachos, 209 hectáreas en 89 eventos.

Durante la temporada seca, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las autoridades han atendido 654 incendios de cobertura vegetal en el país, los cuales han arrasado cerca de 18.000 hectáreas.

Arauca, Casanare, Cundinamarca, Santander y Tolima son los departamentos donde se intenta sofocar las llamas, pues en varios puntos siguen activas las conflagraciones y la mayoría de los municipios donde se concentran las llamas hacen parte de áreas protegidas.

La temporada seca, que ha habido en el país este año, ha probado varios incendios en zonas forestales en Santander, las cuales han consumido más de 100 hectáreas en el departamento, destacándose dos ocurridos en áreas protegidas.

El primer incendio ocurrió el 4 de febrero en el Páramo del Almorzadero, cercano a la vereda de San Pablo, en el municipio de San Andrés, donde los bomberos, defensa Civil y campesinos voluntarios tardaron dos días para mitigar las llamas.

El 6 de febrero pasado, en horas de la madrugada, se presentó un incendio de grandes magnitudes que afectó a los sectores de Pescadero, Umpalá y Los Santos, en el Cañón del Chicamocha. "Se calcula que más de 15 hectáreas fueron consumidas por el fuego", afirmó Rafael Herrera, Teniente del cuerpo de Bomberos de Piedecuesta, quien se encontraba al mando de aquella operación.

En Norte de Santander, 30 municipios han estado en alerta por amenazas de incendios forestales durante lo que va del año. En los primeros 20 días del 2020 se presentaron cuatro incendios en los municipios de Chitagá, Toledo, Ragonvalia y Bucarasica, los cuales fueron controlados.

El lunes pasado, en inmediaciones del páramo de Almorzadero, jurisdicción de Chitagá, hubo un incendió que consumió más de 80 hectáreas de capa vegetal.

Los daños ambientales se presentaron cerca de las nacientes de agua de las lagunas El Salado, El Tambor y Comagüeta, en el corregimiento Presidente, en Chitagá.

Corponor informó que otras 30 hectáreas han sido consumidas en zona rural de Pamplona y Toledo. Defensa Civil, Bomberos y Ejército han sofocado las llamas.

En otros hechos, el pasado martes 11 de febrero, un incendio forestal devastó la capa vegetal de una montaña en el corregimiento La Y Astilleros, zona rural de El Zulia. El ecosistema afectado tiene características de bosque seco tropical.

Las autoridades todavía no han emitido alerta naranja o amarilla por las altas temperaturas presentadas en Cúcuta y el área metropolitana. Varios conatos de incendios han alarmado a los habitantes, pero han sido controlados por los organismos de socorro.

También, en el parque nacional natural Farallones, en territorio de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura, se han presentado algunas quemas sin que se hayan extendido. Lo más crítico en ese espacio está en la presión del narcotráfico y la minería ilegal. Algo similar ocurre en Sanquianga, en Nariño.

Los incendios en la capital del Valle han afectado, en particular, a los cerros tutelares. Uramba, en Bahía Málaga, no ha tenido afectaciones.

En Antioquia, este año se han notificado 309 incendios de cobertura vegetal, según lo dio a conocer el capitán René Bolívar, responsable de la Unidad de Manejo de Desastres del Departamento istrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard).

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional Cornare, uno de esos incendios se presentó en el municipio de El Retiro, cuyo foco se encuentra en cercanías del área protegida Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Miguel y del acueducto multiveredal Los Medios. Sobre este caso, la entidad dio a conocer el miércoles que se tienen indicios sobre los responsables de la quema que ocasionó esta emergencia.

En Medellín se registró ayer un incendio en el cerro El Volador, declarado parque natural regional metropolitano. Esta es una de las cinco áreas protegidas del valle de Aburrá.

Mientras tanto, pese a la alerta roja emitida por posibles incendios en la región Caribe, solo en Magdalena y Atlántico se han registrado eventos leves.

Magdalena tuvo dos conflagraciones en Vía al Parque Isla de Salamanca y Atlántico reportó un incendio forestal en la ‘muralla’, cerca de la ciénaga de Mesolandia, en Malambo.

Más allá de los incendios que se han presentado en los últimos días en algunas áreas protegidas del país, se esconde un conflicto social y ambiental de larga data.

Las autoridades han mencionado que quienes están detrás de los incendios son las disidencias de las Farc y colonos que tienen la intención de ampliar la frontera agrícola y tener ganado en áreas en las que es prohibido.

En ese contexto, se han presentado algunos hechos de los que el Gobierno Nacional ha preferido guardar silencio, al parecer, para proteger a sus funcionarios. Por ejemplo, la muerte de Yamid Silva funcionario de El Cocuy; el enfrentamiento entre disidencias de las Farc y el Ejército en el Parque Tinigua, que dejó a dos soldados muertos, y las amenazas que recibieron varios guardaparques en las últimas semanas de grupos armados no identificados.

En estas zonas conviven campesinos, guardaparques y disidencias. Mientras unos promueven la conservación otros los incendios y la deforestación. Así se ha creado un conflicto entre las partes.

Por un lado, según Carlos Pisba, presidente del sindicato Sintraparques, “muchas de las alternativas que el Estado le ofrece a las comunidades que viven y cultivan en los parques son simples promesas, y como somos los únicos representantes de Gobierno se ha creado una desconfianza que termina en malas relaciones entre el funcionario y el campesino”, explicó.

A ello se suma que los guardaparques también son blanco de amenazas del ELN y las disidencias de las Farc. En el caso del homicidio del guardaparques de El Cocuy, el responsable sería el ELN, según investigaciones de la Fiscalía.

Para tratar este tema el Ministerio de Defensa convocó a un consejo de seguridad el próximo lunes en Boyacá. Estará presente el Procurador, Fernando Carrillo; la directora de Parques, Julia Miranda y el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.

Pero eso no es todo, la presión del Ejército para atrapar a los deforestadores en parques, también está generando un conflicto mayor, según denuncia Óscar Hernández, representante legal de la Corporación Ambiental Ecoamen y líder social de La Macarena (Meta).

“Con la operación Artemisa, una estrategia militar del Gobierno para frenar la deforestación, los campesinos se sienten perseguidos y atacados. Eso hace que sigan quemando y deforestando. Por otro lado, en estos parques hay presencia de disidencias, por lo tanto siempre habrá enfrentamiento con el Ejército. Lo malo es que los campesinos y los guardaparques quedan en la mitad”, explicó.

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